Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, así como al rey Felipe VI, para hacerle llegar las preocupaciones sobre Colombia en materia de derechos humanos, con motivo de la visita a Madrid este 3 de noviembre del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el marco de una visita a varios países europeos como Alemania, Reino Unido, Portugal, Bélgica y Francia para solicitar apoyo en el proceso de paz.
Asimismo, en el marco de las relaciones económicas de España en Colombia, la organización se ha puesto en contacto con empresas españolas que tienen inversiones en el país para que también tengan en cuenta estas recomendaciones.
La organización es consciente de que las actuales conversaciones de paz en Colombia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en las que también podría participar el Ejército de Liberación Nacional (ELN), son la mejor oportunidad para la paz en más de diez años. Sin embargo, aunque ambas partes reconocen su responsabilidad en los abusos, la declaración conjunta emitida el pasado 7 de junio no contiene ningún compromiso para llevar ante a justicia a los responsables.
Algunas medidas legislativas que garantizarán la impunidad para las personas responsables de violaciones de derechos humanos, como la ampliación del Fuero Militar, o la situación de riesgo en la que viven cientos de defensores y defensoras de derechos humanos, son las principales preocupaciones para Amnistía Internacional, que insiste en que todavía no se puede hablar de “postconflicto” en el país. En algunos aspectos las consecuencias del conflicto en la actualidad siguen siendo igual de graves y, en algunas regiones, incluso mayores, como en el caso de la ciudad portuaria de Buenaventura, donde las comunidades de afrodescendientes y quienes las defienden han sido víctimas de una creciente ola de violencia a manos de paramilitares, a pesar de la fuerte presencia policial y militar en la zona.
A lo largo de los últimos años, el gobierno colombiano, respaldado por un poderoso grupo de presión de miembros y exmiembros de las fuerzas de seguridad, está promoviendo una serie de iniciativas legislativas para ampliar el sistema de justicia militar. En ese sentido, AI muestra su preocupación por los intentos del gobierno de reforzar dicho sistema, permitiendo que las fuerzas de seguridad responsables de presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos casos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes sexuales, sean investigadas en tribunales militares, en lugar de civiles. Este hecho podría acrecentar la impunidad existente: el sistema de justicia militar en el país ha fallado constantemente a la hora de hacer justicia.
Otras de esas iniciativas ya están aprobadas, como el Código Penal Militar, que se mantiene desde agosto de 2010 y que contiene disposiciones que garantizan igualmente que muchos casos de violaciones de derechos humanos permanezcan en el sistema de justicia militar. El gobierno colombiano ha respaldado también otras medidas recientes, como el Marco Legal para la Paz y la reforma de la Ley de Justicia y Paz, que podría permitir que los autores -militares, guerrilleros y paramilitares- de abusos contra los derechos humanos eludieran la acción de la justicia. Por ejemplo, hasta abril de 2014 sólo 22 paramilitares de los 30.000 que han dejado las armas han sido condenados.
Además, el gobierno continúa insistiendo en que ya no hay grupos paramilitares tras el proceso de desmovilización patrocinado por el gobierno que comenzó en 2005. Esto no es cierto. Los grupos paramilitares siguen atacando a la población civil. El gobierno los llama ahora bandas criminales (bacrim), y afirma que se trata de delincuentes comunes. Sin embargo, el modus operandi y las víctimas de estos grupos coinciden extraordinariamente con los de los grupos paramilitares antes de la desmovilización. Los informes sugieren que muchos de estos grupos «post-desmovilización» están dirigidos por mandos intermedios de los grupos paramilitares antes de la desmovilización. También hay que subrayar que muchas de sus actuaciones se producen en connivencia con las fuerzas de seguridad.
Defensores en peligro
Las amenazas y los asesinatos de quienes defienden las tierras, de los periodistas y de los activistas políticos siguen siendo una realidad en Colombia. Amnistía Internacional, que ha pedido al gobierno colombiano que ponga fin a esta situación,ha denunciado que al menos 80 defensores y defensoras, activistas políticos y periodistas, recibieron amenazas de muerte en el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 9 de septiembre, y otros 100 de ellos durante este mes de octubre, entre los que se encuentran José Aristazábal y Fernando Hernández Valencia, quienes fueron acogidos al programa de protección temporal de defensores de Amnistía Internacional España y que acababa de regresar a su país después de una década de exilio. Además, la ONG Somos Defensores informó también de que en los seis primeros meses de 2014, unos 30 defensores fueron víctimas de homicidio. Otros 70 lo fueron en 2013.
Exportaciones de armas
En 2012 y 2013, el Gobierno español autorizó exportaciones de armas a Colombia por importe de 76 millones de euros y realizó exportaciones de armas por importe de 68 millones de euros. En un dilatado conflicto en el que todas las partes implicadas, son responsables de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, los aviones de transporte, la munición de artillería y obuses son susceptibles de ser utilizados para cometer o facilitar la comisión de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional confía en que tanto el Rey como el presidente español transmitan estas preocupaciones a Juan Manuel Santos, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia. Éstas son las recomendaciones que la organización les ha trasladado:
- Pida al Presidente Santos que garantice que los casos de violaciones de derechos humanos se mantienen en los tribunales civiles y no son transferidos al sistema de justicia militar, y que el gobierno colombiano se abstenga de seguir intentando reforzar el sistema de justicia militar, ya que estas acciones serían contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la obligación internacional del Estado de Colombia de poner fin a los abusos y violaciones de derechos humanos y las reiteradas recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
- Condene públicamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por todos los actores armados en el conflicto, y apoye de forma pública la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, activistas y líderes de las comunidades de indígenas, afrodescendientes y campesinos, y de personas involucradas en campañas en favor de la restitución de tierras que han sido amenazados y, muchos de ellos, han fallecido en el ejercicio de su activismo.
- Pida al Presidente Santos el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de forma reiterada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Colombia y de otros organismos de la ONU, lo que incluye proteger de modo efectivo a las comunidades y los grupos expuestos a sufrir ataques,poner fin a la impunidad y tomar medidas para desmantelar los grupos paramilitares y romper los vínculos que mantienen con las fuerzas de seguridad.
- Respecto al tema de las exportaciones de material de defensa, el gobierno español debería facilitar información detallada el tipo de productos y las unidades militares concretas usuarias finales del material exportado; proporcionar información detallada sobre el proceso de evaluación del riesgo de uso indebido de las armas exportadas y las garantías y mecanismos adoptados para mitigarlo; e informar a la Comisión de Defensa del Congreso sobre el seguimiento que hace sobre el terreno del uso final del material exportado.
La situación en Colombia
Amnistía Internacional ha seguido de cerca la situación del país, inmerso en un conflicto desde hace casi cinco décadas y ha publicado numerosos informes basados en investigaciones sobre terreno, que denuncian que, aunque ha habido avances, todavía queda mucho camino por recorrer.
Según el informe “¡Basta Ya! Memorias de Guerra y Dignidad”, publicado en 2013 por el gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre 1985 y 2012 ha habido casi 220.000 homicidios relacionados con el conflicto, el 80 % de ellos víctimas civiles, y al menos 25.000 despariciones forzadas. Casi seis millones de personas han sido desplazadas entre esos años. Asimismo, un total de 27.000 personas fueron secuestradas entre 1970 y 2010. Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes son las peor paradas. También las mujeres y las niñas, víctimas además de violencia sexual. Aunque se cree que el número podría ser mayor, más de 1.700 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual a causa del conflicto entre 1985 y 2012.
Amnistía Internacional considera que aunque se han dado pasos importantes para conseguir la paz en el país, es muy importante que este proceso se lleve a cabo con justicia. Por eso, la organización ha instado a la Unión Europea a comprometerse con Colombia en un momento tan crucial como éste haciendo del respeto de los derechos humanos el requisito previo para todas las negociaciones, y asegurando que la sociedad civil tiene el espacio necesario para participar en el proceso y que cualquier acuerdo firmado es sostenible.
