Cuando, hace unos días, las autoridades mexicanas alertaron de lo que estaba pasando en el albergue para niños «La Gran Familia» de Zamora, Michoacán, la primera fotografía que saltó a los medios fue la de la responsable del centro, Rosa María Verduzco, siendo detenida.
Esta mujer lleva toda su vida dedicada a este proyecto.
A los 13 años fue consciente de la miseria que arrastraban muchos niños en la calle y comenzó a ayudarles, prestándose a acoger al primero, abandonado por sus padres. Con el tiempo, su casa se convirtió en un centro de acogida para todos los desarrapados a quienes ignoraban (y siguen haciéndolo) las instituciones públicas, los políticos el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) y los “sedesoles” (Secretaría de Desarrollo Social) de turno.
Durante años, Rosa fue el motor de un proyecto que alababa casi todo el mundo, porque no solo daba alimento y cobijo a esos chicos y chicas, sino que les procuraba educación y les iniciaba en las artes musicales para que, una vez abandonaran la institución, fueran capaces de ser autosuficientes. La música era una terapia, porque todos ellos tenían a sus espaldas historias traumáticas.
También crió bebés. Unos, producto de niñas que llegaban embarazadas; otros, entregados por mujeres que no podían hacerse cargo de ellos y, muchos otros, por elegantes familias de la buena sociedad con el fin de ocultar el pecado de algún retoño. Todo el mundo estaba agradecido a Mamá Rosa, como se la llamaba. Por supuesto que recibía donaciones, unas de agradecimiento, y otras para comprar su silencio.
Las imágenes de una octogenaria detenida en un despliegue policial más parecido al utilizado en la detención de narco-criminales que a “proteger” a niños, de espacios sucios, supuesta comida podrida, animales correteando por el recinto, daban la impresión de que estábamos ante una bruja que había utilizado a los pequeños para darse la gran vida. Y no. Esta mujer no tiene ni una camisa propia. Pero sus “ayudantes” si.
Las voces que se alzaron en contra de este operativo obligaron al procurador Murillo Karam a intervenir y ordenar una investigación seria. Y se ha hecho: han detenido a seis de las personas que, realmente, dirigían el centro. Se han destapado abusos, dejadez y unas cuantas perversiones más. A Rosa, recluida inicialmente en un centro médico, nadie le ha imputado cargo alguno y es libre de salir ¿Salir para ir a dónde? Su casa era esa, y no puede volver a ella, porque la han convertido en una pocilga aquellos que deberían haberla cuidado y el Estado está tratando de limpiarla, además de trasladar a los niños a lugares decentes. No es un lugar recomendable para vivir. Menos, para una mujer de 80 años enferma y sola.
Pero hay que preguntarse por esos lugares “decentes” a los que les van a llevar, cuando, durante años, nadie se preocupó del deterioro de La Gran Familia, a pesar de que cada vez estaba más claro que las cosas iban de mal en peor. Mamá Rosa se estaba haciendo mayor y ya no podía dirigir adecuadamente un espacio para más de 500 personas. Para Save the Children, el caso cuestionaría el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, en especial aquello en situación de vulnerabilidad. Asimismo sugeriría que el sistema de protección de la infancia mexicano no considera el Interés Superior de la Niñez y Adolescencia, como un derecho humano y un principio trasversal en las políticas públicas. Además, aseguran que el Estado, debería contemplar un sistema efectivo, con monitoreo y supervisión adecuada, de cuidados alternativos de NNA (niños, niñas y adolescentes) para evitar violaciones a los derechos fundamentales de esa población.
Puede haber muchas “Gran Familia”
Lo cierto es que este caso, que tanto escandaliza, no es un hecho aislado. La Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) asegura que en México se identifican aproximadamente 412.456 niñas y niños privados de cuidados paternales, de los cuales cerca de 29.310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad. Sin embargo, afirman que se sigue sin conocer el número exacto, su situación jurídica y las condiciones en que viven niñas y niños en los albergues, legales y no registradas, tales como anexos y las llamadas “granjas de rehabilitación”.
De acuerdo con la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), en el albergue se encontraron seis bebés, 278 niños, 174 niñas y 138 personas mayores de edad. Pero este caso debería ser una llamada de atención para las Procuradurías de Justicia de los Estados y el Poder Judicial de las entidades federativas.
Para RELAF, esta acción representa un reconocimiento a la existencia de cientos o miles de albergues sin regulación ni supervisión que son, sin duda, una de las grandes omisiones del Estado Mexicano frente a los derechos de niñas y niños más excluidos. Y asegura que es una nueva oportunidad para que el Estado Mexicano reconozca la necesidad de contar con un ‘”Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia’”, el cual podría ser la alternativa para que estos hechos no ocurran, o bien sean atendidos de forma expedita y coordinada por las autoridades.
Por su parte, Save the Children exige hacer un diagnóstico nacional sobre el número y la situación de los pequeños y adolescentes que se encuentran institucionalizados y, a su vez, monitorear y evaluar a todas las instituciones tanto públicas como privadas, a fin de asegurar que cuenten con los estándares más óptimos para su operación. Otras medidas que propone, para evitar casos como el de Zamora es armonizar las leyes federales, estatales y locales con un marco internacional de los derechos de la niñez.
Para que ningún director, “colaborador” o trabajador de este tipo de lugares llegue a ocasionar el grave deterioro de proyectos como éste, que nació exclusivamente para beneficiar a los infantes, propone establecer mecanismos de quejas, denuncias y solicitudes accesibles y amigables para todas las niñas y niños que se encuentren en internamiento o en otras modalidades de cuidados alternativos, y que además garanticen la protección, seguridad y confidencialidad de los acogidos.
Ahora, hay que poner una vela a la virgen de Guadalupe para que los funcionarios y responsables políticos no olviden este caso (esta gente pierde la memoria con facilidad). O bien, los ciudadanos y los medios informativos deberían recordarles a menudo que su desidia e irresponsabilidad dan lugar a que el mundo cuestione que en México se protege a los niños.
