La defensa de las libertades de prensa y expresión es una lucha intrínseca de todo periodista, misma acción que debemos de redoblar ante las acechanzas de aquellos que pretenden conculcarlas o de plano desaparecerlas.
Desde luego que este compromiso por la sociedad y por México no tiene colores, sin embargo, es de reconocerse el esfuerzo que en tal sentido y de apoyo al gremio están llevando a cabo legisladores de partidos de izquierda: Movimiento Ciudadano y del Trabajo.
En la Cámara de Senadores se creó a propuesta del petista, además colega, Marco Antonio Blásquez Salinas la Comisión Especial de Seguimiento a los Atentados a Periodistas y Medios de Comunicación, que preside, con un plan de trabajo que involucra en forma especial al gremio organizado.
Ahora los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, han presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo en defensa de esas libertades y de los periodistas, principalmente de los victimados, para que los delitos sean investigados y salgan de la sombra ignominiosa de la impunidad.
Es de esperarse el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, puesto que sólo garantizando las libertades de prensa y expresión se asegura la democracia y el sentido amplio de Nación. A continuación, en tres entregas, damos a conocer el documento completo, ya que su importancia y transcendencia lo exige:
“Punto de Acuerdo para exhortar al titular del poder ejecutivo federal para que implemente las acciones necesarias a fin de garantizar la libertad de expresión y de prensa, y a la Procuraduría General de la República para que revise los trabajos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, a fin de responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra periodistas.
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo al Tercer Reporte Trimestral, de la organización periodística internacional Artículo 19, sobre las Agresiones contra periodistas y medios en México, “los ataques a la libertad de expresión se han extendido a 22 estados de la República y 45.25 por ciento de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas, o bien el despojo o robo del equipo de reporteros y periodistas gráficos, daños al mismo y la pérdida de material periodístico e imágenes.”
Los datos del informe revelan que el mayor agresor de la prensa continúa siendo el Estado, con el 53.63 por ciento de agresiones cometidas por funcionarios públicos, frente a un 15.63 por ciento perpetradas por el crimen organizado, siendo este último el que comete las agresiones más violentas.
Por último, Artículo 19 expone la simulación en cuanto al trabajo de instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, la cual únicamente, ha integrado 27 acciones penales y sólo ha obtenido una sentencia condenatoria.
Estos datos ponen en evidencia la falta de voluntad del gobierno Federal, ya que adicionalmente se tiene la información de que entre 2006 y 2011 el presupuesto de la FEADLE ha tenido una caída de 72.4 por ciento pasando de 2 millones 304 mil pesos programados en el primer año del sexenio, a 636 mil 740 pesos en 2011; en donde hubo un subejercicio de 91.79 por ciento en 2010. Lo que refleja sin duda la poca efectividad de la fiscalía, pero también el desinterés por una atención eficaz a delitos cometidos contra periodistas, teniendo por resultado que lejos de disminuir las agresiones vayan en aumento.
La impunidad es un incentivo para que se cometan delitos pues no tienen castigo.
Asimismo, y en la búsqueda de justicia y porque estos hechos no queden impunes, la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), en conjunto con la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Club Primera Plana, realizan un monitoreo e informe permanente sobre los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas en México, en el que se tienen registrados hasta el presente mes que “en lo que va de la actual administración pública federal, (van) nueve homicidios […] con el secuestro y muerte del joven Ángel Humberto Marín Licona, hijo del periodista Antonio Marín Cardín, reportero y jefe de redacción del jefe Notiver de Veracruz.
También, en este mismo período, han ocurrido tres desapariciones forzadas: dos trabajadores de prensa y un trabajador radiofónico de Coahuila, ocurrida el 30 de abril pasado.
Estos datos demuestran la trágica realidad que acosa al periodismo en México, lejos de atenderse el problema en el gobierno que encabeza Peña Nieto, la violencia contra periodistas va en aumento, tanto en número como en agresiones violentas. El periodismo en México es cada vez más una de las actividades más peligrosa incluso más que en países en situación de guerra.
De igual manera, datos de este informe revelan que en la llamada “docena trágica”, es decir de 2000 a 2012, ocurrieron 119 asesinatos, 30 en el sexenio de Vicente Fox Quesada y 89 en el de Felipe Calderón Hinojosa.
Resulta alarmante el incremento en el número de casos en donde el desempeño de labores es motivo para que se atente contra la integridad física de quienes integran el gremio periodístico y de sus familias. Por un lado, se tiene el registro de 37 periodistas asesinados de 1983 a 1999, mientras que “desde 2000 a la fecha suman 128 homicidios atentatorios, todos, a las libertades de Prensa y Expresión y el Derecho a la Información: 105 trabajadores de la prensa; 9 familiares y 3 amigos de comunicadores, y un civil; asimismo, aumentaron a 21 las desapariciones forzadas pendientes de aclarar.”
Sobre las desapariciones forzadas pendientes de aclarar, el último caso que se tiene registro es el ocurrido el pasado 30 de abril, en donde el director del Grupo Radio Grande Coahuila y conductor de noticias; Gerardo Padilla Blanquet, “fue desaparecido, al parecer por haber sido testigo de la agresión a su colega reportero, Milton Andrés Martínez”.
Por ello, reiteramos que el Estado Mexicano, debe ser garante, conforme a las recientes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, y en este tenor de lo establecido en el artículo sexto constitucional, el cual expresa:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.
“De igual forma –concluye el transcendente documento-, y en el entendido de que, México, al firmar y ratificar diversos tratados internacionales en la materia, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; está obligado a generar y propiciar los espacios y mecanismos para que, en este caso, quienes ejercen el periodismo, no sufran ataques de ninguna índole causados por el ejercicio de la libertad de prensa y expresión; evitando así, que ésta sea una libertad coartada o acotada por ciertos intereses.
Ya bien lo establece el Pacto de San José, al contemplar que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos […] encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
Conocemos los riesgos que periodistas y medios tienen al ejercer su trabajo, sabemos y condenamos los ataques sucedidos en instalaciones de medios como en Torreón o en Guadalajara, donde en semanas pasadas periódicos locales sufrieron atentados en sus instalaciones, resultado de la ola de inseguridad e inacción del Estado mexicano. Insistimos, la impunidad es un incentivo para la comisión de delitos.
Una de las características que demuestran el status de un Estado democrático, es la forma en que los derechos y libertades se ejercen, reconocemos a la libertad de expresión como uno de los pilares de una sociedad igualitaria y democrática, por lo que es urgente atender la situación de violencia, agresiones y medidas de coacción que impidan el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa que el Estado debe garantizar.
Es importante puntualizar, que las agresiones contra la libertad de expresión y de prensa, no sólo son aquellas que se expresan de manera violenta, también presionar sobre los contenidos puede considerarse una forma de violencia, así como la misma ineficacia de las autoridades se convierte en violencia institucional pues además de que se manda un mensaje de impunidad también se amedrenta al quehacer periodístico, pues no se le dan garantías para su ejercicio pleno.
En ese sentido, sin duda un tema de urgente atención es la procuración de justicia, a fin de detener la ola de violencia contra los periodistas, pero del mismo modo es importante que haya una política de Estado, que tenga como objetivo garantizar la libertad de prensa y expresión, para ello se requiere se implementen acciones y mecanismos que configuren una política pública que tenga como ejes la prevención, atención y sanción de todos los tipos de agresiones y violencia contra los periodistas.
Ante ello, y reiterando nuestro compromiso por hacer efectivos los mecanismos para que los lineamientos establecidos en el artículo sexto constitucional y en los diversos tratados internacionales que ha firmado el país en la materia se cumplan, y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se implementen las acciones necesarias para garantizar la libertad de prensa y expresión, y para detener la ola de violencia y delitos contra periodistas.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República para que revise los trabajos de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, en miras de cumplir con los objetivos para los cuales fue creada con el fin de responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra periodistas. Dado en el Senado de la República a los 28 días del mes de mayo de 2013.
Esperemos que todos los legisladores de las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprueben el presente Punto de Acuerdo. Es una gran prueba y para saber realmente de que están hechos o investidos.
