El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) se ha dirigido a las autoridades de Washington DC para que se retiren los cargos de amotinamiento y daños contra al menos tres periodistas detenidos mientras hacían la cobertura de las protestas que se produjeron en el día de la toma de posesión del presidente estadounidense, Donald Trump.
La policía detuvo en el centro de Washington, en la mañana del 20 de enero de 2017, a Evan Engel, productor senior en el sitio web de noticias Vocativ, y a Alex Rubinstein, reportero de la emisora financiada por el estado ruso RT América. La policía también detuvo a Aaron Cantu, un periodista independiente que colabora con The Baffler, el sitio web Truthout y la agencia de noticias Al-Jazeera, de acuerdo con informes de la policía revisados por el CPJ.
Los reporteros estaban entre las más de 230 personas detenidas en Washington el día 20, después de que algunos individuos prendieron fuego a un coche y se rompieron las ventanas de negocios del centro de la ciudad, de acuerdo con los informes y documentos de la policía.
«Estos cargos son claramente inapropiados, y nos preocupa que puedan enviar un mensaje escalofriante a periodistas que cubran protestas en el futuro», ha declarado Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ: «instamos a las autoridades en Washington para que retiren estos cargos inmediatamente».
Los informes policiales apuntan a que los periodistas son objeto de una acusación penal que establece penas de hasta 180 días de prisión y una multa de hasta mil dólares. Sin embargo, el texto de los cargos formalizados posteriormente se refiere también a disturbios que provoquen daños corporales o más de cinco mil dólares en daños, que pueden ser castigado con un máximo de diez años de cárcel y multas de hasta 25 mil dólares.
La portavoz de la policía Rachel Reid indicó al CPJ en un correo electrónico que no podía hacer comentarios sobre este asunto porque se ha presentado una demanda.
Sobre la acción policial, el abogado Jeffrey Light ha presentado una demanda civil en nombre de más de 50 personas detenidas el 20 de enero con el argumento de que la policía arrestó de manera indiscriminada a las personas, incluyendo abogados, médicos y periodistas que no estaban involucradas en actividades delictivas.
En una declaración firmada, la policía sostiene que vieron a un grupo de más de 300 personas, muchas de las cuales llevaban pañuelos o máscaras, destrozar la propiedad: «agentes de la División de Operaciones Especiales entraron y acordonaron el grupo», según la declaración jurada de la policía.
