La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este 16 de septiembre 2025 que dejará de ejecutar sus proyectos financiados con cooperación internacional y cerrará sus oficinas.
La decisión obedece, según la propia organización, a las «asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone» la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
APES advirtió que la normativa está erosionando seriamente los espacios para la libertad de prensa, expresión y asociación en el país.
Ley de Agentes Extranjeros
El pasado 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la cual obliga a personas naturales y jurídicas que reciben financiamiento extranjero —directo o indirecto— a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), supervisado por el Ministerio de Gobernación.
Entre sus disposiciones se incluye un gravamen del treinta por ciento sobre dichos fondos, sanciones administrativas, fiscales, penales, e incluso la cancelación de la personería jurídica si no se cumplen los requisitos.
APES ha asegurado que esta legislación impone «condiciones que asfixian» no sólo sus operaciones, sino las de ONG, medios independientes y organizaciones de derechos humanos.
Según declaraciones recogidas por AP, la abogada Roxana Cardona, de la ONG Justicia Social y Contraloría Ciudadana, declaró: «La Ley de Agentes Extranjeros busca reprimir a todas aquellas organizaciones que promuevan la participación ciudadana…» Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, añadió: «Esto es parte de la escalada represiva… afecta derechos constitucionales … como el derecho de organización, el derecho de libertad de expresión».
Los testimonios de periodistas también muestran un clima de temor creciente. APES ha documentado que al menos 40 periodistas han abandonado sus residencias o se han desplazado fuera del país debido a hostigamientos, intimidaciones y restricciones arbitrarias.
En un caso relatado por la asociación, agentes de la Policía, el Ejército y el Sistema Penitenciario retuvieron durante más de dos horas a una periodista que cubría los avances del centro penitenciario conocido como CECOT, obligándola a borrar material fotográfico y confiscándole equipos. Luego la Fiscalía archivó el caso, aduciendo que la zona era de acceso restringido.
Para APES y otras voces críticas, la Ley no cumple con estándares internacionales.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su «seria preocupación» por el lenguaje ambiguo de la norma, las sanciones previstas y el impacto negativo anticipado en las libertades de asociación y expresión.
Amnistía Internacional también advirtió que la nueva legislación amenaza la viabilidad de organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación independientes.
La evidencia recogida por APES en su Informe de Libertad de Prensa 2024 muestra un récord en agresiones contra periodistas: 789 casos documentados. En el setenta por ciento de ellos se responsabiliza al Estado o a funcionarios públicos.
Esa situación sirve como telón de fondo de la crisis que ahora se intensifica con la ley y sus implicaciones prácticas. Muchos proyectos financiados desde el extranjero exigen rendición de cuentas, transparencia e informes, pero ahora se enfrentan a impuestos elevados, registros obligatorios de difícil cumplimiento y sanciones desproporcionadas.
Posibles consecuencias
- Cierre o paralización de proyectos sociales y periodísticos: APES ya ha anunciado que dejará de ejecutar proyectos internacionales, lo que puede afectar comunidades beneficiarias, medios pequeños, capacitación, investigación y servicios relacionados con derechos humanos.
- Pérdida de pluralismo informativo: Silenciar voces independientes, medios críticos o comunitarios puede empobrecer el debate público, limitar cobertura de abusos de poder y reducir acceso ciudadano a diversas fuentes de información.
- Estigmatización y criminalización: Ser catalogado «agente extranjero» puede llevar a multas, sanciones, restricciones legales, administrativas y presupuestarias, así como una percepción negativa frente a la población.
- Éxodo de periodistas y autocensura: Como ya documenta la APES, desplazamientos forzados, exilios internos o externos, y autocensura pueden convertirse en estrategias de supervivencia para periodistas bajo presión.
- Desconfianza institucional e internacional: Donantes, agencias de cooperación y organismos internacionales podrían reconsiderar su participación, ante la incertidumbre legal y fiscal y el riesgo reputacional.
Reacciones institucionales y organismos internacionales
Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) han pedido claridad y respeto de los derechos humanos consagrados en acuerdos internacionales y tratados.
Amnistía Internacional ha señalado que esta ley «amenaza los derechos y libertades de la sociedad civil y los medios de comunicación» en un contexto de debilitamiento institucional.
Organizaciones periodísticas internacionales como la Federación Internacional de Periodistas (FIP/IFJ) se han solidarizado con APES ante los ataques sistemáticos al gremio. El informe que documenta casi 800 agresiones en 2024 ha sido ampliamente citado como alerta roja.
Liderazgos de ONG locales, como Cristosal, Acción Ciudadana, Socorro Jurídico Humanitario, entre otros, participan del rechazo público.
Se puede concluir que la decisión de APES de cerrar sus oficinas y suspender proyectos internacionales es una medida extrema, pero que refleja la gravedad del contexto legal, político y social en El Salvador tras la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros.
Más que una norma técnica, se presenta como un instrumento de control sobre la sociedad civil y sobre el derecho humano esencial a la libertad de prensa y expresión.
Las consecuencias no serán sólo para APES, sino para toda la ciudadanía, que puede ver reducido su derecho a estar informada, a participar y a organizarse.
En ese escenario, la presión nacional e internacional, los recursos legales y la supervisión de organismos de derechos humanos parecen imprescindibles para evitar que la normativa se convierta en una herramienta de censura de facto.
