La tortura y los malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en un 600 % en el último decenio, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, en cuya presentación solicitó al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas.
El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos, y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
«Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos», afirmó Erika Guevara Rosas, directora de las Américas Amnistía Internacional.
En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 % de los ciudadanos mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser detenidos.
Disminuyen las quejas, no los casos
En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas, seguramente porque cada día confían menos en la justicia. Pese a ello, las cifras siguen siendo mucho más elevadas que hace diez años.
Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener «confesiones» o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.
Ángel Amílcar Colón Quevedo, por ejemplo, sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas debido a su condición de migrante y su origen racial. Es miembro de la comunidad afrodescendiente de Honduras. Fue golpeado, le provocaron asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza, lo desnudaron y le sometieron a tratos humillantes y a insultos racistas.
Permanece en prisión en espera de juicio. Fue acusado en base a la declaración que le obligaron a hacer tras ser torturado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en julio de 2014.
Claudia Medina sufrió tortura sexual por parte de miembros de la Marina tras sacarla de su domicilio con la finalidad de forzarla a autoinculparse de pertenecer a un grupo de narcotraficantes. Se negó a hacerlo a pesar de los tormentos físicos a los que fue sometida, pero aceptó cuando los marinos amenazaron con hacerle daño a sus hijos.
El informe de Amnistía Internacional documenta los casos de más de 20 personas que, como Ángel y Claudia, sufrieron tortura a manos de las autoridades en México.
Despropósitos judiciales
A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema mexicano de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema judicial y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.
Las escasas investigaciones oficiales que se llevan a cabo sobre las denuncias de tortura suelen ser deficientes.
El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes.
Para Erika Guevara, ya es hora de “revisar a fondo la investigación de las denuncias de torturas y otros malos tratos”, en especial la aplicación de las normas internacionalmente reconocidas del Protocolo de Estambul*. Asimismo, opina que las autoridades mexicanas “deben garantizar que las pruebas recabadas por expertos médicos independientes son admitidas en los procedimientos judiciales».
El informe también señala una serie de medidas que deben adoptarse para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos. En primer lugar, Amnistía insiste en que el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad.
Las cifras demuestran la falta de interés gubernamental
Desde 2010 hasta finales de 2013 la CNDH recibió más de 7.000 quejas por tortura y otros malos tratos, pero en ese periodo la Procuraduría General de la República sólo aplicó su procedimiento especial en 364 casos, y concluyó que había indicios de tortura en 26.
Desde 2006 a 2013, la mismo Procuraduría inició 1.219 investigaciones, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, sólo ha habido 7 sentencias firmes por tortura en aplicación de la legislación federal. El índice de sentencias condenatorias es del 0,006%. En el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura y la impunidad es aún mayor.
Por su parte, AI asegura que la CNDH no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.
Todas estas irregularidades fueron el motivo de que el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reuniera en febrero pasado con el presidente Enrique Peña Nieto y le hiciera entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones de los derechos humanos en el país. A día de hoy, aún esperan que se ponga en marcha alguna medida.
*El Protocolo de Estambul se conoce comúnmente como el Manual de la ONU para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se elaboró en 1999.
