Solo la desesperación y el modo paramilitar de vivir explican el acto suicida del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, de prescindir de uno de sus principales sostenes, el exjuez Sergio Moro, desde este viernes 24 de abril de 2020 también exministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, escribe Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Moro, popular en Brasil por haber liderado entre 2014 y 2018 la operación Lava Jato que condenó a centenares de políticos y empresarios por corrupción, y quien promovió el encarcelamiento del expresidente y líder del Partido de los Trabajadores Lula da Silva atribuyó su renuncia a varias actitudes ilegales del presidente, que son munición para un proceso de inhabilitación.
Tras renunciar, el ya exministro subrayó que no firmó el decreto de destitución del director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, que Bolsonaro ordenó publicar en el Diario Oficial con la firma electrónica de Moro, lo que siginifica que el presidente ultraderechista incurrió en «falsedad ideológica».
La destitución de Valeixo, hombre de confianza de Moro, fue la espoleta de la crisis y el último de varios intentos presidenciales de interferir en las investigaciones de la Policía Federal, una institución de Estado con autonomía fijada en la Constitución y subordinada al Ministerio de Justicia.
Moro reveló también que el presidente quiere tener acceso a informaciones internas de la Policía Federal y por eso pretende poner en su dirección y jefaturas locales a comisarios cercanos a quienes pueda llamar a cualquier hora.
Someter a sus deseos el órgano que investiga directamente las sospechas de delitos relevantes en los sectores público y privado pone en riesgo también otras instituciones de control, como el Ministerio Público (fiscalía general) y autoridades financieras, fiscales y ambientales, todos con independencia total, porque no pueden ser impedidos de actuar incluso contra el primer rango de los poderes político y judicial.
Las denuncias de Moro tuvieron impacto inmediato y ponen en duda la sobrevivencia política de Bolsonaro al alcanzar dieciséis meses en el poder.
Bolsonaro desmintió las acusaciones de Moro en declaraciones desde el Palacio de Planalto, la sede de la presidencia, rodeado de casi todos sus ministros, seis horas después de la renuncia de Moro.
En un discurso de 45 minutos, largo para sus hábitos, contó la historia de sus relaciones con el exministro y trató de descalificarlo, con una información venenosa:
Moro habría intentado canjear la destitución del jefe de la Policía Federal por su nombramiento como miembro del Supremo Tribunal Federal, una conocida ambición del exjuez. Bolsonaro tiene facultad para indicar al sucesor de un magistrado que se jubilará en noviembre en el máximo tribunal del país.
La dificultad es competir en credibilidad con el exjuez, cuya popularidad es mucho más alta que la de Bolsonaro, según las últimas encuestas, y quien disfruta del prestigio de campeón del combate contra la corrupción.
La acción de Moro como juez fue decisiva para el triunfo electoral del presidente en las elecciones de octubre de 2018, cuando renunció a una carrera de veintidós años en la magistratura para ser nombrado ministro de Justicia y transferir al gobierno de Bolsonaro su prestigio de «héroe nacional» de la lucha contra la corrupción.
Era hasta ahora uno de los dos superministros, supuestamente no destituible. El otro es el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien también ha tenido claras discrepancias con el mandatario y que tampoco parece ahora muy seguro en el cargo.
El neoliberalismo radical de Guedes perdió validez en este momento de gigantescos gastos públicos excepcionales para contener el desempleo y la quiebra de empresas durante la pandemia del nuevo coronavirus y aparecieron discrepancias de su equipo con los generales que controlan los ministerios políticos y de coordinación.
Corrupción política
Según se coincide en los círculos políticos de Brasil, Bolsonaro destituyó a Valeixo, contra la opinión de Moro, por la urgencia de proteger a sus tres hijos políticos de las investigaciones promovidas por el Ministerio Público, el STF y el legislativo Congreso Nacional, y ejecutadas principalmente por la Policía Federal.
Uno de los hijos es sospechoso de corrupción por emplear, en su calidad de diputado, auxiliares fantasmas de cuyos sueldos se apropiaba. Otros dos estarían detrás de las manifestaciones que piden la vuelta de la dictadura militar y el cierre del parlamento y el STF, además de campañas sistemáticas de difamación de adversarios por las redes sociales.
En la presidencia opera lo que periodistas y políticos denominan el «gabinete del odio», principal origen de las noticias falsas y maliciosas que defienden el gobierno y atacan opositores. Ese trabajo sucio es considerado por amplios sectores como ilegal.
La destitución de Moro es el segundo eslabón en el suicidio político que generó Bolsonaro en nueve días.
El 16 de abril destituyó al ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, cuya gestión de la pandemia de la COVID-19 era aprobada por tres cuartas partes de los entrevistados en varias encuestas. Bolsonaro se opone al distanciamiento físico y el confinamiento como medidas para contener el contagio.
Sustituir el ministro de Salud le va a convertir en culpable ante la opinión pública por el esperado gran aumento de muertes que se espera en el país en las próximas semanas, con la esperada propagación del coronavirus en los barrios pobres y hacinados de las urbes brasileñas.
En varias ciudades ya se agotaron los recursos necesarios, como respiradores y equipos de protección individual en las unidades de cuidados intensivos.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército, es víctima de sus propias convicciones y modo de operar, inspirados en la dictadura militar en que se formó, durante los años setenta del pasado siglo
Varias veces homenajeó como «héroe nacional» al excoronel Carlos Brilhante Ustra, un conocido torturador de presos políticos en el período 1970-1974. Manifestaba así su devoción a la dictadura militar de 1964 a 1981, que siempre alabó como «defensa de la democracia».
Ustra fue el principal jefe de una estructura paralela, con licencia para matar y torturar, los Centros de Operación de Defensa Interna (Codi), creados por los militares para eliminar la oposición que comprendía incluso grupos guerrilleros.
Tuvieron éxito en esa tarea y, de cierta manera, también en matizar la participación de las Fuerzas Armadas en las torturas, asesinatos y otras atrocidades, como la «desaparición» de opositores políticos, cometidas durante la dictadura.
En consecuencia los torturadores, a excepción de Ustra, no fueron juzgados por sus crímenes en Brasil, en contraste con lo que pasó en los países vecinos, como Argentina y Chile que también tuvieron dictaduras militares cruentas.
Esos cuerpos paralelos tienen cierto parentesco con las milicias parapoliciales que dominan muchos barrios de Río de Janeiro y otras ciudades, y que siempre contaron con apoyo de Bolsonaro, por lo menos en sus discursos como diputado entre 1991 y 2018.
Uno de los jefes de milicias, muerto por la policía en febrero, tuvo relaciones con el hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro, que empleó a sus familiares cuando era diputado de Río de Janeiro.
Operar en las sombras y «tercerizar» tareas ilegales, como las campañas de destrucción de reputaciones por las redes sociales, de presión supuestamente popular por ciertas medidas políticas, hace parte del bolsonarismo, cada día más reducido a los grupos fanáticos que identifican al presidente como un «mito».
