Los casos de Julian Assange y el del hispano-ruso Pablo González (Pavel Rubtsov) son muy distintos, están lejanos, sí; pero en ambos asuntos rechinan los argumentos utilizados oficialmente para procesarlos legalmente.
Queda claro que —a veces— los empecinamientos persecutorios de las autoridades contribuyen a emborronar sus justificaciones iniciales, que pudimos llegar a entrever… Entrever, no aceptar sin más, claro.
Y cuanto más tiempo pasa, más fácil es defenderlos contra quienes justifican esos dos ataques a la libertad de prensa y a las libertades ciudadanas. De momento, el castigo que sufren viene ya dado, y duramente aplicado, mediante la simple prolongación de sus procedimientos judiciales respectivos.
En su página web, la Federación Internacional de Periodistas nos recuerda que en su penúltimo trámite judicial, “el 17 de junio de 2022, el Reino Unido aprobó la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos para someterlo a los cargos definidos en la Ley de Espionaje de aquel país, por revelar documentos referidos a los crímenes de guerra cometidos contra civiles en Afganistán e Irak, incluyendo el asesinato de dos periodistas de la agencia Reuters. Si fuera encontrado culpable, Assange se enfrentaría a una condena de hasta 175 años de cárcel”.
Desde el año, 2010, Julian Assange ha sufrido toda clase de acusaciones y peripecias policiales y judiciales, desde su propio país de origen, Australia, pasando por Suecia, el Reino Unido, donde se encuentra, a la espera de que se ejecute finalmente la extradición que puede poner su vida en peligro. Todos esos procesos ya constituyen en sí mismos un castigo importante.
Algunos mencionan las críticas contra el personaje, las acusaciones de abuso sexual o sus extravagancias y escasa simpatía personal, como justificación. Sin embargo, a estas alturas, las penalidades de años de todo su recorrido vital pesan más, sin duda.
Otros sugieren que el periodismo y los periodistas encubren con frecuencia una posible dedicación subyacente de espionaje. ¡Como si no hubiera diplomáticos, inspectores de Hacienda, médicos o tipos aparentemente dedicados a la fontanería, que ejercen también de espías! Conozco a un experto abrepuertas que fue espía y sospecho de varios profesores universitarios que no tengo demasiado lejos. ¿Son espías? No lo sé, según la “lógica” de quienes apresaron a Assange y a Pablo González, podría ser.
Sin embargo, a nadie se le ocurre encarcelar sin más al fontanero, al cerrajero o al profesor-experto-espía que da cursos en varias universidades. Hacerlo con un periodista les parece más fácil y “evidente”. Las autoridades de las que hablamos (polacas o británicas) actúan como si estuviera justificado sin más y el hecho les parece ejemplarizante.
En el caso de Pablo González, el tribunal regional de la ciudad de Przemyśl (sureste de Polonia) decidió hace pocos días prolongar por otros tres meses la prisión preventiva del periodista detenido el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, persisten quienes relanzan sombras de duda sobre él, sin que reclamen a la vez la misma transparencia por parte de Polonia, un país miembro de la Unión Europea del que hay dudas —incluso en la propia Comisión— del equilibrio de su sistema jurídico y del respeto político de Varsovia a la división de poderes.
De modo que casi inconscientemente se hace una traslación con apariencia de silogismo. Forma parte del automatismo mental de los cantamañanas: Pablo González es también Pavel Rubtsov, que no puede ser sino un espía. Así se evita pensar que Rubtsov podría ser también el nombre de un delantero centro búlgaro a punto de fichar por el Betis.
Desde luego, no sé si le ayuda del todo tener el mismo abogado que personajes —digámoslo suscintamente— muy controvertidos, como Sito Miñanco o Carles Puigdemont. El impacto mediático y la defensa de las personas no siempre se mezclan bien, aunque el abogado sea muy conocido.
Aunque de lejos y en menor medida, Gonzalo Boye recuerda el caso del difunto abogado francés Jacques Vergés, quien defendió lo mismo a Carlos el Chacal que al nazi Klaus Barbie o a Khieu Samphân, líder de los Jemeres Rojos. El grupo de asistentes a su entierro fue visto como un cóctel explosivo, donde estaban el humorista de extrema derecha, Dieudonné, y Roland Dumas, condenado por corrupción y exministro socialista del círculo íntimo de François Mitterrand.
En todo caso, no estamos ahí: nos parece claro el abuso de las autoridades polacas. Pablo González puede ser acusado de espía, como cualquier otro individuo, pero esas acusaciones tienen que basarse en algo que no podrán mantener secreto indefinidamente.
Amnistía Internacional ampara la demanda de un proceso justo para Pablo González. Y la Federación Internacional de Periodistas ha pedido a Polonia que “retire todos los cargos (…) y lo libere sin más demora porque es inaceptable que un estado miembro de la Unión Europea detenga a un periodista de una forma tan arbitraria. Es un ataque a la libertad de prensa y a la democracia».
Pablo González lleva más de medio año incomunicado y su familia apenas ha recibido noticias suyas en ese tiempo. Sus familiares tampoco han podido visitarle en la cárcel, ni hablarle por teléfono. Y la asistencia consular de la representación diplomática española en Varsovia ha sido también esporádica.
El 30 de julio, Gonzalo Boye, su abogado, presentó una solicitud al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OHCHR) para que investigue esa detención prolongada y que —cada vez más— parece tener menos justificación.
Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha declarado: «Hay que denunciar que no se han respetado sus derechos. González debe tener un juicio justo sin más demora. Es necesario conocer los argumentos de la fiscalía para una acusación tan grave y él debe ser puesto en libertad provisional, con las medidas cautelares que el tribunal considere necesarias».
En el mismo sentido, Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha dicho lo siguiente: “La prórroga de su prisión preventiva, junto a la falta de argumentación jurídica para su detención, son una afrenta a la libertad de expresión en un país de la Unión Europea».
Sin que los encarcelamientos preventivos de Julian Assange y de Pablo González tengan la misma dimensión, el caso de este último merece las diversas iniciativas puestas en marcha para pedir el fin de ese castigo impropio de la UE. Polonia es un Estado miembro ya sometido a sospecha por querer atropellar la independencia de su propio ordenamiento jurídico.
No soy jurista, desde luego, pero entiendo que el procedimiento no puede convertirse por sí mismo en condena y en aplicación de la pena, todo a la vez.
