El Bufete Almodóvar & Jara ha puesto en la Audiencia Nacional una primera demanda judiciales por los daños que han causado la administración sanitaria y el laboratorio fabricante con la vacuna del papiloma.
El proceso que ahora comienza trata de encontrar justicia por los primeros casos registrados en nuestro país en el año 2009 en la Comunidad Valenciana. Las familias afectadas están organizadas en torno a la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP).
La demanda, muy documentada, se basa en la conculcación del derecho fundamental a la información en materia de salud.
El Ministerio de Sanidad y la entente de laboratorios Sanofi Pasteur, Merck, Sharp and Dohme (MSD), productores de Gardasil, marca de la vacuna del papiloma protagonista de esta primera demanda, tenían la responsabilidad de informar de manera actualizada y veraz, con todos los datos que disponían entonces, y no lo hicieron, con las consecuencias para la salud de chicas sanas documentadas en la demanda, informa el bufete de abogados.
Agrega que introdujeron la vacuna en el mercado sin conocer su auténtica efectividad, sin que estuviera probada de manera suficiente su eficacia y ocultando muchos de los daños que con posterioridad el sistema de farmacovigilancia europeo ha recopilado.
Es más, el citado Ministerio ocultó información a las familias afectadas al negar que los daños producidos en la niñas se conociesen con anterioridad cuando ya estaban notificadas sospechas de reacciones adversas iguales dentro del citado sistema de control de medicamentos.
Los daños que han sufrido y continúan sufriendo numerosas chicas no constaban ni en ficha técnica ni en prospecto. Algunos de ellos fueron incluidos con posterioridad. Otros continúan sin avisarse. Por los datos a los que ha tenido acceso el bufete, el número de sospechas de muertes y graves secuelas provocadas por la vacuna del papiloma (la otra marca es Cervarix, fabricada por el laboratorio GlaxoSmithKline) es abultado.
La demanda documenta que las autoridades sanitarias no investigaron los hechos y continúan favoreciendo con su actitud a los fabricantes. Incluso, acusaron a las víctimas de padecer trastornos psicológicos, algo que está acreditado que no es cierto, sostiene el bufete.
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