La crisis de Ceuta ha entrado este lunes en una nueva fase de rendición de cuentas. La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de finales de julio, apreciando indicios de un ataque contra la integridad territorial del Estado y de una «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos.
El Gobierno, por su parte, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará mañana la desclasificación de los informes del CNI, la Policía y la Guardia Civil sobre la crisis, que se harán públicos el miércoles.
El ministro Ángel Víctor Torres ha situado en unos cuatro mil los retornos voluntarios a Marruecos desde el diez de agosto, aunque ha admitido que resulta «imposible» precisar cuántos inmigrantes permanecen todavía en la ciudad: las estimaciones oficiales oscilan entre los dos mil quinientos y cifras no oficiales de hasta dieciocho mil.
En paralelo, la periferia ceutí se ha movilizado por primera vez de forma coordinada bajo el lema «La periferia de Ceuta se moviliza», con marcha desde la barriada de Príncipe Felipe hasta las naves del Polígono del Tarajal, reclamando seguridad y normalidad antes del inicio del curso escolar.
En el plano sanitario, el Colegio de Médicos de Ceuta y la aseguradora A.M.A. han acordado sufragar los gastos de alojamiento y manutención de los facultativos voluntarios que refuercen la sanidad local, una iniciativa colegial y privada, no gubernamental.
La dimensión europea también se ha ampliado: el comisario de Migración, Magnus Brunner, ha anunciado que la Unión Europea trabaja en un sistema de alerta temprana para anticipar crisis similares en otras fronteras exteriores.
En Marruecos, a dos semanas de las elecciones legislativas del veintitrés de septiembre, la soberanía sobre Ceuta y Melilla ha vuelto a la precampaña, con la oposición reivindicando «derechos históricos» y el Istiqlal, socio del Gobierno, manteniendo una postura más moderada.
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