El dilema de la crisis en España: reflexiones sobre la deseabilidad de los flujos migratorios
En periodos de crisis, el debate sobre la inmigración conduce ineluctablemente a tomar posturas maximalistas. Con el propósito de hacer un análisis objetivo del tema, encontramos por un lado, los que defienden la apertura de las fronteras (posición permisiva), y por el otro, los partidarios de cerrarlas totalmente, incluso, expulsar a los extranjeros del territorio nacional (posición restrictiva). Como en Europa los países de acogida padecen actualmente un pobre debate sobre la inmigración, todas las posturas y los discursos políticos se orientan fácilmente hacia un bando u otro. En las dos situaciones, asistimos a la subordinación de razonamientos que predican la generosidad y la repetición de argumentos que alejan, al final, toda reflexión científica y realista sobre la inmigración. Esta problemática se justifica por la ausencia de alternativa a la inmigración en el país de acogida en el momento en el que el inmigrante intenta descartar de sus planes el proyecto de retorno, como en el caso de España.
España, que ha sido durante décadas un país de emigrantes, se ha convirtió, en un periodo muy corto, desde su ingreso en 1985 en la Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea), en un país de destino de una fuerte inmigración económica. El ciclo de prosperidad económica que atravesaba, hasta 2007, fue determinante en la expansión de numerosos sectores. Teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral, la mano de obra extranjera era necesaria para la economía y los nichos laborales de modo que la inmigración parecía un fenómeno ineludible y positivo.
Por tal razón, los factores de atracción de su mercado atrajeron particularmente a inmigrantes de África y América Latina. Debido a la proximidad geográfica, los bajos costes de transporte entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, el sueño de El Dorado Europeo y la escasez de oportunidades en su país, llegaron en primera fase, los inmigrantes magrebíes, en su mayoría marroquíes. En una segunda fase, a principios de los años 90, España empezó a recibir a trabajadores de América latina.
El desarrollo de las redes migratorias, la agrupación familiar y la flexibilidad de la legislación laboral facilitaron la llegada de una masiva fuerza de trabajo en un mercado de atracción de una mano de obra de baja cualificación. El sueño de todos estos trabajadores, que emigraban voluntaria o forzosamente, era mejorar su situación económica y la de su familia en un país que no aplicaba todavía una política selectiva de mano de obra. La demanda de una migración de reemplazo para asegurar el equilibrio demográfico y la tasa de crecimiento económico se justifica por el envejecimiento y la baja tasa de natalidad de la población autóctona. La convivencia empírica demuestra así que la inmigración es un activo económico (economic asset) y que los inmigrantes suelen pagar más impuestos en comparación con los bienes públicos recibidos.
A principios de los años 90, las primeras grandes oleadas de inmigrantes de América Latina llegaron en España, empujadas por la gran expansión de la economía de este país y la comunidad de intereses. Los vínculos culturales, constituidos fundamentalmente por la lengua y la religión, facilitaban la comunicación con la sociedad de acogida y una rápida integración.
Por factores históricos, Marruecos se considera también como un legítimo heredero del patrimonio andalusí. La mayoría de los moriscos, expulsados a principios del siglo XVI por los Reyes Católicos, se dirigieron a Marruecos donde perpetuaron las actividades que desempeñaban en España. Además, una buena parte de la comunidad marroquí, asentada en España, proviene de la zona del Norte, el exprotectorado español durante más de cuarenta años (1912-1956). A parte del factor histórico, la cercanía de la península ibérica, el fácil acceso a las cadenas de televisión y emisoras de radio de España, y los diarios intercambios entre las poblaciones de las zonas fronterizas constituyen también un factor determinante en el acercamiento entre la sociedad española y marroquí. A pesar de no ser un idioma oficial, el español se imparte en colegios y universidades, y se usa como un canal de comunicación entre estas poblaciones que viven con el comercio y forman una inmigración circular.
Por afinidades culturales y conveniencias políticas, se asomaron a estos dos grupos, ciudadanos de Estados de Europa del Este que se integran de manera eficiente en el mercado laboral por su nivel educativo a veces superior al de los nativos. A diferencia de los colectivos marroquí y latinoamericano, representaban una nueva inmigración que se distinguía por su sobrecualificación y adaptación al estilo de vida español.
Por su contribución en el funcionamiento de la economía, el pago de los impuestos y el consumo de los productos locales, la población inmigrante en general se considera parte integrante de la sociedad española. Como el sistema de protección social es más desarrollado que en su país, es obvio que los inmigrantes vinieron para trabajar, pero también para educar mejor a sus hijos, mandar remesas, adquirir bienes, y crear el capital que favorece el crecimiento de la productividad del trabajo. De esta manera, es lógico admitir que ningún principio de teoría económica ni ningún principio ético permite la exclusión del inmigrante del uso de lo que se pretende ser un bien público en España.
