El Estado y sus instituciones necesitan, además de legalidad, también legitimidad, es decir, que la población reconozca y se sienta representada en ese entramado jurídico. Sin embargo, el ordenamiento legal en Guatemala, irónicamente, ha dado sustento a las desigualdades y no ha garantizado a las personas la tutela efectiva de sus derechos, la inobservancia ha sido la regla.
El derecho no es neutral, las leyes se promulgan desde el poder, dominado por hombres. El derecho es la armazón que replica las desigualdades. Reproduce las relaciones de poder. Nuestra sociedad es conservadora, le teme al cambio, a las transformaciones y entonces lo que tenemos es una reproducción permanente de opresiones de género, de clase y étnicas.
Nos relacionamos en escenarios jerarquizados, con abismos de desigualdad, en un contexto de deficiente democracia.
De acuerdo con el Mapa de las Mujeres en los Congresos del Mundo, Guatemala se posiciona en el puesto 101, en competencia con Nigeria, a pesar de que tenemos un padrón electoral con mayoría de mujeres. Pero esta mayoría está subrepresentada en el organismo Legislativo, supuestamente el más democrático y representativo de los poderes del Estado.
Según datos de Convergencia Cívico Política de Mujeres, resulta que en 30 años hemos incrementado apenas el 5% en la presencia de mujeres diputadas, es decir que necesitaríamos 224 años para lograr la paridad; mientras que, según estudios de la antropóloga Lina Barrios, premio Iberoamericano a la Igualdad de Género, Cortes de Cádiz 2012, en 1985 solo un 3% del total de candidatos a alcaldes, concejales y síndicos eran mujeres; 26 años después la cifra aumentó a un escaso 10%. Según esa tendencia, se necesitarían 104 años para llegar a la paridad en candidaturas y 234 para la paridad en cargos.
En 26 años han sido electos 25 mil 491 hombres para cargos municipales y solo mil 112 mujeres, la mayoría para puestos suplentes.
Si aspiramos a construir la democracia, entendida como esa experiencia inacabada que busca el bien común, la equidad, la justicia, mejores condiciones de vida para todos, con un Estado fuerte, equilibrando las desigualdades, respondiendo a las necesidades de la población y con un entramado legal acorde a los anhelos sociales, necesitamos una clase política que esté a la altura de estos anhelos.
Recientemente, la Corte de Constitucionalidad emitió un dictamen relacionado con el artículo 212 de la iniciativa de ley 4783, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyo espíritu fue apreciado por el Movimiento “Tu Votas por Mí, Yo voto por ti”; sin embargo, ellas consideran que así como está redactada la norma no contribuirá a garantizar el efectivo sufragio pasivo para las mujeres y pueblos indígenas, pues el porcentaje establecido y la forma de su redacción permitirá que actores políticos antidemocráticos traten de burlar la norma, por lo que instan al Congreso a modificar la iniciativa de reforma del artículo 212 y tomar en cuenta las consideraciones de la CC en cuanto a las ponderaciones necesarias. ¿Entenderán el mensaje en el Congreso? ¡Exigimos democracia plena!
