Amnistía Internacional (AI) exige al gobierno de Uzbekistán, presidido por el tirano Islom Karimov (a la cabeza del país desde 1991), la libertad de Erkin Musaev, un exfuncionario de Defensa que trabajaba para naciones Unidas cuando fue detenido en 2006.
Después de tres pantomimas de juicio, que tuvieron lugar en 2006 y 2007, fue condenado a 20 años de cárcel por traición y abuso de poder, en base a una confesión obtenida mediante tortura. AI denuncia que ninguno de los juicios respondía a los criterios internacionales.
Según la familia del detenido, que ha denunciado las torturas, el tribunal tiene pruebas de que sufrió un traumatismo craneoencefálico en 2006, mientras se encontraba detenido en las dependencias de los servicios de seguridad.
Erkin Musaev trabajaba en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cuando fue detenido. Le estuvieron interrogando durante un mes, en el cual no pudo ver a un abogado ni a ningún miembro de su familia. Le dijeron que si negaba a “confesar” le inculparían por tráfico de droga o atentado a la legislación antiterrorista.
Según su propio testimonio, le golpearon todos los días, y por la noche le interrogaban. También amenazaron a su familia, que no pudo verle hasta el mes siguiente, una vez que hubieron desaparecido los hematomas.
Finalmente, Erkin se avino a firmar una confesión a cambio de que dejaran a su familia al margen. Más tarde, sin embargo, se enteró de que habían dictado una orden de arresto de su mujer. En julio de 2014, el padre de Erkin declaró: “A pesar de haber pasado por cosas terribles, Erkin no se rinde. Vive con la esperanza de un tiempo mejor y piensa que, una vez que recupere su libertad, ayudará a las personas que han sobrevivido a los horrores de la injusticia”.
El 2012, el caso de Erkin se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que consideró que “las autoridades competentes no han prestado suficiente atención a las denuncias de tortura y confesión forzosa formuladas por Musaev, tanto en la investigación precedente como durante el juicio”.
El Comité reconoció que las autoridades uzbekas habían violado los derechos de Erkin y que debían examinar su recurso «mediante una investigación imparcial sobre las alegaciones de tortura y malos tratos padecidos mientras se encontraba detenido». Una recomendación a la que el gobierno del dictador Karimov no ha dado respuesta alguna.
A finales de 2014, -dice el comunicado de AI- Erkin Musaev sigue cumpliendo condena en una colonia penitenciaria de la región de Navoi, al noroeste de Uzbekistán. Necesita una atención médica que no se le presta en la cárcel.
La tortura y los malos tratos son prácticas habituales en Uzbekistán. AI no cesa de recibir testimonios de personas que los han padecido cuando se han visto frente a los cuerpos de seguridad y el personal penitenciario. Testimonios que confirman también la impunidad, casi absoluta, que impera en el país.
«Periodistas, defensores de los derechos humanos, escritores, personalidades de la oposición y creyentes religiosos languidecen entre rejas en Uzbekistán a causa de sus actividades pacíficas y muchos de ellos han sufrido torturas y malos tratos”, declaraba en diciembre de 2013 Steve Swerdlow, investigador de la organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en Asia central.
En ese año, las autoridades uzbekas habían encarcelado a Bobomurod Razzakov, representante de la organización humanitaria Ezgulik (Compasión) en Boukhara; Nematjon Siddikov, miembro de la Alianza de los derechos humanos en el valle de Fergana; Turaboi Juraboev, defensor de los derechos humanos en Jizzakh y colaborador habitual de Radio Ozodlik, el servicio en lengua uzbeka de Radio Free Europe / Radio Liberty, y Kudratbek Rasulov, miembro del opositor Movimiento Popular de Uzbekistán.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, HRW hacía pública una lista (incompleta, naturalmente) de los presos políticos y defensores de los derechos fundamentales en el país: Solijon Abdurakhmanov, Azam Formonov, Mehrinisso Hamdamova, Zulhumor Hamdamova, Isroiljon Holdarov, Nosim Isakov, Gaibullo Jalilov, Turaboi Juraboev, Abdurasul Khudoinazarov, Ganihon Mamatkhanov, Chuyan Mamatkoulov, Zafarjon Rahimov, Iouldach Rasulov, Bobomurod Razzakov, Dilmurod Saidov, Nematjon Siddikov y Akzam Turgunov.
El periodista Jamshid Karimov fue secuestrado en el hospital psiquiátrico donde se encontraba recluido; liberado en 2011, se encuentra desaparecido desde pocos meses después, lo que hace temer que de nuevo haya sido detenido y se encuentre encerrado en secreto en alguna cárcel remota.
Entre los escritores, intelectuales y opositores al régimen detenidos se encuentran: Muhammad Bekjanov, Batyrbek Eshkuziev, Ruhiddin Fahruddinov, Hayrullo Hamidov, Bahrom Ibragimov, Murod Jouraïev, Davron Kabilov, Matluba Karimova, Samandar Kukanov, Gayrat Mehliboev, Erkin Musaev, Yusuf Ruzimuradov, Kudratbek Rasulov, Rustam Usmanov, Ravshanbek Vafoev y Akram Iouldachev.
En aquellas fechas, HRW denunciaba que 24 presos políticos tenían graves problemas de salud y un número similar habían sufrido tortura y malos tratos en la cárcel. «Además de las personas enumeradas, el gobierno uzbeko tiene encarcelados a miles de musulmanes independientes y creyentes de otras religiones que practican su fe al margen del estricto control del estado, o que pertenecen a organizaciones religiosas no registradas, con acusaciones de extremismo religioso o intento de derrocar el orden constitucional, así como por posesión de literatura religiosa ilegal».
Al día de hoy resulta imposible saber si todas estas personas continúan detenidas, han salido en libertad o hay que darlas por desaparecidas para siempre, ya que la república presidencialista de Uzbekistán es uno de los países más «cerrados» de la antigua órbita soviética y, como queda sobradamente demostrado, su presidente, Islom Karimov, ha heredado las peores costumbres del régimen estalinista, al que sirvió en su juventud.
El régimen autoritario uzbeko niega sistemáticamente el registro oficial a los gupos locales de defensa de los derechos humanos y, mediante presiones y persecuciones, ha obligado a las organizaciones internacionales a marcharse del país. HRW cerró su oficina de la capital, Tachkent en marzo de 2011.
