El endurecimiento de la política migratoria impulsada por Donald Trump —con vetos de entrada, cancelación de programas humanitarios y una interpretación cada vez más discrecional en los puertos de entrada— está teniendo efectos inmediatos sobre decenas de periodistas latinoamericanos que ya trabajan en Estados Unidos o planean viajar al país para informar.
El nuevo marco, denuncia la periodista Katherine Pennacchio en LatAm Journalism Review (LJR), combina cierres de visado, incertidumbre jurídica y recortes de la cooperación que sostenía programas de protección, creando un muro que limita tanto la libertad de movimiento de la prensa como su propia subsistencia económica.
Un veto a diecinueve países con efecto dominó
La proclamación firmada el 9 de junio prohíbe o restringe la entrada de ciudadanos de diecinueve países, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela, bajo el argumento de «riesgo significante» para la seguridad nacional. El documento alude, por ejemplo, a la «falta de cooperación» de Caracas y a la elevada tasa de visados turísticos excedidos por venezolanos para justificar las nuevas barreras.
«Mi peor miedo es salir y no poder volver»
Mariana Padrón, periodista venezolana residente en Nueva York con visa de talento, lo resume así: «He decidido tomar prevención extrema… Mi peor miedo es salir y no poder volver. Mis cosas están aquí, mi comunidad…». Su trabajo requería viajar a América Latina para cubrir eventos, pero el veto ha paralizado su agenda internacional.
El caso ejemplifica un fenómeno repetido: profesionales plenamente documentados que optan por «encerrarse» en EEUU ante el riesgo de quedar atrapados fuera o de ver revocada su autorización de entrada.
Discrecionalidad en la frontera
«La visa no es un derecho, es un privilegio», advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio. El abogado migratorio Roberto Sarmiento alerta de que, con la nueva normativa, «todo queda a la merced del oficial de turno, que puede ser racista o sencillamente ignorar el tipo de visado que está viendo».
En marzo ya fueron revocadas más de trescientas visas de estudiantes sin explicación clara, y ahora los profesionales de la información temen que la visa I —creada para periodistas extranjeros que cubren noticias en EEUU— se convierta en el próximo cuello de botella.
Alertas de seguridad y consejos de autoprotección
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha emitido una guía específica para reporteros que planean cruzar la frontera estadounidense. Recomienda valorar si el viaje es imprescindible, prever interrogatorios prolongados, copias forzadas de dispositivos y registros de redes sociales; en caso de duda, sugiere trabajar en remoto.
La organización recuerda que los agentes de Aduanas pueden inspeccionar teléfonos y portátiles sin orden judicial, que rechazar el acceso puede derivar en detenciones prolongadas y que los cambios de política pueden aplicarse de forma inmediata, sin periodo de gracia.
El efecto cascada sobre el asilo y el TPS
Más allá de los visados de trabajo, la Administración Trump ha eliminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y frenado los programas de parole humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de cerrar prácticamente la vía de asilo en la frontera con México.
Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, señala otro ángulo crítico: la congelación de fondos de USAID paralizó proyectos gestionados por la Organización Internacional para las Migraciones, dejando «a la gente varada». Según Cárcamo, incluso becas ya adjudicadas han sido suspendidas.
Mariana Belloso, coordinadora de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio, confirma que los procesos de asilo llevan años atascados: «Tenemos casos de colegas que llevan tres o cuatro años aquí y aún no han tenido su primera entrevista».
Nicaragüenses en limbo, venezolanos pendientes de deportación
En los registros de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) figuran al menos veinte reporteros nicaragüenses en EEUU bajo parole y otros 35 desterrados; todos temen deportaciones que los devolverían al país donde fueron perseguidos. «Nos preocupa muchísimo porque afecta a buena parte del gremio», subraya su directivo Víctor Pérez.
La periodista venezolana Luz Mely Reyes advierte que la retirada del TPS deja a numerosos compatriotas en riesgo de expulsión: «Si se les devuelve, corren peligro; en Venezuela continúa la criminalización del ejercicio periodístico».
Puertas cerradas también para eventos académicos
Incluso quienes no pertenecen a países vetados sufren las consecuencias. El chileno Nicolás Sepúlveda, ganador del Lasa Media Award, vio cómo su autorización ESTA cambiaba a «no autorizado» días antes de volar sin explicación oficial. «Restringir la entrada por lo que escribes es propio de gobiernos autoritarios», criticó.
Golpe económico y redes de apoyo
El recorte de la ayuda exterior estadounidense golpea a los medios independientes que dependían de fondos de USAID para seguridad, formación o asistencia legal. Organizaciones centroamericanas exploran acuerdos con México y Costa Rica para reubicar a reporteros cuya solicitud de asilo sea denegada en EEUU: «La articulación y el trabajo colectivo hoy más que nunca son importantes», reivindica Cárcamo.
Estrategias para un nuevo escenario
- Planificación legal: abogados especializados recomiendan que los periodistas con visa I inicien cuanto antes procesos de residencia o busquen patrocinio empresarial que refuerce su estatus.
- Cobertura remota: redacciones latinoamericanas están reforzando corresponsalías virtuales —entrevistas por streaming, uso de freelancers locales— para sortear la incertidumbre fronteriza.
- Seguridad digital: cifrado integral de dispositivos, limpieza de redes sociales y copias en la nube reducen el riesgo de filtración de fuentes durante registros.
- Alianzas solidarias: redes como Relpex o PCIN comparten asesoría gratuita y acompañamiento psicológico para reporteros en exilio.
Entre la autocensura y la denuncia
«Los periodistas no saben ahora si poner un punto y coma o un punto final porque temen a quién pueden ofender», concluye Sarmiento. El temor a la deportación o la pérdida de la visa está empujando a algunos a rechazar coberturas sensibles o a limitar los viajes. Otros, sin embargo, redoblan la denuncia y tejen redes de apoyo.
Mientras tanto, organizaciones internacionales de prensa llaman a Washington a revisar medidas que, en la práctica, castigan la libertad de expresión de toda una región. En palabras de Reyes, «devolver a un reportero a un país donde su vida corre peligro contradice los principios democráticos que EE. UU. dice defender».
Con un panorama de visados incierto, ayudas congeladas y puertas cada vez más estrechas, el periodismo latinoamericano se enfrenta a una encrucijada: resistir en casa con menos recursos o arriesgarse a un exilio que ya no garantiza refugio. La respuesta, por ahora, pasa por la solidaridad entre colegas y la exigencia de que la seguridad nacional no sea pretexto para silenciar voces esenciales para la democracia.
