La mujer que nos cita en una casa a las afueras de Biarritz (Francia) es profesora universitaria, autora de varios libros y cientos de artículos, así como una reconocida activista de los derechos humanos que, según los tribunales turcos, también puso una bomba que mató a siete personas y dejó heridas a más de 120 hace veinticinco años, en el bazar de las Especias de Estambul, informa Karlos Zurutuza (IPS) desde Biarritz (Francia).
«Hasta cuatro informes científicos, incluido el de la propia policía turca, apuntaron a una explosión de gas, pero luego se dijo que había sido una bomba, y que la había puesto yo», explica Pinar Selek, 51 años, envuelta en uno de los juicios más extraños en la historia de la judicatura turca.
«Es kafkiano», sintetiza a IPS: «la causa se apoya en la confesión de un kurdo que dijo que habíamos puesto la bomba juntos. Luego aseguró haber confesado bajo tortura, y que ni siquiera me conocía. Él está en libertad en Turquía, y yo en el exilio».
El 21 de junio de 2022, la agencia pública de noticias turca, Anadolu, informó sobre la anulación por parte del Tribunal Supremo de Turquía de la cuarta absolución de Pinar Selek. Previamente, había sido declarada inocente en otros tres procesos penales.
Pero la sentencia a cadena perpetua ya es firme e inapelable. El 6 de enero de 2023, el Tribunal de Primera Instancia de Estambul emitió una orden de arresto internacional contra ella.
Martin Pradel, abogado de Selek, apunta a un caso «puramente político» y asegura no recordar nada parecido:
«Nunca he oído de ningún otro caso que se haya alargado durante veinticinco años sin evidencias legales de ningún tipo. Y eso sin mencionar que Pinar ha sido absuelta hasta en cuatro ocasiones», explica Pradel a IPS vía telefónica desde París.
Pradel conmina al Estado francés a dar protección a Selek como ciudadana francesa. De no ser así, añade, el siguiente paso será apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Dónde están?
Nacida en el seno de una familia estambulita de militantes de izquierda, Pinar Selek ha dedicado su vida a visibilizar lo «invisible» en su país de origen: los gitanos y las mujeres, los kurdos, las prostitutas, los homosexuales, los armenios…
«¿Dónde están?», ha sido la siempre su pregunta como investigadora, y también como activista. Fue esa apuesta vital la que le llevó a prisión en 1998, tras negarse a dar a la policía la lista de contactos kurdos para uno de sus estudios sociológicos.
«Cuando se empezaron a construir las nuevas cárceles nos resistimos a que nos trasladaran. Murieron más de trescientas personas bajo ataques en los que incluso se llegó a bombardear las cárceles», recuerda Selek.
La liberaron entonces, tras más dos años de cautiverio, torturas, y una huelga de hambre en la que, dice, murieron decenas de encarcelados. De vuelta en la calle, fue una las fundadoras de Amargi una asociación feminista pionera y referencial en Turquía, y también de la primera librería feminista en la historia de su país.
Ha alimentado sus estanterías con multitud de cuentos, relatos y unos cuantos libros, pero hace ya tiempo que no vuelve a ese local: la presión la obligó a abandonar el país en 2009. Desde que obtuvo la ciudadanía francesa en 2017 reside en Niza, donde es profesora en la Universidad Côte d\’Azur, una institución pública.
Solidaridad
Numerosos referentes de la defensa de los derechos humanos siguen y denuncian el caso de Selek. Human Rights Watch apunta a «la perversión de un sistema judicial criminal»; el PEN Club Internacional incluye a Selek en su lista de 115 autores y autoras que se sufren acoso, arresto o violencia en todo el mundo.
En conversación telefónica con IPS su presidente, Burhan Sönmez, apunta a otros casos notorios en Turquía como el del editor y defensor de los derechos humanos Osman Kavala, o el político opositor, Selahattin Demirtaş.
«Ambos continúan tras las rejas a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó su liberación inmediata», recuerda Sönmez desde Londres.
La solidaridad corre pareja a la denuncia. Más de cien personalidades entre intelectuales, líderes políticos y agentes sociales acudirán a la vista que se celebrará en Estambul el 31 de marzo, una formalidad para notificar a Salek su condena a cadena perpetua y, también, a confirmar su ausencia.
Michèle Rubirola, exalcaldesa de Marsella y hoy primera adjunta del consistorio (vicealcaldesa), es la elegida para representar a la ciudad. En conversación telefónica con IPS, Rubirola habla de alguien «víctima de la injusticia y la opresión».
«Las luchas académicas de Pinar Selek se han convertido en luchas políticas, y la implacabilidad del poder político y judicial contra ella la consolidan como una verdadera activista de derechos humanos», esgrime la delegada desde su ciudad.
El proceso judicial que dura un cuarto de siglo ofrece su última entrega a pocas semanas de unas decisivas elecciones en Turquía, tras más de dos décadas en el poder de su presidente, Recep Tayip Erdoğan.
«Mi juicio es uno de los indicadores del mal arraigado en Turquía: refleja tanto la continuidad del régimen autoritario como las configuraciones de los dispositivos represivos», lamenta Selek.
También confiesa su preocupación por cómo pueda afectar a su familia en Turquía, y a ella misma en su país de acogida.
«Estoy condenada por una masacre y se me puede restringir el movimiento a nivel internacional, e incluso dentro de Francia. Además, en Turquía me piden millones de indemnización por los muertos y los destrozos de aquello y existe una convención internacional financiera que también pueden ejecutar en Francia», recuerda.
De lo que dice estar segura es de que intentará seguir con su vida. Además de su labor docente, sigue dando charlas y organizando eventos y protestas. El exilio, recalca, «puede haberme arrancado de mi país, pero no de la calle».
