Cuando en los 90 trabajaba en una multinacional, Valencia solía ser la ciudad para hacer tests de mercado antes de pasar a nivel nacional, pero tuvimos que cambiar de ciudad porque los distribuidores y comerciales valencianos hacían trampas, generando datos imposibles que llevaban a decisiones erróneas.
Por entonces Valencia tenía el mayor índice de morosidad de España así como el mayor ratio en días de pago, superando los 500 para acuerdos de 60-90-120. 20 años después la comunidad intenta limpiar sus instituciones de los que agarraron el poder por aquellos días y han rapiñado los haberes públicos, el tejido empresarial sano y el progreso de una comunidad de gentes de bien en su mayoría. De hecho, un millón y medio de valencianos están intentando llevar dignidad y bonhomía a las instituciones locales y, al tiempo, decirle al resto de España que no todos son chorizos en esta tierra, solo algunos de los 653.186 que han vuelto a votar a los ladrones.
Es imposible para mí entender que tanta gente no quiera ver que estos mafiosos llevan 20 años esquilmando lo común, tanto que la deuda de la CCAA es de 50.000 millones de euros y es absolutamente inexplicable cómo se alcanza tal cifra, máxime cuando los mayores incrementos se han producido desde 2011.
Durante la detención de Serafín Castellano pude oír a ciudadanos que, como un resorte, empezaron a decir que es mentira, que es una persecución contra Valencia, que son los «podemitas» (sic) que lo están envenando todo. O son tontos o están en la cola para el cisque, no hay otra: «en el PP todo el mundo está en movidas», Marcos Benavent, yonki del dinero, dixit.
Entretanto, Madrid, Valladolid, Valencia… están dedicadas a la destrucción de documentos públicos (es un delito, sí, pero si mangar miles de millones es acePPtable, lo de destruir documentos debe incluir premio). Si a este detalle sumamos la carrera de ataques contra Ada Colau y Manuela Carmena y que, a mi modo de ver, esconde algo muy importante (el miedo a que llegue gente honrada a las instituciones, levanten las alfombras, miren en el fondo de los cajones y empiece a salir la red delincuencial que han fraguado durante décadas), el sálvese quién pueda no ha empezado aún o eso creen ellos, si no por qué tantos arrumacos al PSOE ofreciéndoles hasta presidencias de CCAA. Es ingenuo creer que se trata de «un PPar de manzanas PPodridas» y estúpido esperar que nos lo traguemos.
Resulta muy hipócrita señalar que la Marca España se resiente porque ganan las izquierdas en España y ni siquiera mencionar que Moodys, Standard & Poors o Fitch utilizan tanto el número de casos de corrupción como el monto total de lo estafado a la hora de valorar los países: el daño que nos hace el PP debería ser considerado delito de lesa patria.
Que un vicepresidente de gobierno, varios ministros, dos presidentes de comunidad autónoma, cinco tesoreros y gerentes del partido, prácticamente todos los concejales de cultura -¿por qué de cultura?- imputados por latrocinio sean conmilitones del mismpo partido que, además, es el que gobierna en Moncloa, resulta muy indicativo.
Los empresarios, la banca y los corruptos se han puesto de acuerdo para evitar como sea que gobierne gente limpia que abra cajones y ventanas y descubra la sentina que forman los gobiernos en red delincuencial. Afortunadamente ya hemos pasado el punto de no retorno.
Quedan seis meses para que los desalojemos de las instituciones y entremos con la policía y los perros sabuesos en busca de sus delitos. El problema es que en 180 días estos pueden descremar la teta del compadreo y firmar contratos hasta 2050 con sus respectivas comisiones en Bahamas, destruir documentos o crear otros nuevos para dar apariencia de legalidad a lo que es la etapa más negra de la historia de España desde el Duque de Lerma, primer chorizo esPPañol que logró eludir la horca comprando un capelo cardenalicio, «Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se viste de colorado», copla de 1625. Hoy el cardenalato se llama Puestazo en Europa, pero acabarán cayendo por más Comisarios que sean nombrados.
