Hace seis años y medio que fueron asesinados los periodistas bangladesíes Meherun Runi y Sagar Sarwar en Daca. Mientras sus familias esperan que se haga justicia, reina el temor en la prensa de Bangladesh, informa Stella Paul[1] (IPS) desde Hyderabad.
Runi, una periodista del canal privado ATN Bangla y su esposo, Sarwar, editor del noticiero de Maasranga, fueron golpeados hasta morir el 11 de febrero de 2012.
La ley de Seguridad Digital, aprobada el 19 de septiembre de ese año, fue muy criticada por los profesionales de la prensa, que la consideran una herramienta para amordazar a los periodistas y coartar la libertad de expresión.
El año pasado se pidió al gobierno que considerara reformar el proyecto, muy criticado, pero no lo hizo a pesar de las promesas. En cambio, lo aprobó sin cambios en la última semana de septiembre.
Uno de los artículos más preocupantes es el que permite que la policía detenga o registre a personas sin orden judicial.
Otra de las disposiciones preocupantes de la norma es la pena de catorce años de cárcel prevista para toda persona que cometa un crimen o asista a quien lo cometa mediante computadora, dispositivos digitales, redes informáticas y digitales o cualquier otro medio electrónico.
«La ley atenta contra el espíritu de la Guerra de Liberación. El periodismo independiente se verá amenazado en los próximos días», alertó Naem Nizam, editor del diario bengalí Bangladesh Pratidin, en una fuerte declaración.
«Creímos que el gobierno aceptaría nuestras sugerencias por el bien del periodismo independiente y la libertad de expresión y de pensamiento, pero no lo hizo», se lamentó.
El Consejo de Editores, conocido como Shampadak Parishad, consideró a la ley como una amenaza a la libertad de prensa y a los medios independientes del país.
Y como forma de protesta, el consejo convocó a los profesionales de la prensa y de organizaciones de medios a formar una cadena humana el 29 de septiembre en Daca.
Le ley «viola garantías constitucionales de libertad de prensa, y creará amplios perjuicios legales para los periodistas en el desempeño normal de sus actividades profesionales», reza una declaración de Steven Butler, coordinador de programa en Asia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Lo irónico es que la nueva ley surgió en respuesta a la petición de los medios de desechar el artículo 57 de la Ley de Tecnología de la Información y la Comunicación, de 2006, que arremete contra la comunicación electrónica.
El artículo estipula que publicar de forma intencional información falsa, provocativa, indecente o sensible en sitios web o cualquier plataforma electrónica que sea difamatoria o atente contra sentimientos religiosos y pueda perturbar el orden del país se castigará con un máximo de catorce años de cárcel y una multa de 12 000 dólares.
Ese artículo se usó contra Shahidul Alam, el premiado fotógrafo independiente, detenido el 5 de agosto de 2018 en su casa de Daca, acusado de incitar a la violencia mediante declaraciones provocadoras en los medios.
Desde entonces permanece detenido sin fianza, a pesar de reiteradas reclamos en los medios de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional pidiendo, que también pide su liberación.
IPS consultó a periodistas y académicos sobre el caso, pero nadie quiso hacer declaraciones a este medio.
La legisladora británica Tulip Siddiq, sobrina de la primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, le pidió a su tía que liberara a Alam porque la situación es «profundamente perturbadora y debe terminar de inmediato».
La familia de Alam organizó una manifestación en Nueva York el 27 de septiembre de 2018, cuando la primera ministra debía dirigirse a la Asamblea General de la ONU en el marco del 73 período de sesiones.
La protesta contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de prensa, y la participación del activista Kerry Kennedy, la actriz y activista Sharon Stone, y la pensadora india Gayatri Chakravorty Spivak, entre otras reconocidas figuras públicas.
«Si uno silencia a los intelectuales y a los artistas creativos, se mata la conciencia del Estado, pues es el papel de los artistas e intelectuales creativos hacer críticas constructivas para que pueda ser una verdadera democracia», observó Spivak, profesora de la Universidad de Columbia.
Por su parte, la directora de Asia de Human Rights Watch (HRW), Meenakshi Ganguly, dijo que el gobierno de Bangladesh quiere demostrar que no se salvará nadie que se atreva a criticarlo y a cuestionar sus acciones.
«Los editores de diarios deben hacer frente a cargos de sedición y difamación. Los periodistas y conductores de televisión y radio trabajan bajo presión constante de las autoridades para que contengan las críticas contra el gobierno», apuntó Ganguly.
«En tanto que fotógrafo, Alam documenta la verdad, su trabajo y su voz importan más que nunca», subrayó.
«La Ley de Seguridad Digital no es más que ‘vino viejo en botella nueva'», ejemplicó Afroja Shoma, profesora adjunta de Medios y Comunicación de Masas de la Universidad Americana Internacional, de Bangladesh.
La seguridad digital genera inseguridad
Las leyes digitales no solo ponen en riesgo la libertad de prensa en Bangladesh, sino también en varios países de Asia meridional, donde hay normas similares.
India tiene su propio «artículo 57», conocido como artículo 66A, de la Ley de Tecnología de Información de 2000.
El artículo prevé «castigos por enviar mensajes ofensivos a través de servicios de comunicación» e incluye información compartida a través de «recursos informáticos o un dispositivo de comunicación», que se sabe que es «falso, pero con el fin de causar molestias, inconvenientes, peligro, obstrucción, insultos, daños, intimidación criminal, enemistad, odio o de mala voluntad».
En marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de India lo revocó, calificándolo de «abierta, indefinida y vaga».
Sin embargo, India registró varios episodios de ataques contra profesionales de la prensa, y hasta el asesinato de los periodistas Gauri Lankesh y Shujat Bukhari. Además de la agresión contra la periodista de investigación Rana Ayyub. Pero hasta ahora no hay detenidos por ninguno de los casos.
Nepal, otro país conocido por la situación precaria de la prensa, también aprobó una ley que criminaliza el intercambio de información considerada confidencial, y lo castiga con penas de cárcel.
La norma prevé una multa de 30 000 rupias (unos 270 dólares) y hasta tres años de cárcel, explicó la CPJ, que pidió al gobierno revocar o enmendar la ley.
Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de la Prensa, Badri Sigdel, divulgó un comunicado que reza: «El NPU condena la ley con artículos que restringen la labor periodística de informar, escribir y fotografiar».
«Las restricciones atentan contra las normas y los valores democráticos e indican una inclinación hacia el autoritarismo. El NPU reclama una reforma inmediata de disposiciones inaceptables de la ley», añade.
En Pakistán, en el lugar 139 del Índice de Libertad de Prensa, en el que India ocupa el puesto 138 y Bangladesh y Nepal, el 146 y el 106 respectivamente, mataron a cinco periodistas por motivos laborales entre el 1 de mayo de 2017 y el 1 de abril de este año.
Además, según el estudio de la organización Freedom Network, también hubo:
- 11 casos de tentativa de rapto y secuestro;
- 39 detenciones ilegales y arrestos;
- 58 agresiones físicas y vandalismo;
- y 23 incidentes de amenazas verbales y escritas.
Pero ese país terminó hace poco el proyecto de ley de Protección y Bienestar de los Periodistas, en 2017, que busca garantizar la seguridad y la protección de los profesionales de la prensa.
Una vez aprobado, será la primera ley en la región que ofrezca protección física, asistencia jurídica y económica a todos los periodistas, tanto permanentes como con contrato.
- Traducción: Verónica Firme
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
