Portavoces del poder judicial iraní anunciaron el domingo 3 de mayo la ejecución de Mehrab Abdollahzadeh, de veintinueve años, detenido durante las multitudinarias protestas organizadas por el movimiento Mujer Vida Libertad, que en 2022 denunciaban el asesinato, en una comisaria de Teherán, de Mahsa Amini, estudiante de veintidós años, detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo obligatorio (hiyab).
Mehrab Abdollahzadeh fue condenado a muerte por «corrupción en la tierra» (Mofsed-e-filarz) en relación con el asesinato de Abbas Fatemiyeh, miembro de la fuerza paramilitar Basij, integrada por voluntarios.
Distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que Mehrab Abdollahzadeh fue torturado física y psicológicamente en la cárcel, con el objetivo de conseguir confesiones forzadas y falsas sobre su implicación en el asesinato.
Esas mismas organizaciones denuncian que las imágenes grabadas en el lugar del asesinato han demostrado que Abdollahzadeh no se encontraba en el lugar de los hechos. El propio Abdollahzadeh había negado cualquier participación en el crimen.
La ejecución de Mehrab Abdollahzadeh se ha llevado a cabo tras las polémicas ejecuciones el sábado de Yaghoub Karimpour y Nasser Bakerzadeh, acusados de «cooperación de inteligencia con Israel».
Los jueces iraníes han ordenado la ejecución de Yaghoub Karimpour por colaborar con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, durante los doce días del «episodio bélico» de 2025, pasando información que pudo servir para coordinar sus ataques.
Por otra parte, el pasado jueves fue ejecutado, en Ispahán, Sassan Azadwar Junghani, un campeón de karate de veintiún años, detenido en las manifestaciones que, en el pasado mes de enero, protestaban contra el gobierno ultraconservador de los ayatolás.
Según la información publicada por el la televisión internacional Euronews, en los últimos días el poder judicial iraní «ha acelerado los procesos de condena y ejecución con el pretexto de la guerra con Estados Unidos e Israel, lo que aumenta la preocupación por las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país».
Gholamhossein Mohseni Ejeai, jefe del Poder Judicial iraní, ha hecho unas declaraciones afirmando que «Teherán no escatimará en el juicio y castigo legal de los criminales cuyas manos están manchadas con la sangre de nuestro pueblo».
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, ha expresado su preocupación por la nueva oleada de ejecuciones y ha denunciado que «las autoridades están despojando de forma grave y violenta al pueblo iraní de sus derechos».
Fuentes de la ONU han precisado que el gobierno iraní ha ejecutado al menos a veintiuna personas, y detenido a más de cuatro mil desde el pasado 28 de febrero, fecha del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país. Según la oficina de la ONU en Ginebra, nueve de ellas estaban detenidas por su presunta participación en las protestas de enero, otras diez por pertenencia a grupos de la oposición y dos por espionaje.
Las últimas ejecuciones han coincidido con el anuncio de que ha sido hospitalizada de urgencia la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, activista en contra de la pena de muerte y por la defensa de los derechos de las mujeres iraníes, a causa del «catastrófico deterioro de su estado físico», según ha anunciado su Fundación.
Narges Mohammadi, de 53 años, fue detenida en diciembre pasado -durante una ceremonia en honor de Khosrow Alikordi, abogado iraní de 46 años y defensor de los derechos humanos que residía en Mashhad-, condenada a cerca de catorce años y trasladada a una cárcel de Zanjan. En huelga de hambre desde el 2 de febrero, por lo que la justicia le condenó a siete años más de cárcel, a finales de marzo sus partidarios denunciaron que había sufrido «un posible infarto» sin recibir la atención médica que necesitaba.
