Expertos en el análisis de riesgo aseguran que no se puede evitar totalmente, es residual y todos tenemos algún nivel de aceptación del mismo; en cada uno está la decisión de hasta dónde se puede exponer.
Agregan que lo que hay que saber es administrar las consecuencias, saber cómo hay que reaccionar, analizar y decidir; hay que tratar el riesgo, transferirlo o terminar con la actividad que se realiza para no exponerse.
Hay teorías para analizar los peligros, para determinar qué hacer cuando son liberados y se convierten en riesgos e identificar los controles y las medidas de recuperación, así como las vulnerabilidades de quienes se encuentran en condiciones de tener potenciales problemas de seguridad.
Identificar las medidas correctivas para mejorar la seguridad; preparar acciones de emergencia en caso de que los controles fallen, tener una metodología, basarse en el conocimiento y la experiencia y que se definan las responsabilidades, son pasos indispensables. Estratégico es tener claridad de los sujetos de derechos expuestos a esos peligros para prevenirlos y evitarlos o mitigarlos.
El periodismo es una profesión riesgosa que debe ser protegida por el Estado. Hay que conocer el contexto en el que pudieran presentarse los peligros que pueden convertirse en amenazas, quiénes serían los potenciales responsables de agresiones y diseñar las estrategias viables y efectivas para resguardar la vida de las personas.
En Guatemala, el contexto, los sujetos a proteger, el análisis de riesgo y los mecanismos a implementar están ausentes en una propuesta de Programa de Protección a Periodistas elaborada en una mesa técnica, en la que hay un reconocimiento expreso de la exclusión del gremio en el proceso. Dicho documento, además de ser superficial, carece de legitimidad, crea más burocracia y regula atribuciones que ya están contempladas en la ley.
Para suplir esta grave deficiencia se convocó a talleres departamentales para “socializarlo”, eufemismo con el que pretenden atender la demanda original de participación en la construcción del mecanismo. Esa propuesta es el limitado producto de reuniones de más de un año de la burocracia nacional e internacional.
El reciente asesinato de tres periodistas en Suchitepéquez provocó reacciones del gobierno ante las condenas y exigencias del gremio. Una decisión acertada del presidente, comunicada por su ministro de Gobernación, fue trasladar la construcción del Programa a una Instancia de Análisis de patrones de ataques a periodistas, sindicalistas, operadores de justicia y defensores de Derechos Humanos, en donde participan todas las entidades del Estado responsables de protección a derechos humanos, la seguridad y la investigación y de darle participación en el proceso a representantes de los y las periodistas.
Hay que recuperar y reencauzar la construcción de un mecanismo con los elementos técnicos y políticos adecuados, que rectifique las falencias de esa propuesta, que incluya a los sujetos, que genere confianza entre los periodistas .
Sin embargo, la decisión presidencial aún no se ha concretado. La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia deberá oficializar el paso de la misma a la instancia referida, tal como lo anunció el propio ministro de Gobernación.
Los periodistas departamentales están en riesgo. El Estado es el responsable de garantizarnos la seguridad y la vida. Una muerte más recaerá en quienes retarden la constitución acertada del Programa y obstaculicen la adopción de medidas de protección.
