Activistas de Greenpeace, procedentes del barco Arctic Sunrise, han desplegado delante del almacén de gas Castor dos pancartas con los mensajes “Castor, coste inútil” y “#ElMedioAmbienteImporta”, para denunciar el despilfarro de dinero público que ha supuesto este proyecto, que se encuentra ubicado frente a las costas de Castellón.
Los activistas, a bordo de pequeñas embarcaciones tipo kayak, se han acercado hasta el límite de la zona de exclusión de media milla que existe en torno a la plataforma, y han denunciado las graves consecuencias que este proyecto ha tenido para la sociedad y para la zona en la que se encuentra.
Greenpeace considera el caso de este almacén submarino de gas como uno de los ejemplos más recientes de despilfarro de dinero público que se han vivido en España, consecuencia de un modelo energético basado en energías sucias. La empresa constructora del proyecto, ACS, ha recibido 1350 millones de euros de dinero público después de que fuera necesario clausurar el proyecto por provocar más de 400 seísmos. Esta cantidad, sumada a los intereses a pagar por el Estado, supondrá un gasto de cerca de 4400 millones de euros, una suma con la que se podrían construir 40 hospitales de tamaño medio o conceder 11 millones de becas de comedor escolar.
Para Greenpeace, todo ello es consecuencia del empeño del Gobierno de España por seguir beneficiando a las energías sucias y a las empresas que apuestan por ellas, en lugar de cambiar el modelo energético actual hacia otro basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, tecnologías en las que España era hasta hace escasos cuatro años líder mundial: «Las maniobras del Ministerio de Industria con su ministro Soria a la cabeza ponen en riesgo el futuro energético de España, nuestro medio ambiente y el desarrollo socioeconómico del país».
Cabe recordar, además, que el coste final del proyecto Castor se triplicó sin una explicación aceptable por parte de ACS. Todo el proceso ha hecho que en abril de 2015 el Parlamento Europeo censurara la indemnización, solicitando al Defensor del Pueblo Europeo una investigación sobre si el Gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago. Este y otros casos se recogen en el último informe de Greenpeace «Radiografía social del medio ambiente en España«.
“Vemos cómo la política energética de España ha pasado en los últimos años de ser envidiada y copiada por otros países a ser merecedora de pleitos internacionales y futuras sanciones por parte de Europa”, ha declarado Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace. “En un país donde el despilfarro de dinero público es escandaloso, el caso del almacén Cástor esta pasando desapercibido y no debería ser así, ya que vemos cómo la apuesta por un modelo energético insostenible tiene graves impactos sociales”, concluye Barea.
