El ejército mexicano ejecuta a 22 personas

Un informe de Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) del pasado mes de julio informaba de que había abatido a 22 delincuentes y rescatado a tres mujeres que habían sido secuestradas por ellos. A la vez, les incautaron un auténtico arsenal. Los hechos sucedieron en un almacén de la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México.

Esa fue la versión oficial, pero una de las mujeres supuestamente liberada denunció algo muy distinto: los militares habían entrado en el lugar donde se encontraban todos y comenzaron a disparar a todos y cada uno de ellos, incluido un menor. Las tres mujeres, que aseguraron estar allí de forma voluntaria, fueron conducidas a las instalaciones policiales. Solo un soldado quedó lesionado.

Sin embargo, desde el inicio se cuestionó la versión oficial, específicamente en cuanto a la falta de lesiones sufridas por los militares, la falta de suficientes orificios de impacto desde el exterior de la bodega, las manchas de sangre en el interior y los aparentes disparos a corta distancia sufridos por los fallecidos.

Esta semana Esquire México y Associated Press publicaron reportajes a raíz de la información obtenida de una supuesta testigo presencial de los hechos que parece indicar que sólo uno de los fallecidos murió abatido durante el enfrentamiento, y los demás, (algunos lesionados) fueron ejecutados extrajudicialmente por los miembros del ejército después de rendirse.

También asegura que fue presionada por representantes de las Procuradurías (PGJEM y la PGR) para cambiar su testimonio con el fin de confirmar la versión de los hechos presentados por Sedena.

Es de destacar que cualquier acción oficial para desviar una investigación de los hechos con el fin de encubrir las violaciones graves de los derechos humanos y lograr la impunidad de los responsables, implica la complicidad de estos funcionarios en los abusos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que la forma de combatir la delincuencia se ha modificado, y ya no se basa en la comisión de violaciones de los derechos humanos ni en el encubrimiento de los responsables de tales abusos.

En tal sentido, estamos ciertos que sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial. Por ello, Amnistía Internacional (AI) llama a las autoridades civiles a hacer una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos.

Si el compromiso del gobierno es real, dice AI, “este es el momento para impulsar la investigación” por parte de las autoridades civiles de los hechos de Tlatlaya, y “reiniciar por otra unidad o instancia de la PGR una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva” para esclarecer lo acontecido, y cuando exista evidencia de violaciones de derechos humanos, los responsable deben ser llevados ante la justicia.

Por su parte, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ha asegurado que “sería muy grave” si se comprobara que la muerte de estas personas “fue una ejecución realizada por militares y no el resultado de un enfrentamiento contra una banda de la delincuencia organizada”. A través de un comunicado, informa de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “debe avanzar en las indagatorias con celeridad” y así contribuir a aclarar lo ocurrido.

Para la senadora, los soldados y marinos que hoy desarrollan acciones de seguridad pública y combaten el crimen organizado deben regresar a los cuarteles. Subrayó que permitir que continúen las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, justificándolas como parte de una ofensiva efectiva contra la delincuencia y de la prevención del delito, no contribuirá a fortalecer un estado de derecho, “al contrario, lo debilita”.

Hace unos días, Sedena informaba de que ellos son los más interesados en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, dicen, “estamos obligados conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas”. A la vez, se comprometen a prestar su colaboración “irrestricta” para que “la autoridad competente” esclarezca los hechos y determine la verdad “jurídica” sobre este acontecimiento.