Representantes sindicales no encuentran respuestas en la Junta de Andalucía
Bahía de Cádiz, 2009, comienzan a presentarse casos de enfermedades respiratorias que no son habituales en la zona. Cristina García Vadillo, directora de la gestión clínica de Neumología en el hospital Universitario de Puerto Real fue la primera que detectó la Silicosis en la zona de Cádiz, enfermedad desconocida hasta entonces en esa zona por ser una enfermedad común solo en los mineros, informa Paco Torrico Lopez, de Marea Sindicalista, en un escrito dirigido a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía.
Andrés Rabadán, epidemiólogo, jefe de salud pública de la Junta de Andalucía en Cádiz, también fue testigo de los primeros casos de fibrosis pulmonar que puso de manifiesto la doctora García Vadillo, y tras hacer un estudio de anatomía patológica, concluyeron que estaban ante «un caso de silicosis de libro», sólo que la persona afectada no trabajaba en la mina, sino en un taller de mármol.
Así comenzó una investigación en la que también participó Aránzazu Pérez Alonso, una residente del hospital Puerta del Mar de Cádiz. Se hizo un estudio a 46 enfermos de una media de edad de 33 años que se publicó en la revista científica International Journal of Ocupational and Emviromental Health (Revista Internacional de Salud Laboral y Ambiental), en el que demostraban que se encontraban ante una nueva enfermedad derivada de los nuevos materiales de construcción como el aglomerado de cuarzo y producida por las escasas medidas de protección, y concluían que bastaba un año de exposición, cuando en la minería son tres años, para causar daños pulmonares.
Los aglomerados de cuarzo tienen entre un 70 % y un 90 % de sílice, mientras que el mármol sólo tiene un 5%, pero los trabajadores del sector no aumentan las medidas de protección. Este aglomerado, al ser manipulado, libera micropartículas de sílice que si se inhalan quedan adheridas al pulmón. Esto provoca neumoconiosis, acumulación de polvo inorgánico, que desencadena cambios en los tejidos. El 40 % de los afectados termina padeciendo un cáncer de pulmón. Además, otros problemas de salud están asociados a la silicosis: complicaciones reumatológicas, renales, cardiopatías, esclerodermia…… etc. Contra esta enfermedad no hay tratamiento, en último recurso el trasplante pulmonar, pero sin buenos resultados.
En estos pacientes, además de las cuestiones médicas, hay que añadir el aspecto humano, social y económico.
Tras los casos de Cádiz se detectan muchos más casos en toda España, casos como el de José María Gamero fallecido de Chiclana con 35 años en la mesa del quirófano al intentar un trasplante pulmonar y tras padecer un deterioro importante que le impedía hacer cualquier actividad física. José María junto con Agustín Cebada de 33 años, son las primeras víctimas oficiales de muerte por silicosis debida al aglomerado de cuarzo. A ellos hay que añadir un empresario de una marmolería que se suicidó por el peso de la enfermedad y la presión de las responsabilidades personales y económicas.
Estos aglomerados son comercializados bajo marcas como Silestone (la más extendida internacionalmente), Compac o Querella, entre las más conocidas, y se trata de un material es muy usado en la fabricación de encimeras de cocinas y baños, revestimiento de paredes, etc.
Oficialmente no hay un censo de enfermos ni de muertos, pero los trabajadores de Consentino, la mayor empresa de aglomerado de cuarzo que tiene sus instalaciones en Cantoria, Almería, hablan de más de 35 muertos, según publicó la revista Entrevista, y muchos afectados también en el entorno de la fábrica. La Mutua Universal con la que tiene el concierto, podría tener datos de trabajadores afectados que no se han podido conocer.
Consentino, fabricante del Silestone, es una empresa de más de 1400 trabajadores situada la comarca de Macael en Almería de la que es motor económico.
En los casos denunciados en Euskadi y en Cádiz se apunta hacia esta empresa a la que se acusa de no haber dado información adecuada sobre su producto y las causas que se podrían derivar de un manejo inadecuado sin la protección mínima para impedir las afecciones por la silicosis.
Dentro de la misma fábrica existe un protocolo de actuación y unas medidas de seguridad, pero dicen sus trabajadores, resultan insuficientes e incluso directamente no se cumplen.
Por ejemplo, en protocolo de actuación, el punto 9 indica claramente NO SOPLAR, pero en las órdenes que se dan se insiste en soplar tantas veces como sea necesario, con lo que ese polvo de sílice se extiende por todos los lugares afectando a los trabajadores.
Al objeto de evitar la acumulación de polvo de sílice dentro de las naves, se decide instalar unos extractores que lo único que hacen es sacar este polvo hacia el exterior con lo cual lo que hacen es contaminar todo el entorno ya que lo sacan sin filtros.
Las pulidoras que deberían actuar con agua a fin de evitar el polvo, debido a la escasez de este elemento en la zona, en muchas ocasiones lo hacen sin ella o con muy poca, lo cual produce un elevado polvo de sílice que contamina no sólo la nave donde se produce sino todo el entorno.
Una inspección fallida
Y Marea Sindicalista sostiene que «en efecto la empresa Consentino puede presentar sus protocolos de actuación, pero que no cumple; unas inspecciones que pasa de forma favorable, pero que según muchos trabajadores, las pasa en el hotel o con citas concertadas en las naves prefijadas, con unas instalaciones que pueden evitar el polvo, pero que no funcionan por falta de agua. Esto, a los ojos de la Administración Pública parece tener todas las garantías, pero no a los ojos de los trabajadores que son los que sufren las consecuencias de una empresa irresponsable y una Administración ciega o algo peor».
Dice el escrito dirigido al Parlamento de Andalucía que «desde la Inspección, cuando planifican una inspección, avisan con tiempo a la Empresa y a veces dichas inspecciones se llevan a cabo en el hotel La Tejera propiedad de Consentino en Olula del Rio, según nos cuentan muchos trabajadores de la empresa y que de todos es bien sabido».
Agrega que «para cuando se realizan dichas inspecciones se tiene limpia la zona de trabajo que visitarán los inspectores y se trabaja de forma que se cumplan los protocolos, pero esto solamente ocurre durante el tiempo en que se realizan dichas visitas, de este modo los informes de los inspectores resultan favorables».
Y concluyen que «la realidad es bien distinta (de los informes de la inspección), lo cual nos lleva a la conclusión de que la empresa conoce a la perfección la forma de evitar la contaminación pero que les importa un pimiento la vida de los trabajadores, prefiriendo pagar indemnizaciones de más de 500 000 € para obtener el silencio de los enfermos a hacer inversiones que garanticen la seguridad».
Además, se asegura que «estos dineros con los que pagan las indemnizaciones provienen de las subvenciones de los organismos oficiales, tales como la Junta de Andalucía, la Comunidad Europea o fondos Estatales que les son concedidos por aparentar ser una empresa modelo».
La Junta de Andalucía
La Marea Sindicalista pregunta a los grupos políticos si organismos oficiales, tales como la Junta de Andalucía, pueden ser cómplices involuntarios de esta situación, porque desde el ámbito laboral «no cabe la menor duda ya que gracias a sus ayudas públicas proporcionan recursos necesarios para poder pagar dichas indemnizaciones y además que Consentino pueda implantar la ‘ley del miedo’ en sus trabajadores».
Asegura que esta empresa no duda en despedir trabajadores que intenten sacar a la luz pública estas actuaciones, tampoco duda en despedir a todo aquel que pretenda, haciendo uso de su libertad sindical, exigir el cumplimiento de los protocolos de actuación. No le importa que esos despidos sean de forma improcedentes, pagan sus indemnizaciones y con ello generan el miedo para con todos los demás.
Y concretan que nada más publicarse en la revista Interviú el artículo Dinero por Silencio se incrementa la presión sobre el Sindicato Marea Sindicalista, una presión que ya se venía ejerciendo desde 2015, y fundamentalmente contra el delegado sindical José Humberto Muñoz Villegas, hasta el punto de impedir presentar candidatura en las elecciones sindicales ya que inmediatamente de iniciarse el proceso electoral son despedidos dos trabajadores que la empresa intuía que irían en dicha candidatura. Esto propició que cundiera el pánico ya que la persecución a este Sindicato era claro y notorio y se borraran de la candidatura 23 de los 25 que tenía inicialmente. Este hecho está denunciado y pendiente de sentencia judicial por el juzgado de lo social número de 2 de Almería y pendiente de juicio también dichos despidos, además de una demanda por conculcación de derechos fundamentales en los juzgados de lo penal.
La reiterada negación por parte de la empresa en reconocer la Sección Sindical de Marea Sindicalista fue denunciada ante la Inspección de trabajo, que obligó a la empresa a reconocer dicha sección sindical. A pesar de ello, la empresa siguen negando la información obligatoria para poder desempeñar el trabajo sindical, se les ha negado poder participar en el Comité de Salud, y se les niega toda información referente a seguridad e higiene, etc.
