Por primera vez, las autoridades del territorio semiautónomo de Hong Kong, presididas por la gobernadora Carrie Lam –a quien la oposición considera «una marioneta de Pekín»- han prohibido la tradicional marcha del primero de julio, organizada todos los primeros de julio en la antigua colonia británica para conmemorar el aniversario de la retrocesión a China en 1997, informa el canal internacional Euronews.
Oficialmente, la prohibición se ha llevado a cabo como una medida más para luchar contra la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, la prohibición no ha impedido distintos llamamientos a manifestarse, efectuados por conocidos militantes prodemocracia, a los que ha respondido un importante despliegue policial en las calles del territorio, con el resultado de una primera detención en la mañana de este 1 de julio de 2020 a cuenta de la Ley de Seguridad del Estado, aprobada por el Parlamento chino el pasado 30 de junio.
Se trata de un hombre detenido en el barrio de Causeway Bay cuando enarbolaba una bandera de las que la oposición saca a la calle para defender la independencia de Hong Kong.
Al finalizar la jornada los manifestantes detenidos eran unos 370: entre ellos, seis hombres y cuatro mujeres son ya las primeras víctimas de la Ley recién aprobada, que una vez más han salido a la calle respondiendo al llamamiento que pide «acabar con la ley de un partido único».
Para Joshua Wong, uno de los rostros más conocidos del movimiento prodemocracia en Hong Kong, la entrada en vigor de la Ley «marca el fin de Hong Kong, tal y como era conocido en todo el mundo. La ciudad se va a transformar en un estado de policía secreta».
En la celebración oficial, como tofos los días 1 de julio, la bandera de Hong Kong fue izada solemnemente en una ceremonia presidida por Carrie Lam, jefe del ejecutivo de la isla donde viven siete millones y medio de personas –para quien la Ley de Seguridad es «una manera de llenar el vacío» existente en esa materia-, para conmemorar el 23 aniversario de la retrocesión del territorio del Reino Unido a China y el comienzo del régimen de «un país, dos sistemas» que, mejor o peor, el autoritarismo de Pekín ha venido respetando hasta ahora y que incluye unas cuantas libertades fundamentales que no disfrutan los más de mil millones de habitantes de la China continental.
La promulgación de la Ley ha causado reacciones de protesta en distintos países, empezando por el Reino Unido, que considera la Ley impuesta a su excolonia «una violación manifiesta de la autonomía de Hong Kong y una amenaza directa para las libertades de su población», en palabras de Dominic Raab, secretario de estado de Asuntos Exteriores, quien ha añadido que el nuevo dispositivo viola «de manera manifiesta y grave» la declaración firmada en 1984 por los gobiernos de Londres y Pekín, que abrió el camino a la retrocesión efectuada quince años más tarde.
El gobierno británico va a modificar las condiciones para conceder el «pasaporte británico de ultramar» (British National Overseas, BNO) que va a permitir que quienes lo tengan puedan vivir y trabajar en el Reino Unido y obtener con más facilidad la nacionalidad británica.
A partir de ahora, los titulares del pasaporte BNO podrán residir cinco años en el Reino Unido (hasta ahora eran seis meses), al final de los cuales accederán al estatuto de residentes y un año después a la ciudadanía, según ha explicado Dominic Raab en la Cámara de los Comunes .
En Hong Kong hay unos 350.000 titulares de un pasaporte BNO, casi el doble de los que existían cuando comenzaron las grandes manifestaciones de 2019. Pero casi tres millones más, todos los nacidos antes de 1997, pueden pedirlo, «lo mismo que sus descendientes».
Otros países, como Canadá, Francia, Alemania o Japón, y hasta veintisiete de los que forman parte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, han manifestado su preocupación por el impacto que la nueva Ley de Seguridad del Estado puede tener sobre las libertades de los ciudadanos hongkoneses.
«La nueva legislación no es conforme a la ley fundamental de Hong Kong ni a los compromisos internacionales de China, tanto en el fondo como en los términos del procedimiento de adopción. Somos muy claros en relación con este asunto», ha declarado Ursula von der Leven, presidenta de la Comisión Europea.
