El 15 de mayo de 2020 se cumplieron tres años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas. Aunque se han producido algunos avances, se hace justicia a cuentagotas y aún no se ha resarcido el daño a las víctimas. Las negligencias de las autoridades y los retrasos en el proceso hacen temer que, una vez más, los responsables del crimen gocen de impunidad.
A Valdez le asesinaron a balazos a escasos metros de su oficina en Culiacán, en el Estado de Sinaloa (norte de México).
A día de hoy, sólo se ha condenado a uno de los autores materiales. El 27 de febrero de 2020 en una audiencia pública, la Fiscalía sentenció a Heriberto Picos Barraza, alias el Koala –quien admitió su participación en el crimen–, a catorce años y ocho meses de prisión. Pero no se permitió a las víctimas del crimen cuestionar los años de prisión impuestos al acusado, a pesar de que era su legítimo derecho.
Aún queda pendiente el juicio de otro autor material, Juan Francisco, alias El Quillo, quien se encuentra en prisión preventiva. La familia de Javier Valdez todavía espera que se celebre una audiencia intermedia, en la que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) deberá sustentar su acusación con pruebas suficientes.
Según afirma Reporteros sin Fronteras, las negligencias de la Feadle han puesto en evidencia sus limitaciones para la investigación de homicidios de periodistas, así como para presentar pruebas que permitan esclarecer plenamente los hechos. Aún no se ha identificado al autor intelectual del crimen; tampoco se ha esclarecido el homicidio (a finales de 2017) de Luis Ildefonso Sánchez Romero, alias el Diablo, otro de los autores materiales del asesinato.
Tras el homicidio de Javier, su familia fue víctima de desplazamiento forzado. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lejos de ofrecerles protección integral decidió de forma arbitraria –sin ningún fundamento legal– dejar de ofrecerle apoyo, revictimizándola. Asimismo, se ha negado a iniciar el proceso de reparación compensatoria a favor de las víctimas por la muerte de ‘el Diablo’, una negativa que es ilegal. Por ello, la organización Propuesta Cívica presentó una demanda de amparo indirecto, que aún no se ha resuelto.
Peticiones y exigencias
Propuesta Cívica, Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Río Doce (el medio que fundó Javier) quieren recordar al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que «justicia a medias no es justicia, es impunidad». Por ello, le piden que adopte medidas efectivas para prevenir las agresiones a periodistas, la investigación de los crímenes cometidos contra ellos debido a su labor informativa, que se juzgue a los responsables y que se ofrezca reparación a las víctimas.
A la Feadle le exigen que efectúe investigaciones que permitan la vinculación a proceso y la extradición de Dámaso López Serrano, alias Mini Lic[1], que capacite continuamente a los agentes del Ministerio Público de la federación y que actúe con la debida diligencia en la investigación y con estricto cuidado en los procesos pendientes para que las sentencias sean contundentes.
En cuanto al poder judicial, su exigencia incluye que emita la sentencia condenatoria escrita de Heriberto Picos Barraza; que resuelva el juicio de amparo indirecto 1669/2019 (ante el Juez Sexto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México) contra el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV; y que proceda cuanto antes con la audiencia intermedia de Juan Carlos N.
Respecto al Mecanismo para la Protección de Periodistas y a la CEAV, quieren que actúen de forma coordinada y efectiva en la atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y de delitos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión; que ofrezcan atención integral y una mejor protección a la familia de Javier Valdez, y que se comprometan a que los procesos penales seguirán abiertos hasta que se condene a los autores materiales e intelectuales del homicidio.
Hay que recordar, una vez más, que México se encuentra en el lugar 143, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RFS.
- Junto a su padre, Dámaso López Núñez, Mini Lic peleó contra los hijos de El Chapo (de quien es ahijado) para quedarse al mando del cártel de Sinaloa tras su extracción a Estados Unidos. Ganaron los ‘Chapitos’, ante lo cual, padre e hijo decidieron colaborar con las autoridades estadounidenses testificando en contra de El Chapo para que su condena por asesinatos múltiples y narcotráfico les fuera reducida.
