No es que sea una cosa privilegiada que perjudica a los demás; en realidad, es un sistema bastante sensato. El origen se remonta a la tercera Guerra Carlista, que es como hablar de la tercera exnovia de un primo segundo del abuelo Cebolleta, por un quítame allá esas pajas en 1876.
Años antes, con la llegada de Felipe V D’Anjou, primer Borbón, llegó el concepto de igualdad de los ciudadanos en derechos y deberes y esto llevó a implantar los Decretos de Nueva Planta que, entre otras cosas, abolían los fueros vasco y navarro; el Consejo de Ciento y las veguerías en Cataluña; el Consejo de Aragón y otras leyes locales más por toda España con el objeto de llevar «todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales».
La idea ya era vieja y las Españas, los distintos reinos de esta Piel de Toro, mostraron rechazo beligerante a que se unificara el estado ya en los tiempos de Felipe IV Austria en que Juan de Solórzano escribió que «Los reinos se han de regir, y gobernar, como si el rey que los tiene juntos, lo fuera solamente de cada uno de ellos» y es en estas coordenadas en las que el Conde Duque de Olivares intentó, primero con el Memorial Secreto y luego con la Unión de Armas, la unidad fiscal y militar española. Fracasó, claro.
Las motivaciones de Olivares fueron complejas, no siendo la menor los costes de los ejércitos españoles que solo sufragaba Castilla y ninguno de los otros reinos aportaba un maravedí. También contó la guerra contra Richelieu, el trágala con los Habsburgo austríacos, la guerra de Flandes, su campaña contra la corrupción de las camarillas de Lerma y Uceda, la reforma administrativa a través de la introducción de las Juntas por temas y el desarrollo mercantil de los reinos subvencionando las manufacturas, fomentando el comercio e implantando medidas proteccionistas contra las importaciones.
La motivación del primer Borbón fue básicamente implantar las nuevas ideas sin atender a más razón histórica que la lógica del reformismo y la igualdad ciudadana, aunque a la hora de la verdad los territorios que le fueron fieles durante la Guerra de Sucesión ganaron privilegios y así vascos, navarros y araneses obtuvieron como gracia especial mantener sus fueros e instituciones. A los catalanes, en cambio, zasca, les abolieron las instituciones y de ahí la Diada.
En 1876, que es por donde había empezado esta columna, Cánovas del Castillo intenta convencer a las Diputaciones vascas de que renuncien a su fuero. No lo consigue. En 1877 decide disolverlas sin contar con que no iba a poder recaudar los impuestos ya que la administración central no tenía apenas infraestructura en las provincias vascas. Cánovas tuvo que desdecirse y comenzar a negociar con las Diputaciones forales.
Firman un acuerdo el 28 de febrero de 1878 que establece un periodo transitorio de ocho años en el que las Diputaciones Provinciales recaudarían los impuestos y luego abonarían a la Hacienda del Estado los gastos pertinentes. Este acuerdo provisional continuó siendo renovado hasta el último acuerdo del año 2007 al que, finalmente, siguió un blindaje jurídico por acuerdo en Cortes de 2010.
El sistema básicamente consiste en que Euskadi recauda los impuestos para Euskadi, como sería lógico y natural en todos los territorios, y luego paga al Estado Central sus gastos, incluyendo una tasa llamémosla solidaria para el Fondo de Compensación Autonómica. Es el mismo sistema que utilizan las empresas, un poner, que comparten lo que se llama “Servicios Generales”: contabilidad, gerencia, sistemas, etc.
España unitaria no existe ni ha existido nunca, salvo en la mente pacata y morigerada de Franco y quién sabe si de la colección de intransigentes que trufaron nuestro XIX. Somos un agregado de distintos territorios con distintas historias y legislaciones: si ni Olivares ni el d’Anjou, con bastante más talento que el habitante actual de Moncloa, consiguieron unificar las leyes y sistemas administrativos, quizás será hora de empezar a pensar en una reorganización plurinacional, quién sabe si una confederación que incluya a Portugal, una República de Iberia en la que Castilla mantendría la monarquía. Claro que para eso tenemos que librarnos de nuestra propia ceguera histórica.
