La política energética de México afronta una creciente contradicción entre sus compromisos climáticos y el avance del fracking. Un análisis publicado por la agencia IPS, firmado por Emilio Godoy, advierte del peso de los intereses fósiles en la toma de decisiones y del riesgo de frenar la transición ecológica en el país.
El avance del fracking en México se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre la política energética nacional y los compromisos climáticos internacionales. Según expone Emilio Godoy, «el monstruo del fracking» continúa presente en la agenda energética mexicana, a pesar de las promesas gubernamentales de limitar esta técnica altamente contaminante.
La fracturación hidráulica, conocida como fracking, consiste en la inyección de agua, arena y productos químicos a alta presión para extraer gas y petróleo de formaciones rocosas. Diversas organizaciones ambientales alertan de sus efectos sobre el agua, el suelo y la salud pública, además de su contribución al cambio climático.
En México, el debate se intensifica por la aparente contradicción entre el discurso político y las prácticas energéticas reales. Aunque el Ejecutivo ha reiterado su intención de avanzar hacia energías más limpias, el análisis de IPS señala que la infraestructura y los planes asociados al fracking siguen activos.
Godoy subraya que «la política energética mexicana mantiene una dependencia estructural de los combustibles fósiles», lo que limita la capacidad del país para cumplir con sus compromisos en el marco del Acuerdo de París. Esta situación se agrava por la presión de actores industriales y por la necesidad de garantizar el suministro energético.
El reportaje también destaca la opacidad en la información sobre proyectos de fracking y la falta de datos públicos actualizados. Esta carencia dificulta el control ciudadano y el seguimiento de las políticas públicas en materia energética.
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El contexto internacional añade presión sobre México para redefinir su estrategia energética. Organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierten de la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según ONU Medio Ambiente, la expansión de los combustibles fósiles resulta incompatible con los objetivos climáticos globales.
Por su parte, laComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha insistido en la necesidad de acelerar la transición energética en la región. En diversos informes, el organismo señala que América Latina dispone de un gran potencial en energías renovables que permanece infrautilizado.
En el caso mexicano, la Presidencia de México ha defendido una política de soberanía energética basada en el fortalecimiento de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, esta estrategia ha sido cuestionada por organizaciones sociales y expertos, que reclaman una mayor apuesta por energías limpias.
El reportaje de IPS recoge también las voces críticas de organizaciones ambientales que denuncian los impactos del fracking en comunidades locales. Estas entidades alertan de la contaminación de acuíferos y de los riesgos sísmicos asociados a esta técnica.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en informes recientes la relación entre proyectos extractivos y vulneraciones de derechos en América Latina, especialmente en territorios indígenas.
En este contexto, la política climática de México se enfrenta a un dilema estructural: mantener su modelo energético basado en hidrocarburos o acelerar una transición hacia fuentes sostenibles. La decisión tendrá implicaciones no solo ambientales, sino también sociales y económicas.
El análisis de Emilio Godoy concluye que el país necesita una mayor coherencia entre sus compromisos internacionales y sus políticas internas. Sin cambios estructurales, advierte, México corre el riesgo de quedar rezagado en la lucha contra el cambio climático.
