Como respuesta a las protestas callejeras, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó una propuesta de reforma del sistema político, que parece no prosperar por la burocracia y las negociaciones partidarias interminables, precisamente el centro de las críticas de los manifestantes, informa Fabiana Frayssinet (IPS) desde Río de Janeiro.
La iniciativa enviada por Rousseff al parlamento hace una semana, después de la movilización de millones de jóvenes en las principales ciudades del país, es para convocar una consulta popular sobre una lista de temas, que una vez elegidos deberían ser tratados por el Congreso legislativo federal.
Entre los temas sugeridos figuran el financiamiento de las campañas electorales, que hoy permite el aporte privado y público, y el sistema electoral, como la continuidad o no del sistema de suplentes de senadores, de las coaliciones partidarias para las elecciones de diputados y concejales municipales, así como el fin del voto secreto en el Congreso.
«Todavía no sabemos exactamente cómo será el plebiscito, pero en principio sería una consulta para que los electores digan si quieren que el Congreso debata una reforma política», indicó el analista Mauricio Santoro ante la consulta de IPS sobre si el resultado será vinculante.
Añadió que, «probablemente, las preguntas de plebiscito definirían los temas que los parlamentarios tendrían que abordar, pero la naturaleza específica de esos cambios vendrían de las discusiones parlamentarias».
«En su discurso inicial, Rousseff presentó una reforma política como una asamblea constituyente limitada, pero ese proyecto inmediatamente fue abandonado por ser muy controversial», dijo Santoro.
Para atender las demandas presentadas, «juzgamos imprescindible un amplio e inmediato esfuerzo conjunto para la renovación del sistema político brasileño», justificó la mandataria, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
«Hubo mucho empeño para que ese sistema se reformule. Pero hasta el momento, todos los esfuerzos, lamentablemente, no produjeron resultados significativos», subrayó.
En Brasil se discute una reforma política desde hace más de 15 años, pero los distintos intereses partidarios han convertido este asunto en una asignatura eternamente pendiente. Por las divergencias que causó en los últimos días, inclusive entre partidos aliados del gobierno, parece que todo seguirá igual.
«Es una enfermedad nacional», sintetizó en entrevista con IPS el investigador Fernando Lattman-Weltman, del Laboratorio de Estudios Políticos de la Fundación Getulio Vargas (FGV).
Otra crítica de la oposición y de las autoridades electorales es sobre la eficacia real de una consulta popular y de la posterior votación del Congreso, que el gobierno quiere definir antes de las elecciones generales de 2014.
Y muchos cuestionan el plebiscito en sí mismo.
En todo caso, aclaró Santoro, «es perfectamente posible hacer una reforma política sin convocar a una constituyente».
«Muchas cosas pueden hacerse cambiando solo las leyes o los mismos estatutos de los partidos, pero incluso, si es necesario enmendar la Constitución, se puede hacer vía parlamentaria, con la única diferencia de que tiene que contar con 60 por ciento de los votos y no con la mayoría absoluta, como se requiere en una asamblea constituyente», explicó.
Lattman-Weltman fue más contundente. Cualquier reforma política le corresponde al Poder Legislativo, dijo.
«Cuando se habla de reforma quieren desviar la atención de las calles, que lo que piden es un mayor poder de decisión», coincidió el politólogo Ricardo Ismael, de la Pontificia Universidad Católica, de Río de Janeiro.
«Se intenta encauzar la energía de las calles, cuando es evidente que ese tema no estaba entre los manifestantes. Lo que quieren es más hospitales y mejor transporte público. De otra manera, la insatisfacción va a continuar», señaló a IPS.
Los manifestantes cuestionan también la impunidad, la corrupción y la oscura complicidad por intereses partidarios de sus gobernantes, tanto nacionales como locales, sin distinción de partidos aliados u opositores del gobernante PT.
En ese sentido, Ismael consideró que «lo importante» es resolver medidas puntuales, como prohibir la llamada «caja dos» (contabilidad paralela en las campañas electorales), limitar o prohibir su financiamiento privado y darle «más transparencia», por ejemplo rindiendo cuentas a los electores sobre el origen de esos recursos antes de la votación.
Para este experto, puntos como ese deben discutirse primero en el Congreso y luego someterse a referéndum.
En tanto, Lattman-Weltman consideró «esencial» que el parlamento también apruebe reformas a la regla actual de suplencia de senadores. «Es absurdo. La gente vota a su senador sin saber quién es su suplente», objetó el analista.
Pero el tema más polémico es sobre el sistema electoral para diputados y concejales, actualmente proporcional y con lista abierta.
El debate es si se cambia por el voto distrital puro o mixto, o voto mayoritario para la elección de parlamentarios. Otra opción es la lista flexible o cerrada, propuesta por los partidos tradicionales, o el voto en dos rondas electorales, como impulsan organizaciones de la sociedad civil.
La falta de consenso partidario se refleja en la opinión de ambos analistas políticos entrevistados. Lattman-Weltman es favorable a una «lista cerrada», «porque fortalecería a los partidos», «reduciría drásticamente el número de candidatos» y los gastos de campaña, además de permitir una mejor fiscalización.
En cambio, Ismael defiende que se mantenga el sistema proporcional, pero que se prohíban las coaliciones partidarias para elegir diputados y concejales. Adujo que la lista cerrada sería «peor», porque reduciría «violentamente el número de partidos», impidiendo la renovación.
En lo que ambos coinciden es en la necesidad de prohibir o limitar los aportes de empresas privadas a las campañas electorales, para que los que llegan al gobierno no se vean obligados a favorecerlas en las licitaciones, por ejemplo.
Marco Aurelio García, asesor para asuntos internacionales de la presidenta Rousseff, señaló que una de las razones del «malestar brasileño» es que los cambios económicos y sociales logrados por el gobierno del PT «no fueron acompañados por las transformaciones institucionales de los poderes del Estado, de los partidos y de los medios de comunicación, fuertemente concentrados».
En una columna de opinión publicada por el diario argentino Página 12, García agregó que, como en otras partes del mundo y en particular en América del Sur, «las instituciones se revelaron tímidas e insuficientes frente al ensanchamiento del espacio público y la integración de nuevos sujetos políticos».
En ese contexto, piensa que hay que adoptar el financiamiento público en las campañas para «eliminar la influencia ejercida por el poder económico en las elecciones».
Sostuvo también que hay que apelar a otros mecanismos para «una participación más importante de la sociedad en la vida política», como la posibilidad de «revocatoria» de los cargos electivos y más consultas populares.
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