Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha reiterado en el congreso una de las reivindicaciónes que llevan más demora; la reforma de la Ley Electoral (LOREG) de forma que 80.000 personas no se queden sin votar por una sentencia judicial que les condena a no hacerlo por tener discapacidad.
Cayo Pérez ha recalcado que en realidad, este impedimento va contra la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De igual forma, ha reclamado una reforma de la Constitución para que se reconozcan e incluyan los derechos sociales, así como una revisión de la Ley de Dependencia.
En la Constitución se tendrán que reflejar los principios rectores de la política social y económica y definirán los derechos fundamentales con mecanismos de garantía financiera. Asimismo, en el artículo 49, único que hace mención a la discapacidad, se traslade a esa primera parte en donde figuran los derechos fundamentales.
Sobre la actual Ley de Dependencia, ve inconveniente la revisión de la norma en su décimo aniversario porque ésta no ha respondido a las expectativas del sector, ya que sólo reconoce al 20 % de las personas con discapacidad como dependientes, cuando la cifra, ciertamente, es superior.
Por otro lado, otro de los asuntos pendientes son los baremos que se emplean para valorar la discapacidad de una persona, basadod en un decreto obsoleto del año 99 que sólo atiende a valores médicos y no a las barreras existenciales; una norma que es previa a los nuevos modelos difundidos por la OMS así como a la Convención de Discapacidad de la ONU.
Asimismo se ha propuesto crear un fondo de accesibilidad similar al del 1 % cultural, que dote a la AGE de nuevos medios para acometer esos mandatos de accesibilidad universal, que ese tanto por ciento del presupuesto del estado en infraestructuras pase a este fondo que ayudaría a los aperadores a acometer esa accesibilidad.
«Hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa a mujeres con discapacidad, alcanzar una educación inclusiva y suprimir la educación segregadora a una única escuela. Las niñas, nuevamente, sufren mayor exclusión que los niños de su misma edad y en su misma situación» ha señalado.
Hay más de 4 millones de personas con discapacidad, un millón viven en el medio rural, lo que supondría 12 millones de personas contando con las familias. Uno de cada cinco hogares tiene algún miembro con discapacidad y en una de cada cuatro famillas la situación de discapacidad se da por nacimiento, o ésta viene sobrevenida por la edad o por un accidente.
Por otro lado, ha añadido que las personas con discapacidad disponen de menor renta que el resto de la ciudadanía y por tanto, están expuesto a una mayor situación de pobreza, a pesar de que tienen más gastos; binomio que les lleva a la exclusión.
«A mayor pobreza, mayor discapacidad, por lo que afirma que las personas con discapacidad están en una situación de exclusión permanente y estructural. La discapacidad nos conddena y nos hace menos ciudadanos porque no podemos ejercitar los derechos básicos o disfrutarlos en igual medida que el resto de la ciudadanía», ha lamentado Luis Cayo.
