Activistas de Greenpeace han protestado coincidiendo con la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Costas que desprotege el litoral español
activistas de Greenpeace toman el Congreso contra la Ley de Costas del PP
Activistas de Greenpeace han ascendido hasta la fachada principal del Congreso de los Diputados para desplegar una pancarta con el lema «El PP vende nuestra costa», donde continúan retenidos por efectivos policiales.
Esta acción pacífica se ha llevado a cabo mientras dentro del hemiciclo se debate la aprobación del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que desprotege y privatiza el litoral español y podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al Partido Popular (PP). Todo hace suponer que la mayoría del PP y la abstención de CiU harán que la modificación de la Ley salga adelante dando carpetazo a 25 años de protección de la costa.
Durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización. La desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma, ya que ésta podría favorecer a intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe Amnistía a la Destrucción y que ocasionó una demanda por parte de María Dolores de Cospedal. La privatización que propone la Ley no supondrá beneficio alguno para el Estado o el interés público.
Greenpeace ha denunciado la falta de rigor de la reforma que quedará hoy aprobada en el Congreso. La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley: una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas (elegidos sin criterios conocidos); la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.
Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que «no se habían dado cuenta» de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico. La enmienda se modificó en el último momento.
La reforma además, desvaloriza la costa, ya que entiende el litoral como un espacio a ocupar, incluso por industrias contaminantes, en lugar de como un espacio a proteger.
«Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria» ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de la más elemental memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado, lo que provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley.
Greenpeace presentará una Queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la Directiva 97/11/CE sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la Directiva 2001/42/CE relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres, la Directiva Hábitat 92/43/CEE, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva 2003/35/CE de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
