Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de más de dieciocho países de la Unión Europea (UE) han lanzado la campaña ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’, para eliminar de los tratados el sistema de ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS) por el que las empresas multinacionales pueden demandar a los gobiernos que protejan derechos sociales o medioambientales.
La campaña ha enviado un mensaje a los directivos de las multinacionales y a los gobiernos reunidos en el Foro Económico Mundial en Davos culpables de cometer crímenes ambientales y sociales: se exigirá un tratado internacional vinculante acompañado de una ley estatal, que permita juzgar a las transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.
El mecanismo ISDS se encuentra en la mayoría de los tratados de comercio y de inversión, como en el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (CETA) o en el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP).
España es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje, dedicando millones de euros de dinero público para defensa legal y pago de indemnizaciones a fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales: si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 7500 millones de euros de los presupuestos públicos.
Dos ejemplos actuales:
- Edgewater, una empresa minera canadiense, ha demandado al Estado español por cancelar la licencia de explotación de una mina a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) invocando un tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá y socavando con ello el derecho a la defensa del medioambiente y la salud del pueblo gallego.
- Vattenfall, una multinacional sueca, ha demandado a Alemania dos veces, una por aplicarle medidas ambientales en una central de carbón y otra por su decisión soberana de salir de la energía nuclear, lo que podría costar miles de millones de euros a los contribuyentes alemanes.
Por su parte, las multinacionales españolas están entre las que más utilizan esta justicia paralela para cobrar fortunas y socavar la soberanía en otros países. Por ejemplo, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y Telefónica han interpuesto demandas de arbitraje contra Colombia por regulaciones públicas en el sector de servicios.
Abusos corporativos y asesinatos
Asimismo, 321 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinadas en 2018 por oponerse a abusos corporativos. Para las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales, sin embargo, es muy difícil acceder a la justicia.
Por todo ello, la campaña europea “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales” se articulará en torno a una recogida masiva de firmas para involucrar a millones de personas en toda Europa en torno a dos cuestiones:
- Exigir la eliminación de los tribunales corporativos (ISDS) en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo parecido, y no firmar nuevos tratados de este calado en el futuro.
- Promover el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, así como establecer leyes europeas y estatales que pongan fin a la impunidad corporativa.
La recogida de firmas se inició el martes 22 de enero, coincidiendo con el primer día del Foro Económico Mundial en Davos, y tiene una duración prevista de un año. A su vez se han acordado dos acciones de movilización ciudadana europea común en los meses de abril y octubre de este año.
Alex Guillamón, portavoz de la campaña: “mientras que los representantes del BBVA, Repsol, Telefónica, Iberdrola están hoy en Davos sentados junto a los políticos, muchos de ellos están a su vez demandando a los gobiernos para socavar las políticas progresistas que necesitamos. Están a su vez actuando contra la población, dejando a miles de personas sin acceso a calefacción en invierno (Naturgy) o cometiendo crímenes contra el medio ambiente con total impunidad. Esto es nada menos que pura hipocresía.”
Lucía Bárcena, portavoz de la campaña: “pedimos a los líderes de la UE que utilicen Davos para comprometerse a poner fin al arbitraje entre inversores y Estados y respaldar leyes vinculantes que responsabilicen a las empresas multinacionales por la violación de los Derechos Humanos, sociales económicos y ambientales.”
