Leo que el Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica 13,26 millones de euros durante 2015 (159,2 millones anuales), como adelanto del 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia.
Esta cantidad es algo superior a la que se contemplaba en los PGE de 2014, 158,4 millones. Así lo refleja una disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. Según la citada disposición adicional relativa a la «revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica», los 13,26 millones que se le entregarán mensualmente son a cuenta de la cantidad que el Estado debe asignarle por aplicación de otra disposición adicional, en este caso de los presupuestos de 2007. El Estado pagará este año un 0,8 más que en 2014.
Europa Laica ha exigido al Gobierno la eliminación de la casilla de la Iglesia Católica, puesto que «refleja el apoyo preferente del Estado a la religión católica y la discriminación para los ciudadanos que aun siendo creyentes no desean que se financie la Iglesia Católica, para aquellos que son fieles de otras religiones y para todos los que no tienen religión». Europa Laica rechaza también la casilla de asignación tributaria a fines sociales, porque «lo que se recauda por este concepto se entrega a organizaciones y fundaciones católicas, de ahí que la jerarquía católica anime a marcar ambas casillas».
Leo también que una quincena de Obispados y Arzobispados de toda España serán denunciados ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener enterrados los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano en recintos de culto de la Iglesia Católica, pese a que el derecho canónico solo permite que sea enterrados pontífices, cardenales u obispos.
Así lo expone el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentó ayer, 14 de abril -coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República-, ante los tribunales por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española. Por su parte, los escritos de alegaciones canónicas se presentarán ante los Obispados y Arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.
Cuando se habla de la modélica Transición y de los esfuerzos que hubo de hacer entonces la clase política para acometer el periodo histórico que vivimos, se olvida que un régimen como el actual, que mantiene los privilegios de una confesión religiosa, no debería ser motivo de tanto ensalzamiento, pues esos privilegios derivan de la dictadura, una dictadura que la iglesia católica mantiene honrada en sus templos, en contra de sus propias leyes y la que el Estado aprobó hace casi ocho años, ocho.
Me gustaría saber, a este respecto, cuál será el criterio de Podemos, porque que el papa haya llevado a Dios al otorrino, según dijo recientemente mi estimado Juan Carlos Monedero en el círculo de espiritualidad, no me basta. Antes bien, lo que me interesa es saber si cada español va a seguir aportando 200 euros al año para sostener ese credo religioso que concedió a Franco preces y palios, así como el título de caudillo por la gracia de Dios que todavía hoy se resiste a quitarle.
