Una masiva huelga de hambre en el sistema penitenciario del occidental estado estadounidense de California ingresó en su tercera semana consecutiva, pero activistas alertan que las autoridades carcelarias intentan ponerle fin violando los derechos de los reclusos, informa Carey L. Biron (IPS) desde Washington.
El Departamento de Correccionales y Rehabilitación (CDCR, por sus siglas en inglés) del Estado informó de que 986 prisioneros en once centros penitenciarios californianos continúan negándose a recibir alimentos.
La huelga fue iniciada el 8 de este mes por unos 30.000 reclusos en 33 prisiones, en protesta contra los castigos de aislamiento prolongado, que consideran inhumanos y que son usados por las autoridades para controlar a las pandillas carcelarias.
Aunque se trata de la tercera protesta de estas características en California desde 2011, esta es la vez en que han participado más reclusos.
Para poner fin a la huelga, funcionarios del CDCR redoblaron sus medidas disciplinarias, incluyendo castigos aun más severos en celdas solitarias.
La organización humanitaria Amnistía Internacional alertó que el CDRC, de esta manera, está «violando obligaciones internacionales de derechos humanos».
«Los prisioneros que buscan poner fin a las condiciones inhumanas no deben ser sometidos a medidas punitivas por ejercer su derecho a realizar protestas pacíficas», dijo Angela Wright, investigadora de Amnistía, que ha seguido de cerca el sistema carcelario de California.
Por su parte, Justin Mazzola, también de Amnistía, dijo a IPS: «En este punto, limitar aun más a esos prisioneros constituye una violación a su derecho a cuestionar el trato que reciben».
«Poner a los prisioneros en condiciones aun más restrictivas no debe ser la respuesta a lo que estos intentan hacer: llamar la atención sobre las condiciones en las que han sido mantenidos», añadió.
El 11 de este mes, el CDCR divulgó una declaración señalando que si los prisioneros participaban de cualquier «disturbio masivo» o rechazaban una asignación de tareas estaban violando leyes del Estado. Por tanto, anunció que cualquier reo que se sumara a la huelga sería enviado a una unidad de «segregación administrativa».
Por su parte, los huelguistas afirman ser víctimas de «represalias» y de ser castigados con «condiciones aun más tortuosas» de aislamiento.
Además, activistas denunciaron que las autoridades carcelarias limitan la correspondencia de los huelguistas con sus abogados y confiscan sus efectos personales.
«Recuerden que en una prisión no se tiene el mismo derecho de expresión que en el mundo exterior. Ese es el objetivo de una prisión, es una sanción al comportamiento criminal», dijo a IPS el secretario de prensa del CDCR, Jeffrey Callison.
«No obstante, los prisioneros pueden hacer saber sus preocupaciones sobre sus condiciones. Existen mecanismos formales a través de los cuales presentar quejas, todas las cuales son consideradas. Siempre que un prisionero hace una queja legítima, el tema se soluciona», aseguró.
Callison calificó de falsos los informes de que se había limitado el acceso de los huelguistas al asesoramiento legal.
El funcionario admitió que las autoridades impidieron temporalmente que un abogado entrara al centro de reclusión de Pelican Bay, donde comenzó la huelga, pero señaló que las razones de esa medida eran confidenciales.
También rechazó la acusación de que los prisioneros en huelga en Pelican Bay estaban siendo castigados con «aire helado», señalando que la instalación no contaba con equipos de aire acondicionado.
Aislamiento indefinido
California adoptó en los años 80 un agresivo programa para neutralizar y desarticular las pandillas de las prisiones. A los integrantes de estos grupos se los aísla en forma prolongada en las llamadas Unidades de Alojamiento Especial.
Pero críticos señalan que muchos prisioneros son sometidos a este castigo simplemente por ser acusados por otro reo de integrar una pandilla. La identidad de los delatores se mantiene en secreto y sus denuncias no pueden ser rebatidas por el acusado.
Activistas calculan que unos 12.000 reclusos se encuentran en celdas solitarias, y que cientos estuvieron incomunicados en forma indefinida en la última década.
Estos solo pueden ver la luz del sol una hora al día, y no pueden tener contacto humano directo.
Activistas denuncian que estos castigos constituyen tratos crueles e inhumanos, y por tanto violan las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.
Esta postura fue corroborada en 2011 por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez, al señalar que el aislamiento de reclusos por más de 15 días debía estar «absolutamente prohibido» debido a que está científicamente demostrado que puede causar daños psicológicos de largo plazo.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respaldó esa postura, expresando su «preocupación» por las causas detrás de la huelga de hambre en California y por el «excesivo» uso de los castigos en celdas solitarias en Estados Unidos.
«La CIDH reitera que la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes no debe ser abolida y es universal», señaló.
Por tanto, los países miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), de cuyo sistema de justicia es parte la CIDH, «deben adoptar medidas fuertes y concretas para eliminar el uso del aislamiento prolongado o indefinido bajo cualquier circunstancia», añadió.
Reformas
Pese a todo, las protestas de los reclusos lograron una respuesta de las autoridades carcelarias californianas, que reconocieron que el método usado para delatar a supuestos miembros de pandillas era inadecuado.
En octubre de 2012, el CDCR inició una serie de reformas para suspender los castigos a reclusos que demostraran ya no estar vinculados con las bandas.
El CDCR informó haber revisado 382 casos y sacado a 208 prisioneros de las Unidades de Alojamiento Especial. Pero críticos señalan que esta revisión es demasiado lenta, en especial para los reos que ya han estado encerrados en solitario por más de una década.
«Por supuesto que celebramos cualquier cosa que le dé a los prisioneros el derecho a cuestionar la indefinición de su confinamiento, pero este es un proceso demasiado largo», dijo Mazzola, de Amnistía.
«Deben pasar casi dos años antes de que un individuo que inicie el programa pueda salir de la Unidad de Alojamiento Especial. Por tanto, eso no atiende realmente la preocupación básica aquí», añadió.
A comienzos del mes próximo se realizará la primera audiencia de una demanda legal presentada en mayo de 2012 por varios reclusos confinados en solitario.
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Guantánamo sigue ahí
