Un colectivo de activistas y militantes de los derechos humanos que por décadas hemos hecho vida en organizaciones de derechos humanos venezolanas, seguimos la actual coyuntura venezolana para aportar datos objetivos para el análisis:
Derechos humanos en Venezuela: una mirada alternativa (II)
Como militantes de izquierda y activistas de derechos humanos, los abajo firmantes ofrecemos un nuevo balance sobre los hechos ocurridos en el país en días recientes. Reiteramos el alerta sobre la persistente distorsión del tema de los derechos humanos, evidenciada a través de la campaña de desinformación que mantienen numerosos medios nacionales e internacionales sobre la situación de Venezuela.
Continúa la instrumentalización de los derechos humanos
Durante febrero y marzo, las grandes corporaciones mediáticas han amplificado la matriz de información según la cual el gobierno venezolano ha respondido con brutal represión a las legítimas exigencias del sector estudiantil. Esta misma matriz deriva como consecuencia la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de manifestantes pacíficos. En efecto, hay casos que apuntan hacia la responsabilidad de funcionarios del Estado. Sin embargo, el análisis de los hechos nos permite reiterar que se está produciendo una distorsión interesada del tema de los derechos humanos en esta coyuntura.
Algunas ONG que defienden a los estudiantes han difundido gruesas cifras de maltratados, torturados y detenidos, pero el número de casos presentado luego ante la Fiscalía (e incluso elevados ante instancias internacionales) fue inferior al denunciado públicamente. En recientes declaraciones, el relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, ante los casos que han sido llevados a esa instancia, señaló: «Los casos que yo calificaría de torturas son dos o tres, pero eso no quiere decir que no haya más». Buena parte de estas denuncias hechas a través de medios de comunicación o redes sociales, han sido respaldadas por imágenes que no corresponden a la realidad venezolana. Otras han sido desmentidas públicamente por testigos. En lo que respecta al derecho a la vida, el número de víctimas atribuibles a los cuerpos de seguridad es significativamente menor al que refleja un lamentable saldo de violencia política entre civiles. A estos elementos se suma la deliberada omisión sobre el carácter violento de muchas de las protestas. El conjunto permite construir la percepción, sobre todo a escala internacional, de una grave crisis de derechos humanos en Venezuela.
El saldo de las protestas
Tras cinco semanas de protestas, el saldo oficial es de 461 heridos y 1854 detenidos. Entre éstos, 121 permanecen privados de libertad. A la mayoría de los detenidos les impusieron medidas cautelares y el resto goza de libertad plena. 33 personas han perdido la vida.
Todas las víctimas son igualmente dolorosas para el país, y el análisis de las circunstancias en que se produjeron debe alertarnos sobre el peligro de permitir que se imponga una agenda de violencia política de carácter inédito para los venezolanos: del total de víctimas, 17 fallecieron en guarimbas, 15 murieron en el marco de manifestaciones en la calle y uno fue tiroteado a la salida de una reunión estudiantil. 27 de las víctimas eran civiles (entre ellas, un fiscal del Ministerio Público y un trabajador de mantenimiento de la Alcaldía de Caracas); las seis restantes, eran funcionarios de cuerpos de seguridad. Del saldo general, 21 personas han muerto por disparos de armas de fuego. 28 muertes son consecuencia de hechos de violencia política; cuatro son violaciones del derecho a la vida y una corresponde a un hecho accidental.
Tres muertes son atribuidas al uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad en el control de los disturbios ocurridos al finalizar varias marchas convocadas por la oposición. Estas denuncias involucran a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la GNB. Otra víctima falleció a consecuencia de golpes recibidos durante una manifestación vecinal reprimida por la GNB. En el marco de las manifestación ocurrieron también diez muertes, a causa de disparos de armas de fuego presuntamente accionadas por civiles, en diferentes hechos: cinco víctimas participaban en acciones de protesta convocadas por la oposición; tres eran funcionarios de la GNB heridos en el marco del control de protestas violentas; las otras dos víctimas eran: un dirigente obrero que regresaba de una marcha a favor de la paz convocada por el gobierno en el Estado Bolívar y a un dirigente estudiantil chavista que venía promoviendo en su centro de estudios la desmovilización de los violentos y el reinicio de las actividades educativas. Un adolescente fue atropellado por un civil que intentó pasar por la fuerza un cierre de calle.
Entre los fallecidos en guarimbas, se cuentan siete conductores u ocupantes de vehículos que no pudieron esquivar los obstáculos colocados en las vías; ocho personas que recibieron heridas de armas de fuego; un manifestante de oposición fue apuñaleado y otro joven se precipitó accidentalmente de un edificio. Siete de los fallecidos en guarimbas eran motorizados. Tres civiles y tres funcionarios de la GNB murieron a consecuencia de disparos recibidos desde edificios mientras intentaban levantar las guarimbas para despejar las vías.
Dos dirigentes estudiantiles, Angelo Vargas y Daniel Tinoco (chavista y opositor, respectivamente) fallecieron el mismo día, bajo patrones de ocurrencia similares. A Vargas le dispararon desde un vehículo en marcha, a la salida de una reunión en la que se debatía el reinicio de clases, en el estado Bolívar. A Tinoco le habrían disparado también desde vehículos en marcha, durante una vigilia organizada por estudiantes de la oposición, en Táchira. Ambas muertes podrían constituir un alerta sobre posibles patrones de violencia política selectiva.
El carácter de las protestas
Diversas motivaciones han sido atribuidas a las protestas: la escasez de ciertos alimentos, la inseguridad personal, el alto costo de la vida y otras que constituyen legítimas razones para manifestar descontento y exigir soluciones. Con el curso de los días los mismos manifestantes –y varios líderes de oposición, reconocieron que el fin último era forzar la salida del Presidente Constitucional, sin acudir a los mecanismos constitucionales para ello previstos.
De la crónica expuesta arriba se desprende que muchas de las manifestaciones que se han producido en Venezuela en las últimas semanas, no han sido pacíficas. Hacemos énfasis en recalcar que si bien ha habido concentraciones y marchas con tal carácter, hay evidencias de uso de armas de fuego por parte de manifestantes en varios de estos sucesos. En recientes declaraciones, el presidente de la República informó sobre la incautación de 25 armas de guerra, bombas molotov, niples, ballestas, objetos contundentes y explosivos tipo C-4 que fueron entregados al Ministerio Público. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que 21 de los funcionarios heridos en el control de manifestaciones recibieron impactos de bala.
Sobre todo, no puede hablarse de guarimbas pacíficas, vista su comprobada peligrosidad. Las guarimbas han afectado vías principales y secundarias en urbanizaciones de sectores de ingresos medios y altos, en ocho de los 335 municipios del país, todos ellos gobernados por alcaldes de oposición. Cables, alambres de púas, árboles talados, piedras de grandes dimensiones, aceite derramado en el asfalto se mezclan con muebles en desuso, cauchos y basura a la que se prende fuego. Las tapas de las alcantarillas públicas son levantadas, dejando los huecos en los que murieron al menos dos motorizados.
Mensajes intercambiados en las redes sociales y testimonios en medios masivos revelan que quienes optan por esta modalidad de protesta lo hacen bajo la percepción de estar en una suerte de estado de guerra. Desde el inicio de las protestas, no se ha tenido conocimiento de pronunciamientos de condena de las muertes ocurridas en guarimbas por parte de las autoridades locales de estos municipios, ni por voceros de oposición o líderes estudiantiles, salvo en el caso de Valencia, una de las ciudades con mayor nivel de confrontación en esta coyuntura.
El 17 de marzo de 2014, el alcalde de la ciudad de Valencia, Miguel Cocchiola de tendencia opositora, rechazó los actos vandálicos y, sin referirse a responsabilidades concretas en torno a las víctimas, señaló: “No creo que el camino sea la violencia. La gente debe entender que no hay otra forma de que el país progrese que no sea el diálogo. La guarimba no ha dado resultados, lo que ha hecho es enfrentar vecinos con vecinos. Hay lugares donde no hay gas, las ambulancias no pueden entrar. Eso no se puede permitir”. Luego de estas declaraciones, Cocchiola fue expulsado de su partido, Voluntad Popular.
La actitud omisiva de las autoridades locales en los municipios en los que se producen guarimbas es contraria al ejercicio de sus funciones y puede interpretarse como connivencia con tácticas de protesta violenta de carácter inconstitucional. Si bien sus competencias en materia de orden público son limitadas, y pese a que estas guarimbas son convocadas a través de redes sociales, ningún alcalde tomó previsiones como aumentar la vigilancia en lugares específicos. Muy por el contrario, las autoridades municipales dejaron de cumplir sus funciones de recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos; los escombros y los desechos permanecieron por días en plena vía, impidiendo el tráfico y generando, de paso, un problema adicional de salud público. Tal situación provocó la interposición de una demanda de protección de derechos colectivos por parte de un ciudadano de estas jurisdicciones que fue admitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el cual ordenó a los alcaldes “….cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios”. En días posteriores, el mismo TSJ amplió la prohibición de permitir guarimbas a cuatro municipios del país. Por añadidura, las guarimbas derivaron en pérdida de clases en varios centros educativos, con el consecuente impacto negativo sobre el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. También se afectó el tránsito de enfermos que requerían atención médica en algunas zonas. Estas formas de protesta violenta han adquirido especial gravedad en el estado fronterizo de Táchira.
Por otra parte, señalamos con suma preocupación lo que parece ser la puesta en práctica de formas de violencia poco conocidas en el país tales como el uso de francotiradores, «paros armados», sabotajes y asesinatos selectivos, e incluso el marcaje de casas de chavistas en zona del interior del país; y alertamos sobre la posibilidad de que se conviertan en formas residuales de resistencia al gobierno y las instituciones del Estado.
El ejercicio a la manifestación pacífica está plenamente vigente en Venezuela como lo demuestran varias de las manifestaciones realizadas por sectores de la oposición, la más reciente de ellas el domingo pasado. Sin embargo, frente al carácter violento de las guarimbas, el Estado está en la obligación de activar sus mecanismos para el control del orden público y la protección de las personas, con apego a la legalidad y pleno respeto a los derechos humanos.
En los últimos días, la situación de protestas violentas ha disminuido progresivamente. El 17 de marzo, el Gobierno Nacional emprendió acciones de control del orden público para restringir las acciones de protesta violenta que se volvieron cotidianas en la Plaza Altamira, centro de las protestas más fuertes en la ciudad de Caracas. En coordinación con las autoridades municipales se establecieron mecanismos de seguridad extraordinarios para asegurar la paz de la zona. Desde entonces, un grupo de manifestantes permanece en la Plaza, de manera pacífica.
La actuación del aparato de justicia
El Ministerio Público ha informado sobre el estatus de los diversos casos señalados anteriormente. Días después de su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, señaló que: “…el Ministerio Público investiga 59 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos y 17 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad están privados de libertad”, a consecuencia de los hechos de violencia ocurridos los últimos días. Al respecto, señalamos dos aspectos que obstaculizan la administración de justicia: Muchas de las denuncias, especialmente las relacionadas con la libertad personal y la integridad física, se hacen a través de los medios de comunicación y las redes sociales, sin aportar pruebas ante los órganos competentes. En otros casos, los testimonios de las víctimas se contradicen con los resultados del peritaje técnico posterior.
Según las informaciones emitidas por la Fiscal, los funcionarios del Sebin responsables de la muerte de dos personas el 12 de febrero pasado se encuentran detenidos y están siendo procesados. Igual ocurre con los GNB involucrados en el caso de José Alejandro Márquez y en los maltratos sufridos por una artesana Marvinia Jiménez, en la ciudad de Valencia. En el caso de las muertes ocurridas en el marco de guarimbas o a causa de civiles armados, las investigaciones se encuentran en curso y en algunos casos ya hay personas detenidas.
Cabe destacar que los días 6 y 7 de marzo, la Fiscal General de la República se reunió con dos de las organizaciones no gubernamentales que han denunciado torturas y malos tratos. Una de ellas no formalizó ningún caso y la segunda entregó documentación sobre 40 casos, varios de los cuales ya estaban siendo investigados por el Ministerio Público. Igualmente, se han sostenido reuniones con la Defensoría del Pueblo.
No estamos frente a una política sistemática de violación a los derechos humanos
Insistimos en que las violaciones de derechos humanos, expresadas en los casos de vulneración al derecho a la vida y en denuncias sobre malos tratos y torturas, deben ser condenadas y deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias. Según información oficial, todos los casos de violaciones del derecho a la vida, atribuibles a funcionarios públicos, están siendo procesados por los órganos de justicia correspondientes. La Fiscal General de la República ha manifestado que «Si algún funcionario, sin importar rango, comete un delito de tortura, tratos crueles e inhumanos, nosotros lo vamos a castigar». Igualmente ha asegurado que “El Ministerio Público no va a permitir ninguna detención arbitraria”. Por su parte, el Presidente Maduro también ha reconocido la participación de efectivos de seguridad que han incumplido su papel de resguardar los derechos humanos de la población y ha manifestado su voluntad de que estas situaciones sean investigadas y castigadas.
Más allá de las declaraciones oficiales, tanto el análisis de la casuística de las protestas de las últimas semanas como la evidencia de las medidas adoptadas por los distintos poderes del Estado para atajar la protesta violenta y para enfrentar los casos de abusos de cuerpos de seguridad, indican una clara voluntad política y descartan la tesis de una política sistemática y generalizada de violaciones a derechos humanos. Entre estas medidas, cabe destacar la efectiva activación de los mecanismos de administración de justicia, el diálogo con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la puesta en marcha de medidas legislativas y ejecutivas para preservar los derechos humanos de la población en el control del orden público.
Los principios de uso progresivo y proporcionado de la fuerza deben ser los que orientan la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tal y como lo establece la propia Constitución. Coyunturas como esta revelan también la necesidad de que el Estado venezolano insista y profundice los esfuerzos que ha venido adelantando para reformar en profundidad los cuerpos de seguridad del Estado y ajustar su actuación al pleno respeto de los derechos humanos. Si bien se han alcanzado importantes logros en ese sentido, resulta imperativo que el gobierno asegure la continuidad y la debida urgencia en la aplicación de esta agenda fundamental.
La superación de la conflictividad
La capacidad de la sociedad venezolana para resolver sus diferencias y superar la crisis en esta coyuntura ha quedado demostrada, tal como fue reconocido por las resoluciones de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones del Sur (Unasur). En este contexto, consideramos que las invocaciones a una intervención extranjera que se encuentran presentes en el discurso de un sector de la oposición y que han sido enunciadas por algunos actores internacionales, son inaceptables y no contribuyen a la desactivar el conflicto dentro de los parámetros de la Constitución.
De otra parte, un requisito necesario para avanzar en una solución dialogada del conflicto planteado por los sectores que promueven la protesta violenta es el reconocimiento mutuo entre las fuerzas políticas que ejercen el gobierno y las que se encuentran en la oposición. El recurso a la protesta violenta y la manipulación mediática no construyen soluciones a los problemas legítimos invocados por el liderazgo opositor, pues lo que se requiere para enfrentarlos es el desarrollo y aplicación de políticas consensuadas a través de los canales institucionales que ofrece la Constitución. El recurso a éstas tácticas como estrategia para forzar la renuncia de un gobierno legítimamente electo, exigencia que caracteriza las convocatorias y consignas de los sectores manifestantes, significa colocarse al margen de la propia Constitución y del derecho internacional – que en ningún momento convalida el recurso a la violencia como una vía legítima para lograr objetivos políticos. A ello se suma la negativa del liderazgo de la oposición y de las protestas a incorporarse al diálogo y la falta de condena de los dirigentes de la oposición a estas formas de protesta
El diálogo nacional abierto y transparente es la única forma legítima y cónsona con el marco de respeto a los derechos humanos, de frenar la escalada de violencia que de continuar en la tónica que evidencia el discurso opositor puede terminar adquiriendo dimensiones irreversibles. Las iniciativas emprendidas en tal sentido por el Gobierno Nacional y la reciente convocatoria a una Conferencia Nacional por la Paz y por la Vida, deben ser la plataforma que haga posible este diálogo. Por eso, señalamos con preocupación la negativa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a participar, pese a la asistencia de diversos sectores de la vida nacional tales como empresarios, iglesias, dirigentes de partidos políticos, estudiantes, movimientos sociales y culturales, autoridades de gobiernos nacionales y regionales y representantes de los poderes públicos. Hasta ahora, la Conferencia ha avanzado en la producción de un conjunto de propuestas para atender temas urgentes en la agenda nacional, que han sido esgrimidos como bandera en las protestas.
Nuestras exigencias
En nuestra condición de activistas de derechos humanos y frente a la coyuntura antes descrita nos manifestamos en los siguientes términos:
- Repudiamos la persistencia de prácticas que constituyen violaciones a los derechos humanos y exigimos con firmeza su investigación exhaustiva, el castigo a los responsables y, sobre todo, la erradicación de las condiciones que las propician. La actuación de los cuerpos de seguridad debe mantener un estricto apego a los estándares que garantizan el respeto a los derechos humanos. Nos solidarizamos con las víctimas y con sus familiares, a quienes instamos a acudir ante los órganos de administración de justicia correspondientes.
- Exhortamos a las autoridades nacionales a impulsar medidas que fortalezcan en el corto plazo el proceso de reforma policial y la consolidación del nuevo modelo policial, que debe extenderse hacia cuerpos de seguridad tales como el SEBIN, la GNB y el CICPC.
- Condenamos rotundamente la protesta violenta ejercida por sectores minoritarios de la población y alertamos sobre la posible aparición de nuevos patrones de violencia caracterizados por muertes selectivas con armas de fuego.
- Rechazamos que se sigan instrumentalizando los derechos humanos con fines distintos a su plena protección y respeto, tal como se ha producido en esta coyuntura.
- Solicitamos a los medios internacionales y nacionales de comunicación, así como a las diferentes organizaciones de derechos humanos, que realicen un seguimiento ponderado, equilibrado y contrastado de la situación que atraviesa Venezuela y, en su caso, que se abstengan de manipular los hechos con el fin de contribuir a la defensa de las posiciones de quienes alientan la protesta violenta para avanzar fines anticonstitucionales y contrarios a los principios democráticos.
- Exhortamos a la dirigencia opositora a condenar firmemente la violencia y a hacerse eco de la solicitud de Amnistía Internacional que los insta “… a hacer un llamado a sus seguidores a no cometer actos de violencia, incluyendo ataques contra personas por sus preferencias políticas”. Igualmente los convocamos a incorporarse activa y propositivamente a las iniciativas de diálogo convocadas por el Gobierno Nacional.
- Exhortamos a toda la ciudadanía con independencia de sus simpatías políticas a abstenerse de acudir a vías violentas para expresar su propio descontento.
- Exhortamos a todos los actores y fuerzas políticas del país a respetar las vías constitucionales y los plazos establecidos en la CRBV, para dirimir sus diferencias.
Caracas, 21 de marzo de 2014
Siguen 37 firmas de activistas de derechos humanos.
