El paso de seis titulares por el Ministerio de Salud de Perú en los dos últimos años evidencia la fragilidad de este sector esencial para el bienestar de la población de este país andino de 33 millones de habitantes, y que en la actualidad afronta una mortífera emergencia del dengue, informa Mariela Jara (IPS) desde Lima.
Esta enfermedad, que es transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, ha causado ya 288 muertes y un total de 216.832 casos a nivel nacional, según el reporte del jueves 27 de julio de 2023 del estatal Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
«La situación de los servicios de salud en el país es absolutamente lamentable y es un problema en los sucesivos gobiernos que hemos tenido», declaró a IPS el médico Wílder Díaz, tesorero del Colegio Médico del Perú, que entre sus misiones incluye promover una reforma del sector para garantizar el derecho a la salud y el acceso universal a la seguridad social.
Desde el comienzo del gobierno fallido del izquierdista Pedro Castillo, entre julio del 2021 y diciembre del 2022, y de su sucesora, la actual presidenta interina Dina Boluarte, se han sucedido cuatro ministros y dos ministras por la cartera de Salud.
Esa gran rotación se suma a periodos anteriores de ineficiencia en el sector, insuficiente presupuesto y mala gestión según advierte el doctor Díaz.
Expresó que, pese a que la pandemia de la COVID-19 desnudó los problemas existentes en los servicios públicos de salud, no se tomaron las medidas de corrección y hoy, frente a la presencia del dengue, todo sigue cuando no igual, peor.
La epidemia de dengue comenzó en marzo, tras el azote del ciclón Yacu –un fenómeno muy inusual en las aguas frías de las costas pacíficas peruanas, con su último precedente hace cuarenta años- en la zona norte del país, que generó lluvias torrenciales, incremento de temperatura, desborde de ríos e inundaciones en diferentes regiones.
«Vino el ciclón y las autoridades no le dieron importancia, calentó las aguas del mar del norte y de las zonas selváticas, llegaron las lluvias, las inundaciones y todas las enfermedades a la par y el gobierno, a través del Ministerio de Salud, no hizo nada. Nada para mitigar la aparición del dengue», cuestionó Díaz.
Esa inacción tuvo un gran impacto en la extensión del dengue por varios departamentos desde el norte al sur y otras áreas, lo que obligó a declarar la emergencia sanitaria en trece departamentos y 59 municipios.
«El dengue arrasó con miles de contagiados porque no funciona el primer nivel de atención, no había unidades de dengue y toda la población fue a los hospitales, los abarrotó y no había medicinas, no había camas y sucedió una catástrofe. Actuaron solo para fumigar (ya con la epidemia desatada) y matar al mosquito», lamentó el directivo del gremio médico.
El derecho a la salud, cada vez más lejos
Juan Siesquén tiene 68 años y vive en Lima desde antes de cumplir los treinta, pero toda su familia reside en su ciudad natal, Chiclayo, capital del departamento de La Libertad, en la costa del norte peruano, y ha vivido el drama de la covid y ahora del dengue.
Con dos hijos adultos que ya viven por su cuenta, reside con su esposa en el populoso distrito de Martín de Porres desde donde se desplaza diariamente a zonas capitalinas de clase media para suministrar su servicio como fabricante e instalador de cortinas.
Aún recuerda el susto con que sorteó la covid, combinando el confinamiento con salidas encubiertas para atender los pedidos que recibía por teléfono, ya que carecía de fondos para sustentarse sin trabajar. Pero lo hizo con un método cauteloso, detalló a IPS, en que evitaba el contacto físico con los clientes.
«Siete familiares míos murieron durante la pandemia, eran los tiempos en que no había vacunas, los hospitales estaban llenos y la gente se moría en su casa sin recibir atención, era horrible», recordó.
La ciudad de Chiclayo ha sido uno de los focos actuales del dengue y el drama se ha repetido. En la actualidad presenta cerca de veinte mil casos.
«Tengo primas y primos contagiados, su situación es complicada porque ellos viven en un pueblo lejos que se llama Jallanca, y es más difícil llegar a un hospital. Me estoy comunicando con ellos y me dicen que se están curando con medicinas caseras, lo prefieren a ir hasta el hospital donde no saben si les atenderán, si habrá camas o remedios», refirió Siesquén.
Para Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, la fragilidad en la oferta de servicios de salud es el resultado de un proceso de debilitamiento del sector ante una paulatina falta de respuesta eficaz del sector público a sus obligaciones como servicio público.
La Mesa es un espacio de diálogo con participación de sociedad civil y del Estado que se institucionalizó en el 2001, al comenzar el actual ciclo democrático tras el fin del régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).
En diálogo con IPS añadió factores sanitarios determinantes que impactan el derecho a la salud de las personas, como la falta de acceso al agua de calidad y a la disposición adecuada de alcantarillas y saneamiento. A ello sumó la presencia de movimientos antivacunas.
«La clave de los servicios de salud es disminuir la enfermedad que tiene que ver con el tema de higiene y de vacunas, y en eso tenemos mucho déficit», indicó.
Un solo dato: de acuerdo al estatal Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), el porcentaje de la infancia menor de 36 meses con todas sus vacunas completas solo bordeó 56 por ciento en 2022.
Corrupción y desigualdad minan la salud pública
Arnillas puso el foco en otro elemento clave para garantizar el derecho a la salud como es el primer nivel de atención, que supone una distribución de servicios de calidad en los diferentes territorios del país que contiene regiones de costa, sierra y selva, con amplias zonas rurales y de comunidades indígenas.
«Estar cerca de la población no solo facilita la vacuna sino también la atención temprana de determinadas enfermedades o de una situación de emergencia, pero allí tenemos un problema de calidad y de cobertura pues no se cuenta con el suficiente personal ni medios para que brinden una buena atención, y faltan medicinas», dijo.
También planteó abordar el derecho a la salud de manera integral para tomar en cuenta factores como el cambio climático y la seguridad alimentaria, pues si bien no se asocian al sector sí se relacionan ya que se evidencian en los niveles de anemia o desnutrición crónica.
Según la oficial Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2022 del Inei, veintidós por ciento de niñas y niños entre seis y 35 meses registró anemia, siendo el porcentaje mayor en zonas rurales (51 por ciento). La desnutrición crónica afectó a cerca de doce por ciento de menores de cinco años, donde igualmente la proporción fue mayor en el área rural, con veinticuatro por ciento, respecto a la urbana, con siete por ciento.
Arnillas mencionó también otro gran factor de inequidad: el hecho de que las personas con mayores ingresos pueden pagarse un seguro privado de salud, mientras el resto de la población depende de los servicios públicos.
«Ese es el problema en el fondo: tenemos una atención que reproduce desigualdades y que ahonda la brecha en la calidad del servicio», acotó.
En Perú el sector de salud pública está conformado por una red de hospitales y otros establecimientos en centros urbanos y rurales, de atención gratuita, a los que accede la población que cuenta con el llamado Seguro Integral de Salud, que según el Inei beneficia a 55 por ciento del total.
Dentro de una atención pública segmentada y dispersa, hay otro servicio para los sectores militares y policiales, sus familias y sus jubilados, y un tercero para los trabajadores afiliados a la seguridad social, que son veintitrés por ciento de la población, siempre según el Inei. Todos los servicios reciben críticas por su deficiencia en cobertura y calidad.
En los últimos años, tanto las infraestructuras como las plantillas de médicos y personal sanitario se han ido precarizando, especialmente en las áreas rurales, y como resultado cuando llegó la epidemia de dengue no hubo capacidad de respuesta.
La crisis en la atención pública ha hecho prosperar al sector privado de salud y su tejido de seguros para aquellos que pueden permitírselo. Actualmente abarca a diez por ciento de la población.
Panorama preocupante
Arnillas, de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, y Díaz, del Colegio Médico del Perú, coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión del sector, fortaleciendo las competencias en los gobiernos regionales, al ser estos los responsables en sus respectivos territorios.
Ello implicaría, por ejemplo, un adecuado manejo del presupuesto, el que, pese a las inmensas necesidades sin cubrir, no suele ejecutarse en su totalidad.
«Hay que intervenir en lo que es infraestructura, equipamiento, medicinas y por supuesto los recursos humanos empleando los recursos existentes con eficiencia», puntualizó Díaz en su diálogo con IPS.
Arnillas planteó la puesta en marcha de la historia clínica electrónica universal que permitiría tener un perfil epidemiológico de la población.
También demandó que la política pública mire a la salud de manera integral para prevenir que los problemas de salud se amplíen o incrementen con el aumento de la temperatura y unas lluvias copiosas, por la irrupción del Niño Global, como los especialistas definen al fenómeno climático cuando adquiere alcance planetario.
«El panorama no es alentador, pero se puede modificar si se atienden las recomendaciones. El desafío es evidentemente grande pero no es difícil, se trata más que de dinero de voluntad política», concluyó.
