Cinco años después de las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020, la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) alerta de que al menos cuarenta periodistas permanecen encarcelados en Bielorrusia, con condenas que alcanzan los quince años por ejercer su profesión.
Además, los medios independientes y sus representantes han sido etiquetados como «extremistas», lo que ha desencadenado exilios, confiscaciones, procesos judiciales arbitrarios y hostigamiento permanente.
Desde aquel levantamiento popular de 2020, el régimen de Alexander Lukashenko ha intensificado una campaña sistemática para silenciar voces críticas.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Bielorrusia sigue siendo uno de los países más peligrosos de Europa para ejercer el periodismo independiente. Solo entre junio y julio recientes, las autoridades allanaron viviendas de periodistas exiliados, obligaron a sus familiares a grabar vídeos acusatorios y restringieron duramente el acceso a medios independientes declarados «extremistas», castigables incluso por consumir su contenido.
Este clima ha conducido al exilio forzado de más de seiscientos periodistas, muchos de los cuales continúan trabajando desde el exterior bajo la amenaza de juicios en ausencia, confiscación de bienes y represalias contra sus familiares.
La periodista Ksenia Lutskina, apresada por conspiración contra el Estado, relató que «fue llevada a la colonia penal en silla de ruedas… me di cuenta de que el periodismo se ha convertido realmente en una profesión mortal en Bielorrusia.».
Andrei Bastunets, presidente de BAJ (Asociación Bielorrusa de Periodistas), afirmó sobre la situación que «los registros, arrestos y abusos contra periodistas han sido incesantes durante cinco años, pero ahora han alcanzado el punto del absurdo».
Contexto institucional
La IFJ, junto con la EFJ (Federación Europea de Periodistas) y la BAJ, ha exigido la liberación inmediata de los periodistas presos. En 2024, la IFJ reclamó la excarcelación de 36 periodistas, incluidas diez mujeres, apelando directamente a Lukashenko y al Ministerio de Exteriores bielorruso.
Por su parte, RSF ha denunciado que el régimen ha tratado de «aniquilar todo periodismo independiente», destacando la multiplicación de arrestos, registros, censura y hostigamiento desde 2020.
La situación en Bielorrusia representa un caso emblemático de cómo los regímenes autoritarios intentan desarticular el periodismo independiente mediante encarcelamientos selectivos, procesos judiciales amañados y represión sistemática.
A pesar del exilio y del cierre de medios, las voces críticas siguen resistiendo, con el respaldo de organizaciones internacionales comprometidas con la libertad de información.
