El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su gobierno enfrentan un deterioro de gobernabilidad y popularidad, atrapados entre las presiones económicas por austeridad fiscal y un parlamento dominado por el moralismo de la extrema derecha, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
La reprobación empresarial, especialmente del mercado financiero, a las recientes medidas y propuestas del gobierno de izquierda moderada se refleja en el cambio de la moneda nacional y en la Bolsa de Valores de São Paulo.
El dólar estadounidense alcanzó 5,40 reales el miércoles 12 de junio, su más elevada cotización desde 4 de enero de 2023, cuando llegó a 5,45 reales por las incertidumbres del inicio del gobierno de Lula. Subió 2,9 por ciento en los doce primeros días de junio y 11,4 por ciento en lo que va del año, mientras el índice bursátil cayó 10,6 por ciento,
La moneda brasileña está entre las que más se devaluaron en el mundo, junto a las de países que viven conflictos armados, como Nigeria y Sudán del Sur, o graves crisis económicas, como Argentina y Venezuela.
El gobierno acumula derrotas en el Congreso Nacional, especialmente en temas considerados «de costumbres», prioritarios para los ultraconservadores, encabezados por líderes religiosos, principalmente de iglesias evangélicas.
Moralismo sin ética
El caso más alarmante de la actual ofensiva reaccionaria es un proyecto de ley que equipara al delito de homicidio cualquier aborto de fetos con más de veintidós semanas de gestación.
La Cámara de los Diputados aprobó el miércoles 12 de junio 2024 el régimen de urgencia para la votación de esa propuesta de un representante del Partido Liberal, de extrema derecha.
La ley vigente, de 1940, considera legal el aborto en casos de violación y de riesgos de muerte para la madre, sin limitarlo a ningún período de gestación.
El Supremo Tribunal Federal sumó en 2012 una tercera excepción a la penalización y la anencefalia del feto pasó a justificar legalmente la interrupción de una gestación.
Lula y su equipo, con pocas excepciones, no se manifestaron sobre ese intento de retroceso de 84 años en los derechos de las mujeres. El gobierno debe priorizar los temas económicos y relegar las cuestiones de «costumbres», en que prevalecen los conservadores que dominan el Congreso actual, alegan dirigentes oficialistas.
Pero la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, sí reaccionó. El proyecto, si resulta aprobado, agravará «la epidemia de abuso sexual infantil» y la cantidad de niñas embarazadas con menos de catorce años, que serían «revictimizadas», protestó.
Los datos del Sistema Único de Salud apuntan a que en Brasil hay un promedio diario de 38 de esas niñas convirtiéndose madres.
Representantes del movimiento feminista, incluidas legisladoras, recuerdan que sesenta por ciento de las violaciones sexuales tienen niñas menores de catorce años como víctimas. «Niña no es madre», es la consigna de rechazo al proyecto.
La nueva ley que pretende la derecha moralista condenaría a las niñas o mujeres a la cárcel por entre seis y veinte años, la pena del homicidio común, que se extiende a los médicos y otros responsables en practicar el aborto.
Mientras los violadores están sujetos a penas de seis a diez años, que pueden elevarse a catorce años si provocan una lesión física grave. Es decir se pretende penalizar más la víctima que al agresor.
Oposición dentro y fuera del Congreso
Ese tema refleja la debilidad del gobierno en un Congreso en que una mayoría definida como centrista, apodada el «Centrão» o Gran Centro, sigue en buena parte el liderazgo de la extrema derecha, comandada por el expresidente Jair Bolsonaro y su Partido Liberal (PL), cuya bancada suma 99 diputados y catorce senadores.
Es el mayor partido en la Cámara que reúne 513 diputados y el segundo en el Senado, con 81 miembros.
Más libertad para la compra y la posesión de armas por civiles, endurecimiento del combate a las drogas y del régimen carcelario, bloqueo a los intentos de castigar la desinformación en las redes digitales y restricciones a los derechos de las minorías sexuales son otros temas en que los avances de la extrema derecha no se limitan al ámbito legislativo.
El Consejo Federal de Medicina, por ejemplo, prohibió el 24 de abril que médicos practiquen la asistolia fetal, la parálisis del corazón mediante una inyección, para promover el aborto tras las veintidós semanas de gestación.
El Supremo Tribunal Federal suspendió la medida, por violar la legislación vigente y exceder las atribuciones reguladoras de ese Consejo.
Las acciones legislativas de la extrema derecha prosperan ante la pérdida de popularidad del gobierno, que evidencia estar a la defensiva. Las encuestas de opinión apuntan una fuerte caída de la aprobación desde mediados de 2023.
Erosión de la credibilidad
En un sondeo de marzo, 58 por ciento de los 2002 entrevistados por el Instituto Datafolha manifestaron su decepción, al decir que Lula hizo menos de lo que se esperaba del presidente.
Suele ser habitual el desgaste de la confianza popular en el segundo año de gobierno. En Sudamérica gobernantes de una nueva izquierda, como Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile, también sufrieron una rápida erosión del respaldo popular.
Pero en Brasil el actual mandatario representa un seguro contra la amenaza antidemocrática de la extrema derecha, una situación similar a la de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden se presenta como el único capaz de evitar la vuelta de Donald Trump al poder.
Bolsonaro fue inhabilitado por la Justicia Electoral hasta 2030 por graves irregularidades, pero el exgobernante mantiene su capacidad de movilización de sus seguidores para disputar nuevamente la presidencia a través de un aliado.
Además Lula generó expectativas de una bonanza económica y social, además de una cierta pacificación política, para superar la polarización radical que abrumó el país en las elecciones presidenciales de 2018 y durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
En el frente económico, donde Lula y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, obtuvieron la aprobación general en 2023 por avanzar en una reforma tributaria intentada sin éxito en las tres décadas anteriores y presentar un plan de recuperación fiscal aceptado con algunas restricciones por el mundo económico.
Pero en 2024 algunas medidas que buscan incrementar los ingresos fueron rechazadas por el Congreso y por el empresariado en general, generando reacciones negativas. El gobierno solo quiere aumentar impuestos, en lugar de reducir gastos públicos que crecen de manera insostenible, critican economistas y líderes empresariales.
La aprobación de algunas medidas, como gravar pequeñas importaciones de hasta 50 dólares, favorece las cuentas públicas, pero afecta la popularidad del gobierno junto a las capas más pobres que recurren a esas importaciones.
En otros casos, como la eliminación de subsidios para la recuperación de empresas promotoras de eventos, golpeadas por la paralización de las actividades durante la pandemia de la COVID-19, se logró a medias en un acuerdo con el Congreso.
El gobierno tuvo que renunciar a cerca del equivalente a tres mil millones de dólares en ingresos para su aprobación.
Pero otras medidas tuvieron el total rechazo, como el intento de poner fin a una reducción de contribuciones previsionales por las empresas de diecisiete sectores que emplean muchos trabajadores, con el objetivo de generar más empleos.
La medida, adoptada en 2011, debería acabar en 2014, pero se prorrogó varias veces. Ahora el gobierno tuvo que aceptar un acuerdo para su extinción gradual hasta 2027.
La última propuesta gubernamental, de poner fin a créditos tributarios de grandes empresas, encontró fuerte oposición y es el motivo inmediato de la caída del real y la Bolsa de Valores.
Además de la creciente oposición del llamado mercado a lo que se considera una política fiscal floja, de gastos crecientes, el gobierno enfrenta un conflicto ambiental.
Lula anunció que avanzará en la exploración petrolera en el área de la desembocadura del río Amazonas, condenada por los ambientalistas y por la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.
«No podemos perder ninguna oportunidad» para promover el crecimiento económico nacional, justificó el presidente.
Aseguró que se cumplirán todos los requerimientos ambientales, pero asume el riesgo de otra erosión de su credibilidad, ya que prometió hacer un gobierno ambientalista luego de elegirse por tercera vez como presidente de Brasil, en octubre de 2022.
