La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por los recientes episodios de agresiones contra personas acusadas de robo que han tenido lugar recientemente en Argentina.
La Comisión Interamericana considera positivo que las autoridades argentinas hayan condenado estos hechos y afirmado que se juzgará a las personas que resulten responsables, de acuerdo a lo que dispone la ley.
Según ha informado la prensa local, se produjeron en fechas recientes al menos una decena de episodios en los que vecinos en distintas partes del país agredieron a presuntos ladrones, generando la muerte de una persona y graves lesiones a otros. De acuerdo a dicha información, el 22 de marzo de 2014, David Moreira, de 18 años de edad, murió a causa de los golpes propinados por un grupo de personas en un barrio de Rosario, en la Provincia de Santa Fe, después de que presuntamente intentara robarle la cartera a una mujer. Asimismo, se reportaron agresiones en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Rosario, Santiago del Estero y Santa Fe, contra personas a quienes se acusó de robo, resultando en heridas graves.
Como ha señalado la Comisión anteriormente, estos hechos son un problema tanto de justicia como de seguridad ciudadana. Es responsabilidad del Estado, a sus distintos niveles de gobierno, adoptar las medidas necesarias para que los organismos del Estado puedan afrontarlo y solucionarlo. Corresponde al Estado el deber de prevención del delito y la resolución de conflictos.
Asimismo, la Comisión Interamericana valora el anuncio de autoridades del Estado de que el asesinato y los otros casos de agresiones van a ser investigados y sus responsables castigados. La CIDH insta asimismo al Estado a adoptar una política integral de prevención de estas agresiones a fin de lograr su erradicación.
Es de especial preocupación de la Comisión el hecho que en algunos de estos casos, las víctimas fueron adolescentes. Asimismo, resulta preocupante la percepción hacia los jóvenes, especialmente aquellos provenientes de sectores sociales tradicionalmente excluidos, como un potencial peligro para la seguridad ciudadana. La Comisión ha señalado anteriormente su preocupación respecto a que estas percepciones se traduzcan en tendencias regresivas en materia de justicia juvenil, y en medidas de control que no se encuentren estrictamente adheridas a los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, la Comisión urge al Estado, en sus distintos órdenes, a fortalecer las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los y las jóvenes.
