Un trabajador con una incapacidad total y permanente ya no puede ejercer su profesión habitual. Cuando se declara que una persona tiene esta condición, significa que su nivel de incapacidad se reconoce como igual o superior al 33 por ciento.
En España, la incapacidad permanente total es un estatus reconocido por la seguridad social que está sujeto a una serie de restricciones que no deben ser ignoradas.
Incapacidad permanente total: generalidades
La incapacidad permanente total se define como la imposibilidad de que el trabajador ejecute el trabajo que venía realizando habitualmente. No obstante, puede seguir desarrollando otras tareas.
Es decir, no toda la actividad laboral está completamente incapacitada por las cuestiones que imposibilitan hacer una determinada tarea.
Es fundamental tener claro lo que constituye un trabajo normal. En función de las circunstancias que dan lugar a la incapacidad total y permanente. Si esta circunstancia se produce como consecuencia de una enfermedad generalizada, se tendrá en cuenta el trabajo efectuado en los doce meses anteriores.
Sin embargo, sólo se tendrá en cuenta el trabajo hecho en el momento del accidente si la incapacidad es consecuencia de un accidente, esté o no relacionado con el trabajo.
Debido a las diversas valoraciones que la Seguridad Social hará a lo largo del tiempo, la incapacidad permanente total puede ser revocada ocasionalmente en determinadas circunstancias.
Tanto la resolución de la afección médica que dio lugar a la incapacidad como el rechazo al tratamiento o la desobediencia a los consejos médicos para mejorar la salud podrían dar lugar a la revocación de esta circunstancia.
¿La incapacidad permanente total tiene beneficios?
El nuevo servicio para el cuidado de personas mayores en casa que va a llegar al mercado español llamado Beeping explica cuáles son las ventajas de esta condición en ancianos:
Ventajas económicas
La identificación de esta discapacidad imposibilita a la persona a continuar con la actividad económica habitual que venía desarrollando.
Por este motivo, el gobierno reconoce una pensión que ayuda a aminorar el perjuicio económico que supone no poder trabajar.
Aunque también se ha visto que puede anularse si desaparecen las condiciones que causaron la incapacidad total y permanente, en teoría, esta pensión se pagará de por vida.
La cuantía que se percibirá al obtener esta pensión depende de varios factores, como la base de cotización anterior, la circunstancia que da lugar a la pensión y la edad de la persona en el momento de la circunstancia.
Dicho esto, es casi imposible determinar el importe concreto de la pensión de una persona sin tener acceso a sus datos.
Sin embargo, es habitual que se reconozca el 55 por ciento de la base de cotización al inicio y el 75 por ciento en determinadas circunstancias para los mayores de 55 años.
La presencia de personas a cargo por parte del solicitante de la incapacidad total y permanente, que debe probarse en el momento de la solicitud de la ayuda, supondrá, por supuesto, un aumento de la cuantía.
Beneficios laborales
Una persona con incapacidad total y permanente no puede trabajar, pero puede ejercer otras formas de empleo e incluso cobrar el subsidio de desempleo.
En estos dos supuestos, la pensión de invalidez sigue vigente y se integra perfectamente con el resto de los ingresos.
Sin embargo, hay que distinguir claramente esta tarea de aquellas en las que se ha reconocido la incapacidad permanente total.
El gobierno evaluará las circunstancias del individuo y, muy probablemente, dejará de reconocerle la incapacidad si acaba trabajando en un puesto similar al que tenía antes de quedar incapacitado.
Estudios
A menudo es importante someterse a un reciclaje profesional para que una persona con discapacidad total y permanente pueda volver a trabajar.
Por ello, el gobierno financia muchos cursos, másteres y otros tipos de formación reconocida para las personas con este problema.
Ayuda para adaptar viviendas y transporte público
Hay casos en los que la discapacidad permanente absoluta conlleva a una pérdida de movilidad, lo que hace necesario adaptar las viviendas en las que residen estas personas. Incluso la exigencia de trasladarse a una nueva vivienda con mejores condiciones de vida si es necesario. Además, reciben subsidios para el uso del transporte público.
