Ángel Amílcar Colón Quevedo, preso de conciencia y víctima de tortura, ha sido puesto en libertad en México tras cinco años de prisión preventiva. Una medida positiva que hace mucho tiempo que debería haberse tomado, según ha manifestado Amnistía Internacional.
Colón fue detenido por la policía en Tijuana, en el norte de México (ciudad fronteriza con San Diego, EEUU), cuando viajaba desde su país, Honduras, a Estados Unidos en marzo de 2009. Sufrió entonces tortura a manos de policías y militares, que lo golpearon y lo sometieron a asfixia y a insultos racistas. Le obligaron a firmar una declaración falsa que se utilizó para implicarlo en actividades delictivas. Se retractó de la declaración cuando lo llevaron ante un juez y denunció la tortura a las autoridades, que no hicieron nada.
Ahora, y tras muchas reclamaciones, el procurador general federal de México ha decidido retirar los cargos contra Ángel Colón, quien ha sido puesto en libertad sin condiciones.
“Ángel Colón sufrió tortura a manos de las autoridades mexicanas y ha visto su vida truncada por años de prisión preventiva. Es indignante”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América. Además, ha insistido en que las autoridades mexicanas “pueden y deben tomar aún más medidas” para garantizar que ni la policía ni el ejército recurren a la tortura y que todas las denuncias de tortura se investigan con rapidez y exhaustividad. “No pueden permitir que injusticias como las cometidas contra Ángel Colón vuelvan a repetirse, concluye.
Ángel Colón es miembro de la comunidad garífuna, y Amnistía Internacional cree que su tortura, detención y procesamiento fueron el resultado de discriminación basada en su origen étnico y su condición de migrante indocumentado.
Cuando la policía se lo llevó en 2009, lo golpearon en las costillas, lo obligaron a caminar de rodillas, le propinaron patadas y le dieron puñetazos en el estómago. Luego le vendaron los ojos y lo llevaron a una base militar, donde oía los gritos de otras personas también detenidas. Lo amenazaron con hacerle lo mismo que a ellas y lo golpearon reiteradamente. Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarlo. Lo desnudaron y lo obligaron a limpiar con la lengua los zapatos de otros detenidos y a realizar actos humillantes, a la vez que, según la información recibida, lo llamaban “pinche negro”.
“Me gustaría que las personas que cometieron estos actos fueran llevadas ante la justicia”, dijo Ángel Colón a representantes de Amnistía Internacional que fueron a verlo a la prisión. Entonces se mostraba esperanzado, y hoy ha visto su sueño cumplido: es libre y sin cargos.
“La puesta en libertad de Ángel es la primera medida que ha tomado el gobierno mexicano para devolverle su dignidad, su libertad y su vida. Ahora reconocen que es inocente, pero en 2009 lo exhibieron como un delincuente ante las cámaras de televisión. Merece justicia y reparación”, ha afirmado Mario Ernesto Patrón, jefe del equipo jurídico de Ángel y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) de México.
Una justicia injusta
Aunque la Procuraduría General federal tuvo constancia de la denuncia de tortura de Ángel en 2009, no se hizo nada para investigarla. Los exámenes médico forenses oficiales, que son obligatorios según la legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos, no se practicaron hasta cuatro años después, y se dejaron sin terminar.
Por ello, Amnistía pide al gobierno mexicano que, además de investigar las denuncias de tortura y garantizar que Ángel Colón pueda interponer recursos efectivos y recibir reparación, revise el enfoque que aplica a los exámenes médico forenses de presuntas víctimas de tortura, a fin de hacerlos totalmente compatibles con las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul de 1999. En el caso de Ángel, la participación de peritos médicos independientes fue decisiva para demostrar que había sufrido tortura.
El caso del hondureño es un claro ejemplo de la falta de medidas (o de interés) de la Procuraduría General federal para documentar debidamente los casos de tortura. En la mayoría de ellos jamás se llevan a cabo exámenes médico forenses oficiales. Cuando se hacen, es ya demasiado tarde. Tienden a traumatizar de nuevo a las víctimas y a desanimarlas de insistir en sus denuncias. Además, los peritos médicos oficiales presentan a menudo conclusiones infundadas, que los fiscales utilizan para encubrir la tortura, en vez de realizar investigaciones efectivas, ha explicado Erika Guevara.
Para Guevara, las autoridades mexicanas “tienen que reconocer de manera más general el valor probatorio de los exámenes realizados por peritos independientes. Con ello darían un primer paso para mejorar el sombrío historial de impunidad del país con respecto a la tortura y los malos tratos.”
El 64% de los mexicanos afirman tener miedo de sufrir tortura si son detenidos por la policía u otras autoridades, según una encuesta realizada por Amnistía Internacional.
