Naciones Unidas ha recibido por parte de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) un informe en donde se reflejan las carencias existentes en el Estado español a la hora de contemplar las políticas públicas de igualdad de género y discapacidad, así como la discriminación múltiple e interseccional que sufren a diario las niñas y mujeres con discapacidad.
El documento ha contado con el respaldo del Consejo de Participación de la FCM y contiene varias recomendaciones que se deben tener en cuenta, según estima el comité. Desde que se realizara la primera revisión, en 2011, y tras la llamada de atención de la ONU a España, aún no han sido implementadas a tal efecto. El informe sombra que la FCM ha elaborado será analizado por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de la Convención Internacional de la Discapacidad en este año.
La discriminación múltiple e interseccional que sufren las niñas y mujeres con discapacidad sucede en las áreas del empleo, la salud, el acceso a la justicia, la educación, la violencia, la pobreza así como en otras áreas de las que no se tienen suficientes datos aún. Hay que señalar que en el Estado español existen enormes diferencias entre comunidades autónomas y las administraciones públicas deberían reforzar medidas concretas para luchar contra esta lacra, añaden.
El estado español debe, con carácter de urgencia, señalan, reestablecer las medidas de protección social y de reducción de la pobreza de las personas con discapacidad y de género.
A pesar de que existe un pacto de Estado contra la violencia de género, en donde se hace hincapié en las víctimas con discapacidad, no es suficiente, porque no se abarcan otras áreas. El riesgo de sufrir todo tipo de violencia, las esterilizaciones forzosas a las que se han sometido las niñas, abortos coercitivos, así como la falta de formatos accesibles, supone, una vez más, que este colectivo esté en inferioridad de condiciones.
La alta tasa de inactividad laboral de las mujeres con discapacidad, así como la precariedad en el empleo, la brecha salarial, la discriminación ante casos de sordoceguera o discapacidad intelectual, llaman la atención y se pide que la ONU traslade de nuevo a las autoridades españolas que trabajen estrechamente con las organizaciones de mujeres con discapacidad, y que, de nuevo, se formule y establezca una política de empleo eficaz para este grupo social.
