México: recomendaciones de Amnistía Internacional a López Obrador [ y 2]

La violencia de género contra las mujeres y las niñas, la situación de los defensores de derechos humanos, de los ambientalistas y de quienes defienden la tierra, así como la situación de los migrantes que atraviesan el país o piden refugio en él, también son temas que la organización de derechos humanos ha puesto sobre la mesa del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

El paquete de recomendaciones incluye, como no podía ser de otra manera, cómo resolver la situación de muchos pueblos indígenas, quienes siguen sufriendo los efectos de procesos históricos de discriminación múltiple, y con problemas de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra y otros bienes naturales. 

Además, le indica al mandatario que debe posicionar la agenda de los derechos humanos como base de la política exterior y, en consecuencia, emprender esfuerzos diplomáticos para promover su respeto en el mundo y, en especial, en las Américas.

Violencia de género en México

En México, la violencia de género contra mujeres y niñas es generalizada. La investigación de estos casos es deficiente y estos actos de violencia suelen quedar impunes. La violencia incluye los asesinatos por razones de género (feminicidios). 

El personal de las fiscalías del país no cuenta con la formación adecuada para identificar si el delito puede estar vinculado con razones de género, y con frecuencia las investigaciones se ven afectadas por prejuicios y estereotipos de género. Como respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres activó en doce estados el mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG) previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, la implementación de la AVG ha evidenciado los desafíos que enfrentan las autoridades para adoptar medidas coordinadas y efectivas para cumplir con su obligación. 

Entre dichos obstáculos se encuentran: el diseño de intervenciones generales y casi homogéneas sin tomar en cuenta los contextos locales, la ausencia de un plan de trabajo detallado de la intervención, la falta de capacidades institucionales a nivel estatal y municipal y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. 

Por lo tanto, la organización recomienda: 

• Diseñar e implementar una política pública orientada a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas incluyendo cualquier forma de discriminación.
• Realizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales, sobre los asesinatos de mujeres y niñas, asegurando que se lleve a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia, en juicios justos, y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias.
• Llevar a cabo una evaluación del impacto que ha tenido el mecanismo de Alertas de Violencia de Género y usar las conclusiones de dicha evaluación para eliminar los obstáculos que dificultan la eficacia de las AVG, estableciendo plazos específicos y razonables para el cumplimiento de cada fase, procedimientos claros para realizar el seguimiento y evaluación de las medidas, y la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil en todo el procedimiento

Defensores de DDHH en México

Amnistía también ha documentado la situación que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en México. Con frecuencia, éstas sufren amenazas, vigilancia ilegal y ataques como consecuencia de sus actividades. En los casos más extremos, pero que cada vez aumentan más, han sido asesinadas por el trabajo que realizan.

Además, la organización está particularmente preocupada por la situación de quienes se dedican a defender el territorio, el medio ambiente y aquellos derechos vinculados con el acceso a la tierra, ya que forman uno de los grupos con una particular situación de riesgo.  

En ese sentido, recomienda: 

• Implementar en consulta con las personas defensoras una política pública integral de protección, de tal modo que se tomen medidas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización y la discriminación. Por ello, se deben de adoptar campañas de reconocimiento desde los más altos niveles; tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques y amenazas, e iniciar investigaciones prontas, independientes e imparciales para presentar ante la justicia a los responsables,
• Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que brinde una protección oportuna y efectiva, asegurando que tenga los recursos necesarios y la colaboración y cooperación de autoridades federales, estatales y municipales.
• Asegurar que no se efectúa vigilancia ilegítima alguna sobre los propios defensores, sus organizaciones o sus familias, y que cualquier vigilancia de tal índole es debidamente suprimida y sancionada conforme a derecho.

Migración y refugio en México

México tiene una historia importante como país de origen y tránsito de personas migrantes, y en los últimos años se ha convertido también en destino para personas que huyen de violencia generalizada o persecución en sus países de origen, sobre todo Honduras, El Salvador, Venezuela y Guatemala. No obstante miles de personas son devueltas ilegalmente a países donde su vida corre peligro, sin que se les permita gozar de su derecho de solicitar asilo en México.

Por ello, AI recomienda:

• De conformidad con la ley mexicana, garantizar que ningún niño o niña sea separado de sus familias o sea detenido por motivos de migración. 
• Garantizar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, incluida la prohibición de la devolución, e investigar los informes de prácticas que violan dichos derechos y, si se confirman, garantizar que son objeto de la sanción correspondiente.  
• Reorientar las respuestas hacia la migración irregular, caracterizadas por una limitada visión de seguridad que fomenta la represión y la disuasión, por un enfoque basado en derechos humanos, reconociendo que las personas migrantes no son criminales. 
• Garantizar que la implementación de la política migratoria no esté a cargo de cuerpos policiales de ninguna índole, sino de oficiales capaces de identificar las necesidades de cada persona y de garantizar su acceso al procedimiento de asilo cuando haya necesidad de protección internacional. 

Pueblos indígenas en México

Muchos pueblos indígenas en México siguen sufriendo los efectos de procesos históricos de discriminación múltiple. Subsisten los problemas de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra, y a otros bienes naturales. 

El aumento de procesos de extracción de minerales, y otras empresas económicas, impactan directamente los derechos de los pueblos indígenas, en especial en relación con la tierra, el territorio y el medio ambiente. 

Por ello, recomienda:

• Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en particular su derecho al territorio, los económicos, sociales y culturales –incluido el derecho a un medio ambiente sano–, y el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
• Asegurarse de que los proyectos extractivos y de desarrollo económico, así como todas las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, cumplan con las obligaciones de México bajo la Convenio de la OIT No. 169 y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Asegurar que las empresas respeten sus derechos a través del establecimiento de un marco normativo que les obligue a tomar medidas para evitar su vulneración causada por sus actividades y a rendir cuentas y remediar cualquier abuso

Política Exterior

Amnistía valora la participación de México en diversos mecanismos regionales y universales de derechos humanos y la aportación que dicha colaboración puede tener en la situación en el país; ante ello, considera que México puede beneficiarse de la adhesión a diversas iniciativas y mecanismos.  

Por lo tanto, recomienda a las nuevas autoridades:

• Posicionar la agenda de los derechos humanos como base de la política exterior y, en consecuencia, emprender esfuerzos diplomáticos para promover su respeto en el mundo y, en especial, en las Américas.
• Establecer la apertura de México al escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos, en especial a través de la cooperación con los mecanismos y procedimientos de la ONU y la OEA.
• Dar cabal y pleno cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y a las determinaciones vinculantes de otros mecanismos internacionales sobre derechos humanos, así como también a las recomendaciones que se le formulen.
• Adherirse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y Caribe (Acuerdo de Escazú) e implementarlo internamente. 
• Adherirse prontamente, y sin formular reservas, al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e implementarlo internamente.
• Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones sin formular reservas, e implementarlo internamente.
• Adherirse prontamente y sin formular reservas al Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (1977), e implementarlo internamente. 
• Ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, e implementarlo internamente.
• Adherirse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores sin formular reservas, e implementarla internamente.
• Denunciar la ‘declaración interpretativa’ que formulara México al tiempo de ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, relativa al alcance temporal del citado instrumento.
• Reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctimas en casos de desaparición, o por otros estados parte, en virtud de los artículos 31 y 32 de la Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Amnistía Internacional considera que, de tomar debidamente en cuenta estas recomendaciones, la nueva administración podría impulsar cambios sustanciales en el país.

Enlaces:

https://periodistas-es.com/mexico-recomendaciones-de-amnistia-internacional-a-lopez-obrador-1-108254