El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha planteado el desarrollo de unas medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler para garantizar el derecho a una vivienda accesible y social a las personas con discapacidad, de forma que tengan las mismas oportunidades de acceso que el resto de los ciudadanos.
Con esta propuesta, se pretende reformar la Ley de Propiedad Horizontal de forma que las comundades de vecinos no se puedan negar a realizar las obras pertinentes en las zonas comunes cuando se trata de facilitar el acceso a las personas mayores o que sufran una discapacidad y estén confinadas en sus respectivas casas.
Por otro lado, reclama crear una bolsa de viviendas accesibles para que las personas que tengan una discapacidad sobrevenida, puedan residir en ellas mientras realizan las adaptaciones necesarias en su vivienda. De igual forma, piden promover fórmulas de vida inclusiva que fomenten la desinstitucionalización de personas con discapacidad permitiendo que entidades del ámbito de la discapacidad puedan utilizar viviendas encaminadas a que estas personas puedan vivie en ellas de manera autónoma, recibiendo para ello, los apoyos necesarios y convenientes a su problema. En este sentido, se solicita llevar a la práctica la concesión de ayudas económicas para realizar adaptaciones en viviendas de personas en situación de dependencia, tal y como prevé el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia de España.
En el área fiscal, el CERMI insta a incorporar una deducción fiscal en el IRPF para las aportaciones realizadas por las familias o comunidades de vecinos que tengan que hacer reformas de adaptación de viviendas o zonas comunes para dotar de accesibilidad universal dichos espacios. La regulación del impuesto de bienes inmuebles, (IBI), la entidad plantea introducir una deducción para los hogares en los que resida una persona con discapacidad así como una deducción durante cinco años tras la ejecución de reformas de una vivienda. De igual forma abogan por establecer en la regulación fiscal estatal de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados exenciones, bonificaciones o deducciones cuando la adquisición la realice una persona mayor o con discapacidad o bien cuando en una familia cuente con un miembro con discapacidad.
De la misma manera, el CERMI propone incorporar a la ley de arrendamientos urbanos el principio general de no discriminación dado que muchas veces no se aceptan como arrendatarios de viviendas a personas con discapacidad por el temor de realizar obras de adaptación de la mismas. Se establece la obligación del arrendador de llevar a cabo las actuaciones de accesibilidad solicitadas por el arrendatario con discapacidad o persona mayor que precise las mismas por razón de la discapacidad sobrevenida, siempre que exista una ayuda pública para tales fines que sufrague el 70 % del coste de las obras.
Las medidas que el CERMI solicita al gobierno benefician y protegen a las personas con discapacidad y a sus familias, en una situación que actualmente no solo no se aborda, sino que no existe en España.
