Chile puede modificar su historia y convertirse este mismo año en un país diverso y multicolor con un Estado Plurinacional e Intercultural que reconozca y promueva el desarrollo de los pueblos originarios que habitaron su territorio antes de la conquista española, informa Orlando Milesi (IPS) desde Santiago.
Por 112 votos a favor y 32 en contra, la Convención Constitucional aprobó una propuesta con esa definición. La iniciativa ya es parte del borrador de la Constitución que se propondrá a los chilenos en agosto o septiembre para su rechazo o aprobación en un referéndum.
La Convención debate y redacta la primera Constitución chilena fruto del trabajo de 155 constituyentes electos por votación popular en octubre de 2020 y que comenzaron sus tareas el 4 de julio de 2021, con una composición paritaria de hombres y mujeres y con diecisiete miembros de pueblos originarios. Su labor puede extenderse hasta el 4 de julio.
En el último censo del país, de 2017, fueron 2,18 millones de chilenos quienes dijeron pertenecer a un pueblo originario.
Ello significó que 12,8 por ciento de los 17,07 millones de habitantes que tenía Chile entonces (hoy son 19,4 millones) se reconocían pertenecientes uno de los pueblos indígenas que se distribuyen por el alargado territorio de este país sudamericano: el mapuche, el más numeroso, seguido del aymara, rapa nui, diaguita, atacameño, quechua, colla, kawesqar y yagan.
Domingo Namuncura, mapuche, trabajador social y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, afirmó a IPS que «estamos frente a un hecho histórico muy relevante. La declaración de Estado Plurinacional siempre ha sido un sueño en los pueblos indígenas de Chile».
La Convención fue la respuesta a una insurrección popular a lo largo de 2019, cuya represión ensombreció el segundo gobierno del derechista Sebastián Piñera, un empresario que ya había gobernado el país entre 2010 y 2014, y que será sucedido desde el 11 de marzo por el izquierdista Gabriel Boric, ganador de las elecciones de diciembre.
Hasta ahora, Chile se ha regido desde 1980 por la Constitución impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quien impulsó con un entramado de normas un régimen neoliberal en lo económico y vertical y autoritario en lo político, que los gobiernos democráticos no lograron desmontar sino parcialmente desde 1990.
El resultado es un país con una dinámica economía exportadora de rubros mineros y agrícolas, pero con una de las sociedades más desiguales del mundo, lo que estuvo en la base del estallido del 2019, así como el incumplimiento de promesas de cambios, como una nueva Constitución, la reforma del sistema educativo o mejoras en los derechos sociales.
Las razones de los constituyentes
Ninguna Constitución chilena anterior menciona a los indígenas ni a sus derechos, como sí hacen otras constituciones latinoamericanas surgidas en diferentes procesos desde 1980. El único precedente de declaratoria de Estado Plurinacional es el del vecino Bolivia, que lo hizo en la Constitución de 2009.
«La Constitución actual chilena y las anteriores no hacen referencia a la palabra indio, nativo, infieles, pueblos indígenas, pueblos originarios. Nada. En la Constitución están borrados porque fueron invisibilizados social, cultural, económica, política y militarmente», sostuvo Namuncura.
Adolfo Millabur, primer alcalde mapuche de Chile, elegido en 1996 en la sureña comuna de Tirúa, renunció al cargo para ser constituyente por escaño reservado de su pueblo. Sostiene que «si Chile se transforma y define como Estado plurinacional lo que cambia es la vocación de la democracia».
«Al reconocer a los pueblos preexistentes a la formación del Estado chileno se da valor a un actor colectivo. Debieran comenzar a establecerse formas de relación distintas, especialmente en el ámbito de la definición y la participación política», dijo a IPS.
La abogada Tiare Aguilera, constituyente del pueblo rapa nui, cree que «lo más importante es llegar al plebiscito con un ciudadano informado de la plurinacionalidad y sus implicancias».
A su juicio, es necesario «que dimensionemos que mediante la plurinacionalidad, nuestro país podrá, finalmente, avanzar en reparación para con los pueblos de Chile».
«Hay mucho desconocimiento desde la ciudadanía. En la medida que informemos y eduquemos correctamente sus significados e implicancias, consideramos que serán bien evaluados», los cambios en la definición del Estado, comentó a IPS.
Para el constituyente Jaime Bassa, quien fue vicepresidente de la Convención hasta enero, «las propuestas normativas aprobadas en comisiones y en el pleno sobre plurinacionalidad, nos hablan de sentido de realidad, de aceptarnos en legítima diversidad y convivencia, de reconocer nuestras raíces históricas, de valorarnos desde la identidad cultural que nos compone».
«En experiencias comparadas lo plurinacional y plurilingüe ha impregnado interesantes cambios culturales que han propiciado alternativas de desarrollo innovadoras y sostenibles», comentó a IPS
A su juicio, «el modelo de crecimiento y desarrollo al que se avance en el marco del proceso constituyente en marcha, debería propiciar la ética y la solidaridad inter territorial, el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad, como ejes de igualdad política, para garantizar contextos colaborativos, resilientes, de respeto de derechos que nos permitan ampliar y profundizar nuestra democracia».
Bassa indicó que en la Convención «se trabaja en una propuesta de un poder legislativo paritario, plurinacional y descentralizado, que habilite espacios de representación territorial, que concurran al proceso de formación de la ley representando efectivamente a los pueblos reunidos y naciones que coexisten al interior del Estado».
La norma aprobada el 17 de febrero define que «Chile es un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado».
Según Namuncura, quien fue el primer mapuche que ejerció como embajador del país, en Guatemala, «Chile ha sido siempre plurinacional porque está constituido sobre la base de distintas poblaciones originarias que ya estaban en este territorio y que se sumaron como pueblos o naciones originarias, a la fuerza o no, a la construcción entonces del Estado nacional».
«Desde la cultura azteca, maya, incas, mapuche, antes de la llegada de los españoles, América ya era un continente plurinacional poblado por más de mil doscientas nacionalidades indígenas que se constituyeron hace muchos siglos», recordó.
La Convención debate también otras normas para pueblos originarios como tribunales de justicia propios coordinados con el sistema nacional de justicia, un parlamento con representación indígena y un régimen para recursos naturales ubicados en sus territorios.
El liderazgo empresarial en contra
Este proceso genera enorme preocupación en los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cuya directiva, encabezada por Juan Sutil, se reunió sucesivamente con la presidenta de la Convención hasta enero, la mapuche Elisa Loncón, y con su sucesora, María Elisa Quinteros.
La CPC impulsó numerosas Iniciativas Populares de Norma para incluir sus posiciones en el debate. Invitó a todos a respaldar esas iniciativas «que defienden los valores de la libertad de pensamiento, el libre emprendimiento», entre otros, para alcanzar «una democracia robusta» con colaboración público-privada.
La CPC reunió 507.852 firmas y logró incluir dieciséis Iniciativas con sus puntos de vista frente al proceso constituyente. Tres de ellas ya fueron rechazadas: «Emprende Libre», «Modelo económico, libertad de emprender y fomento a la mipymes», y «Agua para Todos». Aún se tramita una más: «Por una minería sustentable para Chile».
Los dirigentes empresariales han subido el tono de su oposición a la Convención a la que acusan de distanciarse del Chile real y del trabajo por una Constitución para todos.
«Me preocupa que se esté redactando una Constitución que no está generando los equilibrios adecuados y no está siendo una Constitución que esté recogiendo toda la sensibilidades de todos los chilenos», afirmó Sutil.
Esas sensibilidades, dijo, son especialmente de «un sector de minoría, que podría ser la centro derecha, la derecha e incluso gente de centro dentro de la propia Convención que no está siendo en lo absoluto considerado», declaró a una radio local.
«Chile es mucho más de lo que es la Convención Constitucional. La correlación de fuerzas es muy distinta en el Chile real a lo que ocurre en la Convención», añadió.
Según Sutil, las críticas a la Convención son generalizadas y «eso es malo no solo porque pone en riesgo el proceso, sino que pone en riesgo el futuro del país del punto de vista institucional, del punto de vista de su desarrollo y crecimiento».
Las compañías forestales poseen aproximadamente 1,9 millones de hectáreas en una macrozona del sur, a lo largo de tres de las regiones del país. Parte importante de esas hectáreas son tierras ancestrales.
El antecedente de una comisión de la verdad
La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, creada por el entonces presidente Ricardo Lagos el 2001 e integrada por veinticuatro miembros de representación transversal, recordó que 500.000 hectáreas fueron adjudicadas a indígenas entre 1884 y 1929. Lo comprobó tras revisar 413 títulos entregados entre aquellos años.
El propósito de esa Comisión fue «corregir la invisibilidad histórica de esos pueblos (originarios), reconocer su identidad, reparar el daño que les fue infringido y contribuir a la preservación de su cultura».
En su informe final, el 2003, la Comisión propuso un centenar de medidas. En el ámbito tierras, pidió proteger las pertenecientes a indígenas, demarcar y titular las que demuestran propiedad ancestral y establecer un mecanismo de reclamación de tierras.
En cuanto a los recursos naturales, propuso reconocer a los indígenas el derecho de propiedad, utilización, administración y beneficio, el derecho preferencial en concesiones del Estado y el derecho de uso, gestión y conservación.
Namuncura cree que una tarea a futuro será «lograr un acuerdo político con las grandes compañías forestales para que una parte de esas tierras que hoy son de su propiedad, sean restituidas a los pueblos indígenas vía un compromiso político financiero que tenga un largo plazo, con posibilidades de considerar el valor de esa restitución».
La redacción ya aprobada para el primer borrador será ahora analizada por la Comisión de Armonización que velará «por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno».
La versión que surja de allí será votada por el plenario que, por dos tercios, definirá el texto que votarán en un plebiscito todos los chilenos.
