Según datos del Consejo General del Poder Judicial y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, al menos un millón de mujeres han sido sometidas en España a esterilizaciones forzosas en la última década.
Tras la medida aprobada en el Congreso del futuro acceso al sufragio universal de las personas con discapacidad, Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que reclaman una reforma del código penal que prohíba dicha práctica, forzosa o no, en personas con discapacidad. Mediante esta iniciativa se procurará, una vez más, cumplir con las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad ratificada por España en 2008. En el texto se hace referencia a las medidas contra la discriminación de las personas con discapacidad en todo lo relativo a la paternidad, maternidad, matrimonio y relaciones personales.
Este texto no corresponde a lo que sucede en España, que ha incumplido sistemáticamente este artículo, porque se consideran supuestos excepcionales aquellos que corresponden a la discapacidad. La vulneración de derechos de las personas con discapacidad por «el bien de la familia» entre otras acepciones, hace que permanentemente se niegue la maternidad a mujeres con una discapacidad. lo que resulta chocante conforme el artículo 23 de la Convención de la ONU.
«Los Estados Parte tomarán medidas efectiva a fin de asegurar que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás», reza el texto.
En todo caso, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, ha puntualizado que lo correcto será crear una comisión de expertos que puedan analizar los casos de forma individual, y que se limen todas las aristas, en palabras textuales.
