Un grupo de siete periodistas nicaragüenses —entre ellos Carmen Lucía Navas, Tania Jeanneth López y Gerall Chávez— ha solicitado por carta al Gobierno español la concesión de la nacionalidad, después de que las autoridades de Managua se nieguen a renovarles el pasaporte y les impidan regresar al país.
Su petición, relatada por la cronista Katherine Pennacchio en LatAm Journalism Review (LJR), describe un limbo legal que les deja sin documentos, sin patria y sin posibilidad de ejercer en libertad.
La historia, cuenta Pennacchio, recuerda al personaje de Viktor Navorski en La Terminal: «No están encerrados en un aeropuerto, pero no tienen patria». Desde agosto de 2018, cuando cubrían las protestas contra Daniel Ortega, viven en el exilio costarricense sin poder renovar sus documentos; Nicaragua se lo niega y Costa Rica tarda años en tramitar las solicitudes de asilo.
«Un apátrida de facto no puede volver a su país ni renovar la cédula, el pasaporte o acceder a salud y empleo», advierte Salvador Marenco, abogado del colectivo Nicaragua Nunca Más que respalda la demanda. El jurista recuerda que la figura, aún difusa en el derecho internacional, tiene los mismos efectos que la desnacionalización por sentencia judicial: deja a la persona sin protección consular y a merced de la burocracia de terceros Estados.
El 19 de mayo 2025, los siete informadores entregaron su petición al cónsul de España en San José y la remitieron, además, al rey, al presidente Pedro Sánchez y a las principales autoridades españolas: «Denunciamos ante la comunidad internacional la escalada de represión… que nos ha dejado en una situación de apatridia de facto», afirman en la carta. Entre los firmantes figuran también el fotoperiodista Óscar Navarrete y los reporteros Donaldo Hernández, Luis Martínez y Reyna Vallecillo.
El caso de Tania Jeanneth López ilustra la persecución: tras recibir amenazas y ver cómo paramilitares le requisaban el pasaporte en 2024, huyó a Costa Rica con lo puesto: «Tenemos órdenes de captura en nuestro país», explica. Su colega Carmen Lucía Navas, exreportera de La Prensa, apunta que pagan «un alto precio por seguir informando». Ambas temen que existan alertas migratorias internacionales que impidan sus desplazamientos.
La vida en Costa Rica tampoco es sencilla. Chávez relata que algunos exiliados no tendrán entrevista de elegibilidad hasta 2030 y que el pasaporte nicaragüense solicitado desde 2023 «nunca llegará». Otros vieron sus documentos confiscados o anulados en frontera. La precariedad económica y la sensación de inseguridad —tras el asesinato en San José del opositor Roberto Samcam, ya nacionalizado español— alimentan la búsqueda de una salida estable.
España se perfila como esa salida porque, tras la oleada de 2023, concedió la ciudadanía por carta de naturaleza a 222 presos políticos deportados a EEUU y, posteriormente, la amplió a otros 94 disidentes. El ministro José Manuel Albares subrayó entonces que el trámite se haría «muy rápido» para evitar la apatridia. En total, más de trescientos nicaragüenses han recibido ya el pasaporte español, entre ellos al menos veinticuatro periodistas.
Fuentes del Ministerio de Exteriores citadas por El País confirman que «estudian los motivos de cada caso». Mientras, la Asociación de la Prensa de Madrid ha pedido considerar la solicitud como «excepcional» y Reporteros Sin Fronteras (RSF) respalda la iniciativa recordando que «el cien por cien de la prensa independiente de Nicaragua está en el exilio».
El deterioro de la libertad de prensa respalda la urgencia: Nicaragua ha caído al puesto 172 de 180 países en la Clasificación Mundial de RSF y ha cerrado al menos 58 medios. Alrededor de 175 periodistas han huido desde las protestas de 2018, según datos de RSF citados por El País. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabiliza más de 300 muertos y 85.000 desplazados en aquel estallido social.
La dimensión europea del problema quedó patente en febrero, cuando el Parlamento Europeo condenó la «estrategia sistemática de represión» de Ortega y celebró que España ofrezca nacionalizar a los exiliados y sus familias. La resolución urge a los Veintisiete a reforzar la acogida y la asistencia.
Mientras, los siete reporteros mantienen viva su vocación. Tras jornadas laborales precarias, encienden la cámara para informar en Nicaragua Actual, Expediente Público o La Prensa digital, convencidos de que contar lo que ocurre es también «una forma de seguir perteneciendo» a su país.
«España puede ser nuestra nueva patria jurídica, pero nuestro compromiso sigue anclado en Managua», resume Hernández. La decisión está ahora en la Moncloa y en el Consejo de Ministros: decidir si la palabra empeñada de 2023 se materializa de nuevo y ofrece cobijo a quienes, aun despojados de papeles, no han renunciado a su oficio ni a su identidad.
