Angelina dos Santos[1]
Sindicalistas, villeras, inquilinas, trabajadoras no formales, académicas, políticas de izquierda y activistas feministas se preparan para tomar juntas las calles de Argentina el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en un paro feminista. La principal reivindicación será la lucha contra el hambre, en un contexto en el que la pobreza afecta a 57 por ciento de los 46 millones de habitantes.
«La bandera más fuerte que se va a levantar este 8 de Marzo es la de la emergencia alimentaria», dijo a openDemocracy la activista María Claudia Albornoz, del movimiento villero La Poderosa, que agrupa a habitantes de las ‘villas (barrios precarios y no regulados)’. En Argentina hay casi 6500 villas, donde viven alrededor de cinco millones de personas sin acceso regular a electricidad, agua y saneamiento.
En los tres meses que lleva gobernando el presidente libertario de extrema derecha Javier Milei, los precios de los alimentos subieron 56 por ciento, según cifras de La Poderosa. Mientras, la tasa oficial de inflación anual es de 254 por ciento.
Los salarios y jubilaciones se deterioran, las personas llegan a los supermercados sin saber si el dinero que tienen en el bolsillo les permitirá comprar los alimentos que llevaron a casa unos días atrás, pero con una certeza: artículos de primera necesidad, como champú, se convirtieron en objetos de lujo.
Los almacenes (tiendas) barriales que fían a sus clientes ya no anotan el precio de los productos que se llevan, sino qué producto es y qué cantidad, porque los precios aumentan constantemente.
El corte drástico de algunas ayudas sociales y de los fondos públicos destinados a los comedores comunitarios – las ‘ollas populares’ – afectó el último recurso de las familias más empobrecidas para subsistir.
En el país hay unas 44.000 ollas gestionadas por organizaciones sociales, civiles y religiosas, que recibían del gobierno alimentos secos como pasta, arroz y yerba.
Algunos gobiernos provinciales, empresas, vecinas y vecinos aportaban carnes y verduras. En algunos casos, las ollas también lograban una prestación de dinero del estado o fondos de programas internacionales de Naciones Unidas. Con esos insumos, los comedores elaboraban diez millones de platos al día.
Pero la actual administración cortó el suministro de alimentos y las prestaciones con el argumento de auditar el uso de esos recursos y «terminar con la extorsión» de la que se acusa a movimientos de desempleados y desempleadas que manejan parte de las ollas y que protestan cortando vías de transporte, los llamados piqueteros.
«Ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el estado nacional con el dinero que aportan los argentinos que trabajan», explicó la ministra de nuevo Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Las protestas no se hicieron esperar; y la respuesta oficial tampoco. «Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Vengan de a uno que les voy a anotar el DNI (documento de identidad), el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente\», les dijo la ministra a las personas que el 1 de febrero llegaron a las puertas del ministerio con carteles que decían «Con el hambre del pueblo no se negocia».
Pero cuatro días después, mientras más de diez mil personas hacían fila para ser atendidas por Pettovello, la ministra firmaba un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina por más de 210.000 dólares.
«Estamos en una situación de muchísima desesperación porque al no tener esos alimentos básicos, no podemos cocinar», explicó Albornoz, refiriéndose a la labor de los 158 comedores que gestiona La Poderosa en todo el país.
«Esto nos provoca una enorme desazón, tristeza, dolor, porque no podemos alimentar a nuestras familias, un rol que está muy prendido a las mujeres y a las disidencias sexuales», agregó.
La socióloga Lucía Cavallero, investigadora de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la agrupación ‘Ni Una Menos’, que lucha contra la violencia de género, dijo: «Hay una profundización inédita en la historia de la devaluación del peso; un congelamiento deliberado del salario y de los subsidios sociales, por lo que hay una inflación brutal; y un discurso perverso de decir que podría ser peor».
Estas medidas de austeridad, el aumento de la pobreza y de la inseguridad son los asuntos centrales que la huelga feminista del 8M denunciará esta semana. El manifiesto que se leerá en la jornada incluye lemas que desafían las ideas libertarias que pregona Milei, como «Sin derechos y con hambre no hay libertad» y «Basta de ajuste y represión».
«Los feminismos pudimos empezar a consensuar temas que a nosotras, las villeras, las personas que no logramos cubrir la canasta básica de alimentos, nos parecen prioritarios», dijo Albornoz. Esa canasta, que mide los precios de un conjunto de alimentos para una persona adulta durante un mes, ronda los 110 dólares al cambio oficial, mientras el promedio del ingreso individual urbano era, a fines de 2023, de 218 dólares.
‘Absolutamente sin derechos’
Según datos oficiales, en los últimos tres meses se sumaron un millón de nuevos pobres por mes. Pero Albornoz cree que el problema está subestimado. «En dos meses sumamos seis millones de nuevos empobrecidos», dijo, citando datos del Observatorio Villero de La Poderosa.
El comienzo del año escolar obliga a muchas familias a buscar tristes soluciones creativas por no poder pagar los 150 dólares que cuestan los útiles escolares. En el mejor de los casos, las familias reutilizan todo lo que haya sobrado de años anteriores. En el peor, «las madres cuentan que tienen que elegir qué hijos mandar a la escuela porque no tienen los útiles escolares ni los guardapolvos para mandarlos a todos», dijo Cavallero.
«A todo eso se suma la desregulación de la economía en casi todos los ámbitos», agregó.
El ejemplo se observa en el acceso a la vivienda, luego de que el 29 de diciembre el gobierno derogó la ley que regulaba el mercado de alquileres.
«Nos dejó a los inquilinos e inquilinas absolutamente sin derechos», indicó Tamara Lescano, del movimiento social Inquilinas Agrupadas. «Al no haber marco legal, se habilita el abuso inmobiliario». Ahora, los contratos de alquiler no tienen un período mínimo y pueden ser rescindidos a discreción de los propietarios, sin necesidad de consultar a quienes alquilan ni dar una razón para el desalojo, lo cual era ilegal.
Según Lescano, hay diez millones de personas que alquilan, un sector que va creciendo, mientras cada vez menos propietarios concentran más propiedades. La agrupación recibe entre cuarenta y cincuenta pedidos de asesoramiento por día, principalmente de mujeres con menores a cargo, presionadas por propietarios de las viviendas que son mayoritariamente varones.
Protesta feminista contra un gobierno antifeminista
Desde 2015, cuando se iniciaron las asambleas entre grupos, los feminismos argentinos consiguieron algo que probablemente ningún otro movimiento social haya logrado: abordar simultáneamente la reproducción de la vida doméstica y comunitaria, así como el trabajo regulado y el informal invisibilizado.
En la coyuntura determinada por la crisis y las políticas de Milei, «lo último que hay que hacer es una estrategia de gueto o una estrategia que le permita al gobierno señalizarnos o aislarnos de otras luchas generales», observó Cavallero, de ‘Ni Una Menos’, y una de las organizaciones que coordinan las asambleas preparatorias de la marcha.
Las alianzas tejidas les permitieron a los feminismos debatir coyunturas y planificar las movilizaciones callejeras en locales sindicales, una práctica que, según Cavallero, reconoce las luchas históricas y las conquistas de trabajadoras y trabajadores e inscribe en ellas a los feminismos.
Pero quizá el mayor logro haya sido que hasta los feminismos más «blancos» se abanderaran con una reivindicación, la emergencia alimentaria, propia del feminismo «marrón» – tal como los caracterizó Albornoz. «Este año lo que me parece que cambió es que somos prioridad», aseguró.
Esa capacidad de compartir y validar experiencias y elaboraciones políticas de villeras, académicas, sindicalistas y personas LGBTIQ, les ha permitido a los feminismos acordar estrategias de resistencia.
Entre los obstáculos figura el rígido control gubernamental destinado a desalentar y criminalizar las protestas. En ese marco, juntas preparan la huelga de este 8 de Marzo.
Cuatro días después de que asumiera Milei, empezó a regir un protocolo «antipiquete», que transformó en delito cualquier protesta pública que implique el corte de calles o rutas. El reglamento permite reprimir a las manifestantes y contiene disposiciones específicas para criminalizarlas, perseguirlas y estigmatizarlas.
«Te identifican en las marchas, te sacan fotos, te filman. Cuando nos movilizamos, la policía, que está muy violenta, nos reprime rápidamente. Esto ya ha pasado en varios momentos», dijo Albornoz, haciendo referencia a cientos de protestas que diferentes organizaciones sociales han montado en todo el país en repudio a las políticas de ajuste del gobierno.
El protocolo, además, habilita al gobierno a exigir a las organizaciones sociales o sindicales el pago de fuertes multas; a privar a los manifestantes de las ayudas sociales que reciban y a sancionar a padres, madres o responsables que lleven menores a las marchas.
Gabriela De la Rosa, integrante del ‘Polo Obrero’, organización social afiliada al trotskista Partido Obrero, que administra unas tres mil cocinas comunitarias en el país, entiende que son intentos de amedrentar a los sectores más empobrecidos.
«El movimiento de desocupados y desocupadas está encarnado mayormente por compañeras que se movilizan con todo su núcleo familiar porque no tienen con quién dejar a sus hijos para reclamar la comida de sus hijos», dijo la dirigente feminista. «En los piquetes, en los acampes, en las movilizaciones, las familias muchas veces tienen una olla para comer, y en su casa, no», añadió.
Un prontuario de gestión misógina
El discurso misógino que Milei pregonó durante su campaña electoral se materializó en una avalancha de medidas regresivas para los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ.
Se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que pasó a ser una subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, con una encargada ad honorem, dentro de la nueva cartera de Capital Humano. De un plumazo, terminaron dos programas de apoyo a víctimas de violencia de género; uno que buscaba fortalecer su independencia económica, y otro que brindaba apoyo psico-social y legal. Además, se redujo el personal que atendía el servicio telefónico al que podían llamar para asesorarse.
También se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que trabajaba para prevenir y combatirlos, y se prohibió el uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en la administración pública.
Asimismo, el gobierno pretende rebajar o desmantelar logros legales de la lucha feminista, como eliminar el concepto central de la Ley Micaela que, desde 2019, obliga a capacitar en género y violencia de género a todos los funcionarios públicos. Legisladores oficialistas, además, presentaron un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2020.
El gobierno fundamenta los cierres y recortes de servicios en la austeridad fiscal requerida para salir de la crisis y en la idea de que «las perspectivas de género se han usado también como negocio de la política», según dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni.
Pero los principales ataques a las mujeres y personas LGBTIQ han surgido del propio presidente.
En su discurso frente al Foro Económico Mundial de Davos a mediados de enero, habló de «la crueldad de la agenda sangrienta del aborto», proclamó la inexistencia de la desigualdad de género y definió al feminismo como «una pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer».
En un discurso que dio en un colegio secundario el 6 de marzo dijo que el aborto es «un homicidio agravado por el vínculo» y calificó a quienes promovieron su legalización «asesinos de pañuelos verdes».
Los feminismos argentinos consideran que sus ataques, sumados a la inseguridad alimentaria y la incertidumbre generalizada por la inflación y los bajos salarios generan una atmósfera de mucha conflictividad.
«Hay miedo de lo que pueda pasar en la movilización del 8 de Marzo», reconoció Albornoz. «Venimos haciendo asambleas justamente para correr este miedo y para que las vecinas entiendan que si no salimos a la calle y defendemos nuestros derechos, vamos a perder mucho más de lo que perdimos ya», explicó.
La activista feminista Raquel Vivanco, fundadora del ‘Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven’, que monitorea los feminicidios en el país, estima que Argentina va «hacia un escenario de recrudecimiento de la violencia en general y de género en particular».
«Estas condiciones estructurales de extrema pobreza y desocupación generan… una mayor violencia que después se termina evidenciando, por ejemplo, en el aumento de las estadísticas de feminicidios», dijo Vivanco.
El año en que el Observatorio registró la mayor cantidad de feminicidios (297) fue 2019, último del mandato del presidente derechista Mauricio Macri, quien también implementó políticas de ajuste, aunque no tan extremas como las de Milei. Entre enero y febrero de 2024 hubo 42 feminicidios en Argentina.
Para evitar situaciones de violencia en las movilizaciones del 8 de Marzo, «tomaremos todos los recaudos posibles», dijo la economista Candelaria Botto, directora de la asociación civil interdisciplinaria Economía Feminista, que busca visibilizar las desigualdades de género en el mundo del trabajo y el mercado. «Pero sabemos que tenemos la obligación de estar ahí, en la calle, porque van por nosotras».
- Este artículo se publicó originalmente en DemocraciaAbierta.
- Artículo difundido por la IPS.
