Ángel Amílcar Colón Quevedo sufrió tortura y abusos a manos de la policía y miembros de las fuerzas armadas mexicanas debido a su condición de migrante y su origen racial (negro). Es miembro de la comunidad afrodescendiente de Honduras y permanece en prisión desde hace cinco años.
El pasado mes de julio, por conducto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Colón presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). En ella denuncia la discriminación perpetrada en su contra por diversos funcionarios públicos. En respuesta, el Consejo acaba de dictar medidas precautorias a su favor.
La queja señala la discriminación ejercida por diversos funcionarios pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Consejo de la Judicatura Federal, al Instituto Federal de la Defensoría Pública, a la Comisión Nacional de Seguridad y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, estos dos últimos dependientes de la Secretaría de Gobernación.
También refleja que hubo discriminación por parte del Poder Judicial Federal al resolver el recurso interpuesto contra el auto formal de prisión, debido a que su origen afrohondureño fue la única justificación para que el Magistrado del Tribunal Unitario le atribuyera el delito de delincuencia organizada. Igualmente, denuncia que resultaron discriminatorias tanto la inadecuada defensa pública que recibió después de ser detenido como las condiciones de reclusión que ha sufrido a lo largo de estos años.
Las alegaciones del hondureño han hecho posible que Conapred diera trámite a la queja y que dictara medidas favorables. Así, por una parte ha solicitado información pormenorizada a las autoridades involucradas. Y por la otra, ante la claridad de las situaciones denunciadas, ha dictado medidas precautorias para que, en primer término, y a través de las autoridades competentes, se garantice la comunicación constante de Ángel con su familia y su defensa, tanto por escrito como por teléfono. También contemplan que, por medio de la representación de Honduras en México, se le proporcione la información pertinente sobre su país.
Pero aún hay más: se le va a informar al Instituto Nacional de Migración (INM) que Ángel Amílcar es víctima de tortura y que existe una averiguación previa por este delito, motivo por el cual podrían concederle la visa humanitaria que ha solicitado. Esto le convertiría en un hombre libre.
Llegar a EEUU
Ángel salió de Honduras el 7 de enero de 2009 con la intención de llegar a Estados Unidos. Tenía entonces 32 años, una compañera y dos hijos. La necesidad económica para ayudar a su familia y pagar la atención médica del mayor de sus hijos, Ángel Elvir, quien había sido diagnosticado con cáncer, fue el motivo para salir de su casa y de su país.
Amílcar tuvo que usar sus ahorros y pedir préstamos para financiar el viaje, pero el dinero no evitó los riesgos del trayecto. Viajó hasta Guatemala acompañado de su esposa. Un coyote le cobró 5000 dólares para ayudarle a llegar a la ciudad de Houston. Cruzó Guatemala junto con otros migrantes. Tras ser interceptados por la policía, a pocos kilómetros, el coyote abandonó a Ángel y al resto del grupo. Así, viajó 34 horas dentro de la caja refrigerada de un camión que le llevaría al DF (Distrito Federal). Con él iban otras 119 personas, por lo que podemos imaginar las condiciones tan adversas que tuvo que padecer.
Del DF salió hacia Tijuana, Baja California (frontera con EEUU), a donde llegó por carretera dos meses después. Allí conoció a “El Ruso”, quien le prometió falsamente ayudarle a cruzar la frontera de forma ilegal y le llevó a una casa donde fue amenazado desde el inicio. Al llegar, se le informó de que no podía entrar a ciertas habitaciones, ni hacer preguntas sobre lo que viera u oyera y tampoco podía asomarse por las ventanas “si quería seguir con vida”. Le aislaron del exterior e incluso de lo que pasaba dentro de la casa. Para desgracia de Ángel, dentro de las otras habitaciones de la casa había armas y drogas.
El 9 de marzo de 2009, cuando llevaba cuatro días en la casa, el hondureño escuchó golpes violentos y detonaciones de arma de fuego que provenían del exterior. Sin saber lo que pasaba, y ante el temor por su vida, salió por la parte trasera de la casa. Se trataba de un operativo conjunto de la Policía Federal Preventiva, la Estatal Preventiva, la Ministerial del Estado y la Municipal, que justificaron el operativo argumentando que estos últimos habían escuchado detonaciones y pedido refuerzos para investigar.
Ángel fue detenido, junto a otras diez personas, acusado de haber cometido diversos delitos federales, como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio. Es decir, este hombre estaba en el lugar y el momento equivocado.
