El diputado gallego Néstor Rego (Bloque Nacionalista Galego-BNG) ha registrado varias iniciativas parlamentarias para frenar los bloqueos de páginas web que están llevando a cabo en España operadoras de telefonía a instancias de LaLiga, que bajo la excusa de combatir la piratería deportiva afectan también a sitios legales e independientes.
Esta ofensiva parlamentaria se suma al debate técnico-jurídico del denominado #LaLigaGate y al escrutinio creciente de medios y organizaciones defensoras del derecho a la información.
Qué está pasando con los bloqueos de webs y quién los impulsa
Desde finales de 2024 el organismo LaLiga ha venido amparándose en resoluciones judiciales para que operadoras implementen bloqueos de direcciones IP o dominios vinculados a retransmisiones no autorizadas de partidos de fútbol.
Como ya se informó en un primer artículo de Periodistas-ES sobre el tema, estas medidas tienen repercusiones muy por encima de la piratería, e inciden de modo colateral sobre plataformas, portales institucionales o webs de empresas absolutamente legales.
El fenómeno ha sido bautizado como #LaLigaGate. Entre los afectados se encuentran servicios de almacenamiento en la nube, foros, tiendas online y medios de comunicación que reportan interrupciones coincidiendo con partidos. Un análisis legal lo presentó el portal especializado en telecomunicaciones Abogados Contratos.
Por su parte, LaLiga sigue defendiendo a pesar de los hechos que su actuación está plenamente amparada por sentencia y dirigida exclusivamente contra la emisión ilegal, no contra webs legales.
La clave técnica del problema radica en que muchas direcciones IP apuntadas para bloqueo están alojadas en redes compartidas (como las de Cloudflare), de modo que una única medida puede afectar múltiples webs que operan legalmente.
La iniciativa parlamentaria de Néstor Rego
En mayo de 2025, Rego y el BNG presentaron una petición al Gobierno para «poner freno a los bloqueos de webs de LaLiga y operadoras que afectan a páginas totalmente legítimas».
El diputado declaró que «el bloqueo indiscriminado por parte de LaLiga y Movistar implica una vulneración de los derechos digitales y es inaceptable en un Estado democrático».
Más recientemente, el 20 de octubre de 2025, el BNG llevó una proposición no de ley a la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso en la que exigía al Ejecutivo que adoptara medidas para garantizar que los bloqueos sean precisos, limitados y no perjudiquen webs ajenas a la piratería.
Durante el debate parlamentario, Rego presentó argumentos técnicos: «No puede ser que paguen justos por pecadores», insistió, aludiendo a la sentencia que exige que los bloqueos no pueden afectar a terceros.
La iniciativa no prosperó: la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego (BNG) fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, los votos a favor del BNG, SUMAR, EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y la abstención del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En una carta enviada por LaLiga al BNG, calificó la propuesta de «llena de inexactitudes y errores» y defendió que las medidas aplicadas son «quirúrgicas y proporcionadas». Rego calificó la misiva como «insultante» y propia de una «empresa privada que amedrenta a un partido democrático».
El impacto sobre el derecho a la información y el ecosistema digital
Afectación de webs legítimas
El mecanismo de bloqueo automático de IPs durante los partidos de LaLiga ha causado que muchas webs legales queden inaccesibles por periodos que van desde algunas horas hasta todo un fin de semana.
Este corte afecta tanto a medios de comunicación como a empresas, blogs, plataformas de pago y servicios digitales.
Organizaciones como la Asociación de Internautas han elevado quejas al Defensor del Pueblo señalando que estas medidas vulneran derechos fundamentales como la libertad de información y la neutralidad de la red.
Según un informe especializado, el bloqueo dinámico autorizado en diciembre de 2024 alude a la posibilidad de que LaLiga envíe listas actualizadas de IPs a operadores, y que muchas de esas IPs comparten infraestructura con servicios legítimos.
Derecho a la información y pluralismo democrático
Para profesionales del periodismo, sindicatos, ONG de derechos humanos y políticos, estos bloqueos generan alarma: la lógica esgrimida para proteger derechos de autor estaría sirviendo como paraguas para cortes masivos sin supervisión explícita. Esto plantea un riesgo para la pluralidad informativa y la accesibilidad digital.
El hecho de que una empresa privada, con respaldo judicial, pueda ordenar el corte de accesos compartidos por centenares de webs legitima el temor de que se esté estableciendo un modelo de «censura privada» que afecta al ecosistema de la información.
Cuestiones tecnológicas y reguladoras
La complejidad técnica del tema radica en que los bloqueos por IP no discriminan entre webs pirata y webs legales cuando ambas comparten infraestructura. Expertos advierten que los operadores deberían aplicar protocolos más finos —como el bloqueo de dominio vía DNS— en lugar de cortar rangos de IP.
El BNG, en su propuesta parlamentaria, abogaba precisamente por que se empleara exclusivamente «el protocolo DNS para restringir el acceso al dominio concreto que infrinja derechos» y no el bloqueo de IPs que «afectan a multitud de webs ajenas».
También piden que el Gobierno recupere un papel activo de supervisión para evitar que estas decisiones queden «en manos privadas que operan sin control ni garantías para terceros».
¿Qué pueden hacer los medios y organizaciones sociales?
Los colectivos involucrados en la defensa de la información y el acceso digital libre tienen varias vías de intervención:
- Monitorizar los bloqueos y documentar incidencias que coincidan con partidos (una práctica que ya recogen iniciativas ciudadanas).
- Formular denuncias ante organismos como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o la CNMC, como han hecho asociaciones de internautas.
- Exigir la publicación por parte del Gobierno de listas de IPs bloqueadas, criterios de selección y evaluación de daños colaterales.
- Participar en el debate legislativo para impulsar una ley de derechos digitales que articule garantías frente a cortes masivos y proteja el pluralismo.
- Colaborar con medios especializados para visibilizar los casos de bloqueo que afectan a la prensa, las ONGs y los ciudadanos.
Conclusión
El asunto de los bloqueos de webs por LaLiga y las operadoras deja de ser únicamente una cuestión deportiva o de propiedad intelectual para convertirse en un reto democrático y tecnológico.
La iniciativa liderada por Néstor Rego ejemplifica cómo el Parlamento puede actuar como contrapeso ante prácticas que inciden de modo masivo sobre derechos de la ciudadanía, aunque la falta de consenso parlamentario muestra lo difícil que resulta contener estos mecanismos en la práctica.
Para los profesionales del periodismo, organizaciones sociales, sindicatos y partidos, el mensaje es claro: defender el derecho a la información también pasa por vigilar y cuestionar los procedimientos de bloqueo digital que, bajo apariencia legal, pueden limitar el acceso, la pluralidad y el control público sobre la red.
La transparencia, la proporcionalidad y la rendición de cuentas deben situarse en el centre de esta batalla digital que ya no es opcional.
