Amnistía Internacional ha publicado este 21 de abril 2026 un informe en el que no se limita a describir vulneraciones de derechos humanos: plantea, con claridad poco habitual, que el sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una crisis estructural.
La organización alerta de una ofensiva global contra los derechos fundamentales impulsada por gobiernos, corporaciones y movimientos antiderechos. En este contexto, el papel del periodismo y de países como España adquiere una relevancia renovada.
Un cambio de época en derechos humanos
El documento «La situación de los derechos humanos en el mundo» analiza la evolución en 144 países y concluye que no estamos ante un deterioro coyuntural, sino ante una transformación profunda del orden internacional.
Amnistía advierte de que el mundo se encuentra «al borde de una peligrosa nueva era» en la que actores poderosos cuestionan abiertamente el derecho internacional y el sistema multilateral.
La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, lo expresa sin ambages: «Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época».
Lo relevante no es solo la acumulación de conflictos o abusos, sino la normalización de estos comportamientos. La excepción se convierte en regla.
El debilitamiento del sistema internacional
Durante décadas, el multilateralismo ha funcionado como un frágil equilibrio entre intereses nacionales y normas comunes. Ese equilibrio, según el informe, se encuentra hoy seriamente comprometido.
Amnistía denuncia ataques directos contra instituciones como la Corte Penal Internacional, sometida a presiones políticas y sanciones por parte de algunos Estados.
Este debilitamiento no es neutro. Supone:
- Menor capacidad para investigar crímenes internacionales
- Mayor impunidad para los responsables
- Pérdida de credibilidad del sistema
En términos políticos, implica un desplazamiento desde un orden basado en normas hacia otro sustentado en la fuerza y el poder económico.
Conflictos que reflejan una tendencia global
El informe recorre distintos escenarios de conflicto —Gaza, Ucrania, Sudán o República Democrática del Congo— que, más allá de sus especificidades, comparten un patrón común: la vulneración sistemática del derecho internacional humanitario.
No se trata solo de guerras, sino de la forma en que se libran. Ataques a población civil, destrucción de infraestructuras básicas o desplazamientos masivos dejan de ser anomalías para convertirse en prácticas recurrentes.
La advertencia de Amnistía es clara: cuando las normas dejan de aplicarse, las consecuencias trascienden fronteras.
La sociedad civil, bajo presión
Uno de los elementos más preocupantes del informe es la creciente presión sobre la sociedad civil.
La represión adopta múltiples formas:
- Legislación restrictiva
- Uso desproporcionado de la fuerza
- Criminalización de la protesta
- Vigilancia y control
Incluso en democracias consolidadas se detectan retrocesos. El caso de Reino Unido, con la prohibición de una organización de protesta mediante legislación antiterrorista, ilustra hasta qué punto se estrecha el espacio cívico.
Para el periodismo, este contexto no es ajeno: afecta directamente a la libertad de información y al ejercicio profesional.
Tecnología y poder: una nueva frontera
El informe introduce un elemento clave para entender la evolución de los derechos humanos: el papel de la tecnología.
El uso de software espía, inteligencia artificial y herramientas de vigilancia amplía la capacidad de control de los Estados y de actores privados.
La cuestión no es solo técnica, sino política: quién controla estos instrumentos y con qué límites.
La convergencia entre poder político y tecnológico configura un escenario en el que los derechos fundamentales pueden erosionarse sin necesidad de recurrir a formas tradicionales de represión.
Desigualdad y erosión de derechos sociales
La dimensión económica del informe resulta igualmente significativa.
Amnistía denuncia recortes en ayuda internacional que podrían traducirse en «millones de muertes evitables».
Más allá de la cifra, lo relevante es el mensaje: las decisiones económicas tienen consecuencias directas sobre los derechos humanos.
La persistencia de la evasión fiscal y la falta de regulación de grandes corporaciones agravan las desigualdades y limitan la capacidad de los Estados para garantizar derechos básicos.
El cambio climático como factor multiplicador
El informe insiste en que la crisis climática no es un problema sectorial, sino un factor que amplifica todas las demás crisis.
Las previsiones de aumento de temperatura —hasta 3 °C a finales de siglo— implican riesgos evidentes para derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua o la vivienda.
En este punto, el análisis converge con el de organismos internacionales como Naciones Unidas, que reclaman integrar la perspectiva de derechos humanos en las políticas climáticas.
España en el tablero internacional
En este escenario global, el informe sitúa a España entre los países que han comenzado a adoptar posiciones más activas en defensa del derecho internacional.
El respaldo a iniciativas ante la Corte Internacional de Justicia o el reconocimiento de la gravedad de la situación en Gaza reflejan un cambio de tono en la política exterior.
No obstante, el propio informe advierte de que estas posiciones deben traducirse en acciones sostenidas y coherentes.
España, como otros países europeos, se mueve en un equilibrio complejo entre compromisos internacionales y dinámicas internas de la Unión Europea.
El papel del periodismo ante la crisis
Más allá del análisis político, el informe plantea una cuestión de fondo para la profesión periodística.
En un contexto de desinformación, polarización y presión sobre la sociedad civil, el periodismo se enfrenta a varios retos:
- Informar con rigor en entornos complejos
- Evitar la normalización de vulneraciones de derechos
- Dar voz a quienes sufren las consecuencias
- Fiscalizar el poder
La defensa de los derechos humanos no forma parte de una agenda ideológica, sino del núcleo mismo de la función informativa.
Conclusión: una advertencia y una responsabilidad
El informe de Amnistía Internacional 2026 no deja margen para la complacencia. Describe un escenario en el que los derechos humanos retroceden de forma simultánea en múltiples ámbitos.
Sin embargo, también apunta a la capacidad de reacción de la sociedad civil, de algunas instituciones y de determinados Estados.
«Que 2026 sea el año en que afirmemos nuestra capacidad de acción», señala Agnès Callamard.
Para el periodismo, la advertencia es clara: en momentos de retroceso democrático, la calidad de la información se convierte en un elemento esencial para sostener el debate público y la rendición de cuentas.
