El pasado 15 de julio, Amnistía Internacional, junto con más de 200 organizaciones, instaron al Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por la Cámara de Diputados de México el pasado 9 de julio, puesto que violan el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
En las condiciones definidas en la nueva ley, tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de los concesionarios de telecomunicaciones, así como el acceso directo de las autoridades gubernamentales a esta información, vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, además de que no se incluyen medidas como la transparencia estadística o el derecho a la notificación de los usuarios.
AI asegura que la ley presentada permite un acceso sin restricción a agentes de la policía o de seguridad a datos privados, dejando a los ciudadanos sin protección contra su abuso. Por otra parte, existe la preocupación adicional de que esta información pueda ser utilizada con propósitos corruptos, y que ponga a los individuos en grave riesgo.
A día de hoy, quedan escasamente cuatro días para que el IFAI interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de estas disposiciones violatorias del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.
Protestas continuadas
Las voces contra la reforma de Ley de Telecomunicaciones se han escuchado desde el primer momento en que comenzaron los debates. Y las reuniones para aprobar las leyes secundarias han hecho que arrecien las protestas, pues la posibilidad de dejar a los ciudadanos expuestos, aún más, a las malas artes de los poderes públicos y de la policía, ha hecho mella en los mexicanos. Se temen que, además de los abusos institucionales que sufren, se van a ver expiados hasta en los menores detalles de su vida. Las redes sociales echan humo.
No es para menos. Algunos puntos se refieren a la posibilidad de que las autoridades encargadas de la seguridad pública, la seguridad nacional y la procuración de justicia, pueden intervenir las distintas telecomunicaciones en tiempo real que estén relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas (Artículo 189). Estas autoridades pueden estar encarnadas en el Procurador General de la República, los procuradores de los estados o cualquier agente del ministerio público. Pero el mexicano de a pie se pregunta cómo puede confiar en que algún mal funcionario no utilice esta atribución en su beneficio o en beneficio de algún grupo delictivo con el que esté involucrado.
Las mayores protestan en la calle tuvieron lugar en el mes de abril, cuando Amedi, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, envió una petición al Congreso de la Unión en la que exigí respeto a la Constitución, pues consideraban que la iniciativa en materia de telecomunicaciones presentada el 2 de abril por el presidente, Enrique Peña Nieto, era contraria a ésta.
Ese mismo mes quedó constituido el Frente por la Comunicación Democrática, encabezado por Cárdenas, Javier Corral, senador del PAN (Partido de Acción Nacional), y Denise Dresser, periodista, escritora y politóloga. Los objetivos del Frente eran “estimular el debate e informar a la sociedad mexicana sobre los aspectos más preocupantes de la iniciativa” y “oponerse frontalmente a la aprobación de esa propuesta en los términos en que fue planteada y enviada al Senado”.
Para Corral, el gobierno quiere mantener el control sobre la información y Televisa sale protegida en su condición monopólica. La componenda es de enormes consecuencias para nuestra vida democrática, amenazando el ejercicio de derechos fundamentales, un vuelco al pasado autoritario.
En junio, un concierto gratuito reunió a cientos de personas en la explanada del Monumento a la Madre (muy cerca del Senado, en el DF), organizado por músicos y artistas del colectivo #Quemepregunten. El motivo, protestar contra la reforma y entregar al Senado un documento en el que exigían una consulta popular sobre la Ley. Fueron recibidos por los senadores Luis Sánchez y Zóe Robledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes se comprometieron a hacer llegar dicho documento a los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias.
El mes pasado, mientras los mexicanos seguían el partido de futbol del Mundial 2014, Alemania-Brasil, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios se pronunciaban a favor y en contra de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. En un momento del debate, varias diputadas manifestaron su total rechazo, desplegando pancartas en varias ocasiones. A pesar de todo, la votación fue avalada con 340 votos a favor, 129 en contra y una abstención.
